UNIDOS, POR UNA ESPAÑA MEJOR

SCE - Nota Prensa. Marcha por la dignidad 23 mayo 2026.

• Según la investigación judicial, empresarios habrían pagado comisiones, regalos y supuestos favores a cambio de obtener ayudas públicas, contratos, subvenciones o beneficios administrativos. La trama incluía presuntamente reuniones, comidas, fiestas y contactos políticos para facilitar esos acuerdos.

La causa investiga delitos como:

• Cohecho.
• Tráfico de influencias.
• Blanqueo de capitales.
• Falsedad documental.
• Malversación.
• Pertenencia a organización criminal.

• Según la investigación judicial, Taishet Fuentes habría participado presuntamente en una red que cobraba comisiones y favores económicos a empresarios a cambio de facilitar ayudas, subvenciones, inspecciones favorables o trato de favor administrativo.

• La investigación judicial lo relacionó con supuestas actuaciones dirigidas a favorecer a determinados empresarios investigados dentro de la trama, especialmente en expedientes administrativos relacionados con subvenciones y sanciones en el ámbito ganadero.

Según las diligencias judiciales, la jueza investigó a Álvaro de la Bárcena por posibles delitos de:

• Prevaricación.
• Revelación de secretos.
• Tráfico de influencias.
• Malversación de caudales públicos.

La causa se centró especialmente en la presunta reducción o paralización de sanciones administrativas a empresarios vinculados al caso Mediador, entre ellos el ganadero Alberto Montesdeoca García, beneficiario de ayudas públicas europeas.

• La Fiscalía Anticorrupción solicitó incluso el análisis de correos electrónicos corporativos de Álvaro de la Bárcena y otros cargos públicos para determinar si existió coordinación con los principales investigados de la trama.
• En junio y julio de 2023 declaró ante la jueza instructora junto a otros responsables del área de Agricultura y Ganadería del Gobierno canario. Durante su comparecencia defendió que las ayudas y expedientes tramitados se ajustaban a la legalidad vigente.
• Posteriormente, en 2026, la jueza del caso Mediador acordó avanzar hacia la apertura de juicio oral contra varios implicados de la trama, incluyendo a altos cargos relacionados con la Consejería del Sector Primario. En el caso de Álvaro de la Bárcena, la magistrada apreció indicios relacionados con prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
• El “caso Mediador” tuvo una gran repercusión política y mediática por las acusaciones de comisiones ilegales, favores administrativos, presuntas redes de influencia y relaciones entre empresarios y cargos públicos. Como en cualquier procedimiento judicial, sigue vigente la presunción de inocencia hasta sentencia firme.

• La investigación judicial la relaciona con presuntas actuaciones destinadas a favorecer administrativamente a empresarios vinculados a la trama, especialmente en expedientes relacionados con ayudas, sanciones y subvenciones del sector ganadero.

Según la Fiscalía Anticorrupción y la jueza instructora, se investigaron posibles delitos de:

• Prevaricación.
• Revelación de secretos.
• Tráfico de influencias.
• Malversación de caudales públicos.

Uno de los principales focos de la investigación fue la presunta intervención para reducir o paralizar una sanción administrativa al empresario ganadero Alberto Montesdeoca García, también investigado en la causa por supuestos pagos y favores a miembros de la trama.

• La Fiscalía solicitó además el análisis de los correos corporativos de Estefanía González y del viceconsejero Álvaro de la Bárcena para determinar si existió coordinación previa con otros investigados del caso Mediador. La defensa de ambos se opuso alegando que podrían hacerse públicos “datos sensibles”.
• En julio de 2023 declaró ante la jueza instructora y defendió que las ayudas y actuaciones administrativas investigadas se ajustaban a la legalidad y que nunca recibió órdenes directas de Juan Bernardo Fuentes Curbelo (“Tito Berni”) ni de Taishet Fuentes.
• Posteriormente, en febrero de 2026, la jueza del caso Mediador procesó a 23 personas y apreció indicios contra Estefanía Margarita González Núñez por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y malversación.

El “caso Mediador” se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos recientes en Canarias por las acusaciones de comisiones ilegales, favores administrativos y presuntas redes de influencia entre empresarios y cargos públicos. Como en cualquier procedimiento judicial, continúa vigente la presunción de inocencia hasta sentencia firme.

• El caso de los ERE se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción política en España, centrado en un sistema irregular de concesión de ayudas sociolaborales y subvenciones públicas financiadas con fondos de la Junta de Andalucía. Las investigaciones judiciales señalaron deficiencias graves en los controles administrativos y presupuestarios, permitiendo durante años el reparto irregular de fondos públicos.
• La Audiencia Provincial de Sevilla y posteriormente el Tribunal Supremo confirmaron condenas contra varios altos cargos socialistas de la Junta por delitos de prevaricación y malversación. Entre los condenados figuraron los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros responsables políticos y administrativos.
• El caso provocó un fuerte impacto político e institucional, al considerarse uno de los mayores ejemplos de corrupción estructural ligados a la gestión de fondos públicos en España.

• En su declaración, negó tener capacidad para crear plazas y situó la decisión en un proceso interno con otros responsables.

• “Imputada/investigada” en España no equivale a condenada ni a culpable. Es una condición procesal para declarar con asistencia legal dentro de una investigación.

• Hay investigación judicial abierta por posibles delitos como prevaricación o tráfico de influencias en el conjunto del caso. No existe sentencia firme ni condena contra Elisa Moriano.

Hechos verificados:

• Fue citada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz como investigada/imputada en la causa sobre la creación del puesto vinculado al hermano de Pedro Sánchez.
• En el proceso aparecen varios responsables de la Diputación investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la creación y adjudicación de ese puesto.
• Cristina Núñez era diputada delegada de Cultura en la Diputación de Badajoz durante el periodo en el que se tramita la plaza investigada.
• Declaró ante la jueza y defendió su participación en trámites administrativos del proceso de contratación, según su versión sin capacidad decisoria final sobre la creación de plazas.

Situación procesal:

• Está como investigada en instrucción, no condenada.
• La causa sigue en fase judicial (sin sentencia firme).

En qué se basa su implicación

• Forma parte del grupo de altos cargos de la Diputación investigados por presuntas irregularidades en la creación y tramitación de un puesto público vinculado al entorno del caso del hermano del presidente del Gobierno.
• Está incluida entre los nueve investigados iniciales citados por la jueza instructora junto a otros responsables políticos y técnicos de la institución.

Qué se le atribuye (a nivel de investigación, no condena)

• Participación administrativa en el proceso de gestión de personal relacionado con la plaza investigada.
• Posibles delitos en el conjunto del procedimiento: prevaricación y tráfico de influencias, según la línea de la instrucción (no imputación individual cerrada con condena).

Situación actual

• Está en fase de instrucción judicial (investigada).
• No hay condena ni sentencia firme.

• Su implicación aparece por su participación en comisiones técnicas y procesos administrativos de selección de personal dentro del área de RR.HH.
• En el contexto del caso, se le atribuye haber formado parte de órganos o trámites que “dieron cobertura administrativa” a la creación de un puesto posteriormente adjudicado en el ámbito investigado.

Qué se investiga exactamente (según fuentes judiciales y periodísticas)

Dentro de la instrucción:

• Posibles irregularidades en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
• Participación en procesos de provisión de puestos en la Diputación.
• Eventual encaje de esos hechos en delitos como:
  • Prevaricación administrativa
  • Tráfico de influencias (esto es objeto de investigación, no condena)

Importante

• No existe condena ni sentencia firme contra él.
• Su condición es la de investigado en fase de instrucción, lo que implica declaración judicial y análisis de su actuación administrativa, pero no culpabilidad.

Situación en el caso judicial

Según la documentación judicial y periodística:

• Figura como investigado (imputado) en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz.
• Su inclusión se debe a su papel en la gestión y validación administrativa de procesos de personal dentro de la Diputación.
• Formó parte de órganos o actuaciones relacionadas con la creación y cobertura de puestos públicos investigados en la causa.

Qué se investiga

En términos generales (siempre fase de instrucción, sin condena):

• Posibles irregularidades en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
• Intervención en procesos administrativos vinculados a la creación y adjudicación de un puesto concreto dentro de la Diputación.
• Hipótesis de delitos como:
  • prevaricación administrativa
  • tráfico de influencias
    (solo investigados, no acreditados judicialmente)

Situación actual

• No hay sentencia ni condena.
• Mantiene condición de investigado en fase de instrucción.

Situación judicial

• Está investigado (imputado), no condenado.
• Ha declarado en el marco de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz sobre la contratación en la Diputación.
• Su inclusión en el procedimiento se debe a su papel como responsable del área de Cultura durante los hechos investigados.

Qué se investiga

Según autos judiciales y fuentes informativas:

• Posible participación en la tramitación y justificación de puestos vinculados al área de Cultura.
• Intervención en procesos administrativos relacionados con la creación de plazas dentro del organigrama cultural de la Diputación.
• El caso examina si hubo irregularidades administrativas con posible encaje en prevaricación o tráfico de influencias (esto está en fase de instrucción).

Importante (dato jurídico clave)

• “Investigado” significa que el juez considera necesario analizar su actuación y tomar declaración.
• No implica culpabilidad ni condena.
• A día de hoy, no existe sentencia firme contra él.

Situación procesal

• Figura como investigada (imputada) en la causa del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz.
• Ha declarado dentro del procedimiento relativo a la creación y cobertura de un puesto en la Diputación de Badajoz.
• Está incluida entre los responsables administrativos y políticos citados en la fase de instrucción del caso.

Qué se investiga

Según autos judiciales y fuentes periodísticas:

• Participación en la tramitación administrativa de la modificación y creación de puestos en el área de Cultura.
• Intervención en procesos vinculados a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
• Posibles delitos bajo investigación:
  • prevaricación administrativa
  • tráfico de influencias
    (son hipótesis de la instrucción, no hechos probados)

Situación actual

• No hay condena ni juicio con sentencia firme.
• Se encuentra en fase de instrucción judicial como investigada.
• La causa sigue abierta en la Audiencia Provincial tras la fase inicial de instrucción.

Situación en el procedimiento judicial

Según la información pública disponible sobre la causa de la Diputación de Badajoz:

• Figura como investigado (imputado) en la instrucción del Juzgado nº 3 de Badajoz.
• Su papel está vinculado a la gestión del área de conservatorios y la coordinación de actividades musicales en el periodo investigado.
• Es uno de los responsables técnicos citados por su participación en la estructura administrativa que tramitó la creación y desarrollo del puesto objeto de investigación.

Qué se investiga en relación con su función

De forma resumida y según autos judiciales y prensa:

• Intervención en la organización y planificación de los conservatorios provinciales.
• Participación en trámites administrativos relacionados con la definición de funciones del puesto investigado.
• Posible encaje de esas actuaciones en los delitos que se analizan en la causa:
  • prevaricación administrativa
  • tráfico de influencias
    (siempre en fase de instrucción, sin condena ni pronunciamiento definitivo)

Situación actual

• No está condenado.
• Mantiene condición de investigado en fase de instrucción judicial.
• La causa sigue abierta en la Audiencia Provincial tras las diligencias iniciales.

Situación judicial

• Está investigado (imputado) en la Audiencia Nacional dentro del conocido “caso Koldo” (pieza de mascarillas).
• Ha declarado ante el juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción nº 2.
• La investigación se centra en contratos de material sanitario durante la pandemia.

Qué se investiga

Según autos y declaraciones recogidas por distintas fuentes judiciales:

• Su papel en la tramitación de contratos de mascarillas en 2020.
• Su intervención como intermediario administrativo entre responsables del Ministerio y organismos como Puertos del Estado y ADIF.
• La posible influencia de instrucciones del entorno del entonces ministro (según la instrucción, no hechos probados).

Hechos relevantes del procedimiento

• Declaró que la oferta de la empresa investigada le fue trasladada por el asesor Koldo García.
• El contrato investigado se enmarca en compras de emergencia durante la pandemia.
• Está imputado en la parte de la causa que instruye la Audiencia Nacional para los no aforados.

Situación actual

• No hay condena ni sentencia firme.
• Continúa como investigado en fase de instrucción dentro del caso.

Situación judicial

• Está investigado (imputado) en la Audiencia Nacional dentro del conocido “caso Koldo”, relacionado con contratos de mascarillas durante la pandemia.
• Fue citado a declarar como investigado por el juez instructor en 2024 junto a otros altos cargos del Ministerio de Transportes.

Qué se investiga

Según la instrucción judicial y lo declarado en sede judicial:

• Su participación en la gestión de la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL durante la pandemia.
• Su papel en la tramitación administrativa del contrato de emergencia.
• Posibles irregularidades en la adjudicación, dentro de una investigación por:
  • presunta prevaricación
  • posible tráfico de influencias
    (sin sentencia ni condena)

Declaraciones relevantes en la causa

• Ha declarado que recibió el contacto de la empresa a través de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera.
• Ha negado haber recibido presiones para adjudicar el contrato o haber actuado de forma irregular.
• Sostiene que la adjudicación se realizó por criterios de urgencia y disponibilidad logística en el contexto de la pandemia.

Situación actual

• No hay condena ni sentencia firme.
• Continúa como investigado en fase de instrucción o enjuiciamiento según pieza del caso.

Resumen claro

Michaux Miranda es un exalto cargo de ADIF que está investigado en la Audiencia Nacional por su papel en la compra de mascarillas del caso Koldo, dentro de una causa todavía en desarrollo y sin resolución judicial definitiva.