El análisis de José Ramón Riera alerta sobre el riesgo financiero que podría dejar el actual Gobierno al próximo Ejecutivo como consecuencia de la gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Comisión Europea utilizados por el autor, España tenía asignados 163.000 millones de euros y, hasta agosto de 2026, habría recibido aproximadamente 77.593 millones, el 47,6 % del total previsto. Al mismo tiempo, la Administración habría reconocido obligaciones por 103.236 millones, generándose una diferencia de más de 25.600 millones entre lo ejecutado y los fondos efectivamente recibidos.
El problema, según el análisis, se agrava al comparar las cantidades reconocidas con los pagos realizados. Hasta el 30 de junio se habrían pagado 49.643 millones, mientras que la caja disponible para hacer frente a los compromisos europeos sería de 11.235 millones. El autor calcula que esta situación podría obligar al Estado a recurrir a nuevo endeudamiento para atender compromisos ya adquiridos.
Riera sitúa además el riesgo potencial en torno a los 55.000 millones de euros, al sumar los fondos necesarios para cubrir los pagos comprometidos y otros 17.700 millones pendientes de ejecutar que figuran en créditos aprobados de los ministerios.
El Gobierno dispone de un plazo limitado para solicitar nuevos desembolsos europeos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anticipado la petición de 25.862 millones, condicionada al cumplimiento de 148 hitos y objetivos.
La cuestión de fondo que plantea el autor es quién tendrá que afrontar las consecuencias financieras de unos compromisos que, a su juicio, podrían traducirse en más deuda pública. Su advertencia es clara: una gestión insuficientemente ejecutada de los fondos europeos puede terminar trasladando una importante factura al futuro Gobierno y, en última instancia, a los contribuyentes.
La bomba de los fondos europeos puede dejar un agujero de 55.000 millones al próximo Gobierno
«España tiene hasta el 30 de septiembre para presentar ante la Comisión Europea las solicitudes finales de pago y esta tiene hasta el 31 de diciembre para efectuar los desembolsos»…
