Escuchaba hace unos días una entrevista a Jon Hernández, el divulgador de inteligencia artificial más seguido de España. Decía algo con lo que estoy de acuerdo: quizá convendría levantar un poco el pie del acelerador para avanzar con seguridad, pero parar la IA ya no es posible. Y repasaba lo que viene: problemas matemáticos que llevaban décadas sin resolver y que caen en meses, avances en energía, en salud, en medio ambiente, en educación. Y, de paso, un mundo laboral que va a cambiar de arriba abajo.
Todo eso es cierto. Pero al terminar de escucharle me quedó una pregunta que casi nadie se hace: ¿quién decide?
Todo pasa por la política
Ningún avance tecnológico llega solo. Llega a través de decisiones. Y la inmensa mayoría de las grandes decisiones de un país las toman políticos.
No hablo solo del sector público, que en España es enorme. Hablo de quién recibe los fondos de investigación, cuánto recibe y con qué reglas. Hablo de qué hospitales se modernizan y cuáles no, de qué infraestructuras se mantienen y cuáles se dejan envejecer. Y hablo de la hiperregulación europea, que en materia tecnológica funciona más como freno que como garantía.
Dicho de otro modo: la velocidad a la que la IA cure enfermedades o abarate la energía dependerá, en buena parte, de la calidad de quienes nos gobiernan. Y ahí es donde tenemos el problema.
Exigimos títulos para todo, menos para mandar
Para ser médico hacen falta años de formación. Para ser arquitecto, para construir una mina, para diseñar un tren o para pilotar un avión, también. Es lógico: sin esa preparación, las infraestructuras fallan y la gente muere.
Sin embargo, para algo mucho más importante, decidir qué se hace con los recursos de todos, colocamos con frecuencia a personas sin la preparación necesaria.
No defiendo que un ministro tenga que ser ingeniero. Un ministro tiene que saber gestionar, entender su área y rodearse de gente brillante. El problema es que nuestro sistema político premia exactamente lo contrario.
Ábalos: un caso de manual
El ejemplo más claro lo tenemos en el Ministerio de Transportes. En junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por liderar un grupo criminal en el caso de las mascarillas: cohecho, malversación, tráfico de influencias.
Entre los hechos probados figura algo que retrata a la perfección al personaje: utilizó su posición de ministro para colocar a su entonces pareja, Jessica Rodríguez, en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, donde cobró cerca de 44.000 euros de dinero público sin trabajar un solo día. La sentencia también da por acreditada la contratación privilegiada de Claudia Montes en Logirail por su relación personal con el exministro. A ello se suman las informaciones sobre la fiesta en el Parador de Teruel en plena pandemia, mientras los españoles estaban encerrados en casa, que Ábalos negó y que los mensajes intervenidos a su asesor Koldo García por la UCO han ido documentando.
De ese ministro dependía toda la red ferroviaria de España. El 18 de enero de 2026, 46 personas murieron en el accidente de Adamuz. La Guardia Civil ha señalado que la vía estaba rota un día antes, y la jueza instructora trata el caso como un presunto delito de homicidio. Determinar las responsabilidades corresponde a la justicia. Pero hay algo que sí sé: el tiempo y la influencia de un ministro son limitados, y el que se dedica a colocar a sus amistades (presuntas concubinas) en empresas públicas no se está dedicando al mantenimiento de las vías.
La obligación de ser mediocre
Ábalos es un caso extremo, pero el problema de fondo es más cotidiano. Todos conocemos al consejero autonómico que pasa buena parte del día de acto en acto, de presentación en presentación, y el resto mirando en las redes si ha salido bien en la foto. Uno se pregunta: ¿cuándo trabaja en lo suyo? Quien no conoce a fondo su departamento no puede decidir con criterio. Y quien no decide, no gobierna: solo ocupa el cargo.
Y luego está el culto al líder. España ha pasado de la democracia de los ciudadanos a lo que yo llamo, sin rodeos, una partitocracia: un régimen en el que todo se supedita al partido y al líder del partido, con estructuras verticales donde la lealtad pesa mucho más que la capacidad.
En ese sistema se produce una paradoja perversa. Si haces bien tu trabajo, siempre habrá alguien por encima que sienta que le haces sombra o que te estás moviendo para ascender. Así que el mediocre hace un trabajo mediocre y el bueno tiene que hacer un trabajo mediocre para no destacar. Y como los mediocres, a su vez, eligen a colaboradores todavía más mediocres para que nadie les eclipse, entramos en una espiral descendente. El filósofo canadiense Alain Deneault le puso nombre hace años: mediocracia, el régimen en el que lo mediano se convierte en norma obligatoria.
No vamos a cambiar la cultura de los partidos desde fuera de un día para otro. Pero sí podemos señalarla. Y, sobre todo, podemos medirla.
Por qué no lo van a arreglar ellos
Lo que no harán los políticos es cambiar las reglas del juego que les benefician. Ningún gobierno va a anunciar mañana que sus ministros y secretarios de Estado serán evaluados por su desempeño real.
En el verano de 2025, Pedro Sánchez anunció en el Congreso un plan anticorrupción en el que la inteligencia artificial tenía un papel estelar: aplicaciones de IA en la Plataforma de Contratación del Sector Público para detectar anomalías. Conviene recordar quién lo anunciaba.
Lo anunciaba el presidente cuyo primer ministro de Transportes y ex número dos del partido, Ábalos, ha sido condenado a 24 años de cárcel. Cuyo siguiente secretario de Organización, Santos Cerdán, está investigado y pasó casi cinco meses en prisión provisional. Cuyo hermano ha sido condenado en primera instancia por prevaricación. Cuya esposa está procesada. Cuyo fiscal general fue condenado por el Supremo. El mismo que en 2015 prometía dirigir «un Gobierno limpio», que juró que no pactaría con Bildu, que no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno y que no habría amnistía.
Mi opinión es clara: Pedro Sánchez miente sin ningún pudor, y su palabra no vale nada. Un sistema de control anticorrupción diseñado por su Gobierno es el zorro diseñando el gallinero. Es imposible creérselo.
Y no es un problema solo español. Albania nombró en 2025 «ministra» a una inteligencia artificial, Diella, con la promesa de que las licitaciones públicas quedarían libres de corrupción. La pregunta del líder de la oposición en el Parlamento fue la correcta: ¿quién controlará a Diella? Una IA nombrada por el poder para vigilar al poder sigue dependiendo del poder.
La IA como escudo digital de la sociedad civil
Hoy una inteligencia artificial es capaz de revisar millones de radiografías y detectar en segundos un nódulo pulmonar que a un médico se le podría escapar. Ese mismo principio se puede aplicar a la vida pública: una IA capaz de leer la actividad de un gobierno entero y detectar las metástasis antes de que se conviertan en un cáncer.
La clave es quién la maneja. Audrey Tang, que fue la primera ministra digital de Taiwán y es hoy una de las grandes referencias mundiales en tecnología y democracia, defiende que la sociedad civil no debe limitarse a protestar, sino demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Cuando lo consigue, la democracia gana algo parecido a un sistema inmunitario distribuido.
Eso es exactamente lo que propongo: que la IA sea el escudo digital de la sociedad civil. No una herramienta en manos del Gobierno, sino de ciudadanos, asociaciones, periodistas y expertos independientes.
Y tiene que ser distribuida por una razón muy práctica. Ya lo hemos visto con los detectores de textos escritos por IA: en cuanto aparecieron, surgieron otras IA para «humanizar» los textos y burlarlos. Un único detector oficial se aprende a esquivar. Muchos sistemas, abiertos, independientes entre sí y que mejoran con cada caso, son mucho más difíciles de engañar. Igual que el sistema inmunitario: los virus mutan, pero las defensas también.
Qué podría vigilar ese escudo
El enfoque no se limita a los contratos. Es mucho más amplio:
- Contratos y subvenciones: licitaciones con un solo ofertante, contratos troceados para esquivar controles, adjudicatarios que siempre ganan, empresas creadas semanas antes de recibir dinero público.
- Desempeño de los cargos: cuánto tiempo dedican a su trabajo real y cuánto a la foto, qué decisiones toman y qué resultados obtienen.
- Promesas frente a hechos: lo que se dijo en campaña, lo que se votó en el Parlamento y lo que se hizo después.
- Nombramientos y redes de influencia: quién coloca a quién, puertas giratorias, conflictos de interés.
- Inversión y mantenimiento: lo que se presupuesta frente a lo que se ejecuta. El dinero anunciado para infraestructuras que nunca llega a las vías.
- La maraña normativa: leyes contradictorias, cargas burocráticas inútiles, regulaciones que frenan en lugar de proteger.
No es ciencia ficción. La OCDE ya estudia cómo la IA puede ayudar a anticipar riesgos de corrupción y a mapear las relaciones entre políticos, empresas y grupos de presión. Y sus propios datos muestran por qué hace falta: en los países de la OCDE, la solidez media de las normas de integridad ronda el 63 %, pero su aplicación real se queda en el 44 %. Las leyes existen. Lo que falla es quién las hace cumplir.
Las reglas del escudo
Para que esto funcione y no se convierta en otra cosa, debe respetar unas reglas mínimas:
- Datos abiertos. Sin datos públicos, accesibles y completos, no hay escudo posible. Exigir transparencia real es el primer paso.
- Señalar no es condenar. La IA detecta anomalías; las personas las verifican; los tribunales juzgan. Siempre en ese orden.
- Trazabilidad. Cada alerta, con su fuente comprobable. Nada de acusaciones de caja negra.
- Pluralidad. Muchas herramientas y muchos equipos, no un oráculo único.
- Independencia. Quien vigila no puede depender de quien es vigilado.
El verdadero reto
La inteligencia artificial nos traerá avances extraordinarios en salud, en energía y en conocimiento. Pero si no curamos antes la metástasis del poder, esos avances llegarán tarde, mal o solo a los de siempre.
Por eso creo que el gran reto no es cómo la IA va a curar el cáncer, sino cómo va a ayudarnos a curar la política. Empezando por la corrupción, en lo que creo que estamos todos de acuerdo.
Lo mejor es que, por primera vez, la sociedad civil tiene la herramienta a su alcance. Lo que antes requería una redacción entera de periodistas de investigación, hoy lo puede empezar un grupo de ciudadanos con conocimiento y voluntad. En Iniciativa 2028 creemos que ese es el camino.
El 29 de noviembre votamos. El 30 empieza el trabajo de vigilar a quien gobierne, sea quien sea.
Fuentes
- El Independiente: el Supremo condena a Ábalos y Koldo (22/06/2026)
- El Debate: lo que cobró Jessica Rodríguez sin trabajar según la sentencia
- El Salto: la vía de Adamuz estaba rota un día antes, según la Guardia Civil
- El Debate: la jueza de Adamuz califica el accidente como presunto homicidio
- Artículo 14: los casos de corrupción de la era Sánchez
- Genbeta: el plan anticorrupción de Sánchez y la IA
- The New Daily: Diella, la «ministra» IA de Albania, y las críticas de la oposición
- AI Now Institute: Audrey Tang sobre la democratización de la IA
- OCDE: la IA en la lucha contra la corrupción
- OCDE: Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026
- El Independiente: Alain Deneault y la mediocracia



