Me preocupa profundamente el clima de tensión que se está instalando en nuestras calles en un momento especialmente delicado para España, marcado por la precampaña electoral y por una creciente confrontación política.
En mi artículo quiero llamar la atención sobre algo que considero especialmente grave: la posibilidad de que determinadas movilizaciones, nacidas de reivindicaciones legítimas, terminen siendo utilizadas para alimentar enfrentamientos y cuestionar el propio imperio de la Ley.
Los episodios ocurridos en La Coruña y Avilés durante las visitas de Santiago Abascal, con enfrentamientos entre manifestantes y policías, son un ejemplo de esta preocupante deriva. En La Coruña, los incidentes se saldaron, según recoge la información publicada, con dos detenidos y doce agentes heridos. Me inquieta que la protesta política pueda acabar desplazando el debate democrático para dar paso a la intimidación y la violencia.
También me detengo en las declaraciones de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre que «no habrá paz para Madrid». Considero que este tipo de mensajes adquiere una especial gravedad cuando se produce en un contexto de creciente polarización y de convocatorias que pueden derivar en altercados.
En el artículo analizo asimismo el papel de las redes sociales, las organizaciones políticas, los sindicatos y otros colectivos en la movilización ciudadana. Me pregunto hasta qué punto la tensión en la calle puede convertirse en un instrumento de estrategia electoral y advierto del riesgo de que una protesta legítima termine siendo aprovechada por grupos violentos.
No sostengo que toda movilización responda a una dirección común ni que todos sus participantes compartan los mismos objetivos. Mi preocupación se centra en las consecuencias de permitir que la violencia desplace a la reivindicación pacífica y que el enfrentamiento se convierta en una herramienta política.
La Democracia necesita pluralismo, libertad de expresión y derecho de manifestación, pero también respeto a la ley y protección de quienes garantizan la seguridad de todos. Ninguna causa política justifica las agresiones a los agentes ni la intimidación de quienes piensan de manera diferente.
La paz en las calles no puede depender de intereses partidistas: es una exigencia básica de cualquier Estado democrático.
YA LO ADVIRTIERON: NO HABRÁ PAZ EN LAS CALLES
«Está por ver si lo de calentar las calles tiene algún rédito electoral y si el posible beneficiado final de algo relacionado directamente con la inseguridad no es precisamente un partido de izquierdas sino todo lo contrario, a mayor regocijo de quienes siguen contemplando futuros beneficios en eso de potenciar a la derecha contigua del PP»…
