Arrecian las críticas contra la Constitución española por parte de diversos grupos interesados en su derogación.
Algunos de estos grupos persiguen que se haga por vías no contempladas en nuestra Constitución e implantar en España una especie de “reino de taifas” o pequeños estados o repúblicas, regidos por caudillos o reyezuelos locales que gobiernen de forma caótica y dictatorial, como es el caso de los separatistas catalanes o vascos.
Alguno más niega la votación de la actual Constitución y Monarquía Parlamentaria que obtuvo más del 90% de aprobación en referéndum. Y otros grupos, como los seguidores del abogado García-Trevijano, propugnan iniciar un nuevo proceso constituyente, que dudamos deseara llevar a cabo hoy día dicho abogado durante este régimen Sanchista.
Hay que tener en cuenta que García-Trevijano falleció el 28 de febrero de 2018, y que Pedro Sánchez asumió su presidencia del Gobierno el 2 de junio de 2018. ¿Se habría atrevido García-Trevijano a iniciar ese nuevo proceso constituyente, o acometer cualquier revisión de la actual Constitución con el bloque de Sánchez en el Congreso?
UNA ÚNICA NACIÓN Y 19 AUTONOMÍAS
La Constitución española puede mejorarse, pero no hay motivos para abolirla, pues sería la perdición de España al no poder llevarla a cabo con el espíritu de concordia presente en 1978. Y es que la mayoría de los problemas que se producen con respecto a la unidad de España, la coexistencia de las autonomías, el uso de la lengua española, la separación de poderes, y hasta la gestión de pandemias y emergencias, provienen de su incumplimiento por nuestros gobernantes, no por su redacción. Sólo es necesario leer la Constitución, el marco que ampara nuestra convivencia y cuyo texto hay que interpretar con buena fe y en su conjunto, sin traiciones ni demagogias. Basta con leer y exigir el cumplimiento de sus artículos del 1 al 9, por ejemplo. (Constitución), (Primera reforma), (Segunda reforma).
España es un Reino y no una República. Tampoco es la federación deseada por Sánchez, ni la Confederación que quieren imponer los separatistas y otros oportunistas.
Por decisión en referéndum de más del 90% de españoles, nuestro Jefe del Estado es el Rey Felipe VI, y no un títere colocado por Pedro Sánchez y sus socios antiespañoles.
Pero llegados a este punto merece la pena ahondar en algunos de estos conceptos, a los que nos referimos a estos términos, según los define el Diccionario de la RAE.
Nación y nacionalidad
Una Nación (España) es el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo Gobierno, mientras que nacionalidad es la condición jurídica de un ciudadano español, pudiendo también referirse a una Comunidad autónoma cuyo estatuto le reconozca una especial identidad histórica y cultural (Comunidades autónomas pertenecientes a la Nación española). La única nacionalidad reconocida internacionalmente es la española, y debiendo ser interpretados los estatutos de las autonomías que la integran dentro de los límites competenciales que la propia Constitución dispone.
Federación
5. Relación estable de Estados en la que la relación entre los miembros se ordena bajo los principios de unidad, autonomía, jerarquía y participación.
Confederación
1. Unión y alianza entre Estados que conservan su soberanía, asentada sobre la base de un tratado para la defensa de ciertos intereses comunes.
2.- Agrupación o alianza entre personas o grupos.
Autonomía
1.- Potestad que, dentro de un Estado, tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.
5.- Capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala.
Como principio, hay que desechar Federación porque el término Autonomía lo cubre y porque la Constitución no lo permite, con su artículo 145.1.- “En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas”. El artículo 149 marca las competencias exclusivas del estado que las autonomías no pueden ejercer.
Y, asimismo, hay que desechar Confederación. En este caso, porque sobrepasa el ámbito correspondiente a un país.
Las autonomías las ponen en tela de juicio los llamados “progresistas”, sin méritos para ostentar dicho adjetivo, dado que, en realidad, no puede llamarse progresismo a lo que crea problemas en lugar de solucionarlos. También hay algún nostálgico que piensa que las autonomías son negativas porque rompen la unidad y bienestar social y que, por tanto, debe volverse al estado centralista. En ambos casos, se mira al dedo en lugar de mirar a la luna.
La Constitución, en su artículo 137, determina: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. En el art. 148 habla de sus competencias. Quedan al margen de sus atribuciones lo que marca el art. 149, que son potestad del Estado y que responden a los intereses generales.
El artículo 2 de la Constitución dictamina:
”La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Hay anomalías y puntos negativos en el ámbito autónomo, si bien no en todas las autonomías suena la música con el mismo tono y melodía. Igual ocurre con los ayuntamientos, aunque, por proximidad a la ciudadanía, los problemas son menores y los logros mayores. Los ayuntamientos también tienen autonomía. Es cierto que se habla de nacionalidades en el art. 2 pero la pone al mismo nivel que las regiones, y nunca por encima de la Nación.
No debemos olvidar los graves problemas que España ha sufrido cuando los gobiernos estaban centralizados. Los intentos de golpes de estado de 1932 y 1934 surgieron sin que existieran las autonomías y los problemas políticos, sociales y económicos eran evidentes. Francia es una democracia centralista y, a día de hoy, tiene también graves problemas, como así Alemania que es más descentralizada que España, o lo último de Corea del Sur, centralista, donde ha estado a punto de sufrir un golpe de estado.
Tampoco hay que olvidar que todas las dictaduras son convulsivamente centralistas. Sin salirnos de Occidente: Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y otras son claro ejemplo de ello.
La Constitución abre un camino a las autonomías para que puedan funcionar con un cierto nivel de garantías, adaptación y eficacia, pero sin faltar a la lealtad institucional ni a la solidaridad. ¿Qué ha trocado este camino? Sin lugar a dudas, la mala gestión administrativa, económica y social que un sector de la política ha puesto en marcha.
La causa fundamental, en el mal funcionamiento de algunos estamentos y comunidades, es la falta de respeto a una serie de artículos constitucionales, auspiciados por sectores políticos autodefinidos como progresistas, populistas, autoritarios, sectarios, visionarios o grupos antisistema.
Se ignoran, o se atacan, artículos constitucionales, se indultan delitos sentenciados por tribunales, se miente a la ciudadanía. Culpables convictos liberan de penas de cárcel, no siempre se respeta al poder judicial si las sentencias no son favorables a determinados intereses políticos. Esto también puede hacerlo un gobierno fuertemente centralista. Es la pura verdad.
No nos engañemos. En estos momentos, las autonomías, dentro de sus competencias y posibilidades, hacen de freno frente al fuerte deterioro económico, social, de prestigio, político e institucional, provocado por un gobierno central, dedicado a cuestiones e intereses partidistas y particulares, sin que actúen para resolver los graves problemas que se acumulan. Lo peor es que no asumen sus responsabilidades, ni muestran intención de hacerlo.
En algunos de sus líderes, la lealtad, solidaridad y preocupación por el interés general, brilla por su ausencia.
El más grave problema, origen de casi todos los demás, es doble: Por un lado, los españoles no leen ni la Constitución ni el Diccionario, y por otro, que cualquiera, si las circunstancias le acompañan, como ahora nos ocurre, puede atacar a las instituciones y vulnerar derechos constitucionales, sin que haya mecanismos que, de oficio, puedan inhabilitar a quien tal atropello comete.
Y es en este último punto, en el que habría que actualizar la Constitución, dotándola de mecanismos de control efectivos que aseguren que los gobernantes respeten las reglas de juego básicas para nuestra democracia y el cumplimiento de la Ley.
Álvaro Cordón Flores
Álvaro Cordón Flores- Filosofía y Letras (Sección Geografía e Historia).
- Máster de Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico del Español.
- Investido Doctor por la Universidad de Málaga, dentro del Programa de Doctorado en Lingüística, Literatura y Traducción (Sobresaliente cum laude).
Fuentes
