Dos documentos fechados el 7 y el 29 de octubre recogen nuevas medidas de vigilancia, custodia y seguimiento de la documentación electoral. Las reclamaciones de mayor control y transparencia llegan después del robo de 124 votos en Extremadura.
La seguridad del voto por correo vuelve a situarse en el centro de la controversia electoral. Dos informes de Correos, fechados el 7 y el 29 de octubre de 2026, recogen la introducción de medidas destinadas a reforzar la protección, el almacenamiento y el transporte de la documentación electoral.
Entre las actuaciones previstas figuran la videovigilancia permanente de instalaciones, la utilización de dispositivos GPS para controlar los desplazamientos de documentación electoral, el almacenamiento bajo llave y el refuerzo de los procedimientos internos de seguridad.
Las medidas afectan a diferentes fases del proceso electoral, desde la recepción y custodia de los sobres hasta su traslado a los puntos establecidos para su entrega.
El robo de 124 votos que puso en cuestión la custodia
Uno de los antecedentes de esta controversia se encuentra en Fuente de Cantos, Badajoz, donde en diciembre de 2025 fueron sustraídos 124 votos por correo durante un robo en instalaciones postales.
En el mismo incidente desaparecieron 14.000 euros. La sustracción de documentación electoral obligó a activar procedimientos extraordinarios para que los ciudadanos afectados pudieran ejercer nuevamente su derecho al voto.
Según la información difundida sobre el caso, 122 de los 124 electores afectados pudieron repetir la votación, mientras que los otros dos se encontraban fuera de España.
El episodio dejó al descubierto un problema concreto de custodia: documentación electoral depositada en dependencias postales había sido sustraída antes de completar su recorrido administrativo.
Videovigilancia permanente y miles de dispositivos GPS
Los informes detallan la incorporación de mecanismos de control sobre instalaciones y transportes.
Una de las medidas consiste en establecer vigilancia mediante cámaras durante las 24 horas en los espacios destinados a custodiar documentación electoral.
Otra actuación contempla el uso de 4.000 balizas GPS para mejorar el seguimiento de los desplazamientos relacionados con el voto postal.
También se recogen instrucciones para almacenar la documentación bajo llave, separarla del dinero en efectivo y reforzar las rondas de seguridad.
La incorporación de estos procedimientos se produce después de que la seguridad de los envíos electorales fuera objeto de reclamaciones ante la Junta Electoral Central.
La custodia policial, fuera de las medidas recogidas por Correos
El Partido Popular ha reclamado la intervención directa de las fuerzas de seguridad en la custodia de los votos por correo.
Sin embargo, Correos no incluyó la custodia policial permanente solicitada entre las medidas de seguridad recogidas en sus informes del 7 y el 29 de octubre.
La empresa pública está presidida desde el 29 de diciembre de 2023 por Pedro Saura García, antiguo diputado del PSOE y ex secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda durante el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando José Luis Ábalos ocupaba el Ministerio de Transportes.
Su nombramiento fue impulsado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyo Consejo de Administración aprobó la propuesta el 28 de diciembre de 2023. Un día después, el Consejo de Administración de Correos formalizó su designación. Saura asumió así la presidencia de la empresa pública durante el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez.
La petición de custodia policial forma parte de las exigencias presentadas para reforzar la vigilancia sobre una documentación cuya pérdida o sustracción puede impedir que los votos lleguen a su destino en las condiciones previstas.
Interior recibe información diaria que los partidos reclaman conocer
La controversia también afecta al acceso a los datos del proceso electoral.
Correos facilita diariamente al Ministerio del Interior información sobre la evolución del voto postal. Los datos incluyen las solicitudes recibidas, la documentación entregada a los electores, los votos remitidos a las mesas y comparaciones con procesos electorales anteriores.
El PP y Vox han reclamado a la Junta Electoral Central que esa información esté disponible simultáneamente para todas las candidaturas.
Los populares denuncian que una orden ministerial de 2025 estableció un sistema de remisión de datos al Ministerio del Interior que no contempla su entrega en las mismas condiciones a los partidos políticos.
Sin publicación de los votos que llegan fuera de plazo
Otra de las deficiencias denunciadas afecta a los votos que no llegan a tiempo para incorporarse al procedimiento electoral.
Según las reclamaciones presentadas por el Partido Popular, Correos contabiliza esos envíos, pero no publica su número.
El partido también denuncia la ausencia de información periódica desglosada para las candidaturas, la falta de una relación pública de centros de custodia y la inexistencia de información facilitada por Interior sobre determinadas incidencias y atestados.
Las reclamaciones incluyen conocer dónde permanece almacenada la documentación, qué controles se aplican y qué sucede con los envíos que no completan su recorrido dentro de los plazos establecidos.
Precintos, centros de custodia y documentación electoral
Las exigencias de seguridad pendientes también afectan a la identificación y protección de los contenedores utilizados para transportar votos.
El PP solicita precintos numerados que permitan dejar constancia de cada cierre y apertura. Correos contempla bandejas precintadas, flejadas o protegidas mediante procedimientos equivalentes, pero no incorpora íntegramente el sistema de numeración reclamado.
También permanece sin atender en los informes del 7 y 29 de octubre la petición de concentrar la documentación electoral en dependencias públicas bajo protección policial directa.
A estas reclamaciones se suma la conservación de las papeletas nulas y reclamadas en las sedes de las juntas electorales, una cuestión planteada por los populares que excede las competencias de Correos.
La legislación electoral sigue sin incorporar expresamente una exigencia de identificación
A las controversias sobre la custodia se añade otra cuestión relacionada con la normativa electoral.
El artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General continúa sin recoger expresamente la obligación de acreditar la identidad al depositar el voto por correo.
Esta comprobación se exige mediante una instrucción de la Junta Electoral Central aprobada en junio de 2023, después de las investigaciones sobre presunta compra de votos en las elecciones municipales de Melilla.
La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE recomendó incorporar esa exigencia a la legislación para reforzar la seguridad jurídica del procedimiento.
La modificación legislativa continúa pendiente.
Un fallo informático provoca nuevas reclamaciones de electores
El 5 de noviembre también trascendió el caso de una mujer de La Moraleja, Madrid, y su hija, afectadas por un error en la tramitación del voto postal, según publicó The Objective.
Ambas solicitaron el voto por correo el 6 de octubre y recibieron confirmación electrónica. Posteriormente, Correos les comunicó que una incidencia informática había impedido tramitar sus solicitudes.
Cuando repitieron el procedimiento siguiendo las indicaciones recibidas, la Oficina del Censo Electoral rechazó la nueva solicitud por existir otra con los mismos datos en trámite.
Ambas mujeres se encontraban fuera de España y denunciaban que la sucesión de errores administrativos les impediría votar el 29 de noviembre.
Fuentes consultadas
The Objective · El Español · Europa Press · Cadena SER · elDiario.es · SEPI · Correos
