En este artículo, analizo una cuestión especialmente delicada: la relación entre el Gobierno, la Policía Judicial y las investigaciones que pueden afectar a responsables políticos.
A partir de la crisis de Ceuta y del informe remitido a la Audiencia Nacional, explico por qué determinados investigadores policiales deben mantener la reserva cuando así lo ordena un Juez, y por qué la Policía Judicial depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Fiscales durante una investigación.
También analizo el precedente del caso Pérez de los Cobos, la situación de la UCO y el caso Faisán, para poner de manifiesto un principio esencial: la independencia de las investigaciones policiales y judiciales es una garantía del Estado de Derecho.
La cuestión de fondo es sencilla, pero trascendental: cuando una investigación puede afectar al Poder político, ¿quién debe tener la última palabra sobre la información que manejan los investigadores?
Defender la independencia de la Policía Judicial no significa ocultar información al Estado. Significa garantizar que ninguna investigación pueda ser condicionada por intereses políticos.
¿POR QUÉ LA POLICÍA NO INFORMA AL GOBIERNO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES QUE LE AFECTAN?
«La invasión de Ceuta desde Marruecos por inmigrantes africanos, ha hecho aflorar un problema que llevaba tiempo creciendo bajo la superficie del Ministerio del Interior»…
