Han tardado catorce años en recordar que existe la calle, y han elegido el momento con precisión de relojero: el miércoles 11 de noviembre, 24 horas de huelga general, dos días antes del inicio de la campaña electoral.
La memoria es incómoda. La última huelga general con apoyo de los sindicatos mayoritarios fue en noviembre de 2012, con Rajoy en el Gobierno. Con gobiernos del PP, huelgas. Con más de ocho años de gobiernos presididos por Sánchez, silencio. Ni la inflación, ni los alquileres por las nubes, ni la precariedad los sacaron de la letargia. Solo sale a la luz el letargo cuando hay urnas a la vista.
Los motivos oficiales son vivienda, salarios y coste de la vida. Pero la vivienda no es un asunto laboral. Las patronales cuestionan su encaje jurídico por no responder a un motivo sociolaboral, y los propios sindicatos tuvieron que buscar la forma de ligarla a los salarios. Cuando el sindicato necesita un pretexto para hacer política, la política es lo primero.
Y hay antecedentes. En 2023, CCOO y UGT respaldaron los acuerdos de investidura de Sánchez y la amnistía en particular. Dijeron que la amnistía «es necesaria». ¿Qué tiene de laboral perdonar a los separatistas? Nada. Era el pago político por un favor político, y los sindicatos lo defendieron sin que nadie se lo pidiera. Antes, en la campaña de 2023, firmaron junto a otros un manifiesto de apoyo a un gobierno progresista y hablaban de «bailar con lobos». La neutralidad sindical, de la que tanto presumen, no aparece por ningún lado.
Mientras tanto, los críticos señalan el dinero. Abascal acusa a los sindicatos de vivir de subvenciones y de su papel con el Gobierno, y el programa de Vox propone suprimirlas. Vox pide al PP que «cierre el grifo» donde gobierna. Feijóo ha pedido desconvocar la huelga. Cuando a una organización le amenazan el sustento, defenderlo se convierte en urgencia, y nada moviliza más que la caja. Abascal exige a UGT y CCOO que retiren la convocatoria de huelga general el 11N porque “no tiene sentido”.
Montero, coordinadora de campaña del PSOE, admitió que la huelga es «contra la oposición». Es una frase reveladora: no es contra los caseros que especulan ni contra el Gobierno que no ha resuelto la crisis de vivienda en ocho años. Es contra quien podría dejar de pagar.
Millones de trabajadores sufren para llegar a fin de mes y merecen sindicatos que los defiendan. Lo que se ve el 11N, en cambio, es una central sindical convertida en brazo auxiliar de un bloque político.
