El viernes 6 de noviembre, en un polideportivo de Valencia cerrado y blindado para evitar protestas, Pedro Sánchez se hizo un selfi con un grupo de profesores. Algunos llevaban la camiseta verde de la huelga educativa valenciana, la que entre mayo y junio paralizó la enseñanza pública contra el Consell del Partido Popular. La ministra Diana Morant subió su propia foto y escribió que el Gobierno estará «siempre al lado» de los docentes. El PP valenciano se apresuró a señalar que entre aquellos maestros había un exalcalde socialista y una alcaldesa del PSOE. Puede que exagere, puede que no. Lo revelador no es quién salía en la foto, sino que a nadie en aquel pabellón le pareciera extraño hacérsela.
Porque el hombre que sonreía al móvil es el presidente del Gobierno cuya ley educativa rige las aulas españolas desde 2020. Y dos meses antes, el 8 de septiembre, la OCDE había publicado el peor informe PISA de la historia de España.
El suspenso que nadie quiere firmar
Los números no admiten maquillaje: 451 puntos en comprensión lectora, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, los peores resultados de la serie histórica y por debajo de la media de la OCDE en las tres competencias. En lectura, España pierde 23 puntos en solo tres años. Cataluña, por cierto, ni siquiera aparece en el informe: quedó fuera por excluir de las pruebas a más alumnos de los permitidos. Es la forma más elegante que existe de no suspender: no presentarse al examen.
Ante un resultado así, lo normal en cualquier organización sería abrir una auditoría interna. En la educación española se abrió una huelga.
Lo que dicen las fechas (y lo que no dicen)
Seamos honestos con el calendario, porque es lo que separa el análisis de la sospecha. Las protestas de los profesores no nacieron de PISA. La huelga indefinida de Madrid se acordó en una asamblea unitaria a finales de mayo y su fecha de arranque, el 14 de octubre, se fijó en junio. La plataforma que la impulsa, Menos Lectivas, lleva movilizándose desde 2023. En Cataluña, la huelga del 8 de septiembre era la sexta en menos de un año, y se dirigía contra el Govern socialista de Salvador Illa. Nadie tocó un silbato en Ferraz para que los profesores salieran a la calle: ya estaban en ella.
Pero un guion de campaña no necesita inventar los conflictos. Le basta con elegir cuáles amplifica, cuáles ignora y en qué momento los saca a escena. Y ahí el calendario sí habla.
El 5 de octubre Sánchez anuncia el adelanto electoral; el 6 lo publica el BOE. Nueve días después del anuncio arranca en Madrid la huelga indefinida contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo que había empezado como una reivindicación laboral (ratios, horas lectivas, salarios, infraestructuras) se convierte en pocas semanas en otra cosa: tiendas de campaña en la Puerta del Sol, escraches, cargas policiales. La huelga entra en la campaña electoral, que arrancó el 13 de noviembre, en su sexta semana, en el momento de máxima tensión. Y en Valencia, otra comunidad gobernada por el PP, el candidato socialista se fotografía con las camisetas verdes.
Obsérvese el reparto de papeles. Las huelgas contra gobiernos del PP se convierten en atrezo de mitin. La huelga contra un gobierno socialista, la catalana, no aparece en ningún selfi. Y el informe PISA, que retrata un sistema regulado por la ley del propio Gobierno, desaparece del debate en cuanto los profesores ocupan la calle. El presidente culpa a las comunidades que no ejecutan los fondos de refuerzo de lectura y matemáticas; los sindicatos culpan a la falta de inversión; y el sistema, que es de todos, no es de nadie.
Conviene enunciar la pinza con claridad. O los sindicatos convocantes sabían que su huelga contra Ayuso acabaría convertida en material de campaña del PSOE, o no lo sabían. Si lo sabían, han dejado de ser sindicatos para convertirse en una sección del comité electoral. Si no lo sabían, son de una ingenuidad que preocupa en quienes enseñan a leer entre líneas. No hay tercera puerta.
No es la primera vez que este Gobierno escribe así. Ya expliqué en este mismo espacio cómo el decreto Maricarmen funcionó como un guion para testar unas elecciones anticipadas, y por qué creo que el adelanto electoral tiene más que ver con el horizonte judicial que rodea al PSOE y al entorno del presidente que con la vivienda. La lógica es la misma: un drama real, una causa legítima y un guionista que sabe exactamente en qué escena colocarla.
La pregunta que nadie hace en las aulas
Hasta aquí, la política. Ahora, lo que de verdad me preocupa, y que nadie en esta campaña, ni en los piquetes ni en los mítines, ha planteado.
Durante siglos, el principal activo económico de un trabajador fue su fuerza física. Quien podía cargar más sacos cobraba más. Luego llegaron la máquina de vapor, la grúa y la carretilla elevadora, y la fuerza muscular dejó de tener valor diferencial en el mercado laboral. Hoy levantar peso es algo que se hace en el gimnasio, por salud o por vanidad; nadie pone en su currículum cuántos kilos levanta. Ponemos lo que sabemos.
Mi convicción —y la presento como lo que es, una hipótesis y no un dato— es que la inteligencia artificial está haciendo con el conocimiento lo mismo que la Revolución Industrial hizo con el músculo. Y no en un horizonte de generaciones: hablo de tres a cinco años para muchas profesiones. Divulgadores como Jon Hernández lo resumen diciendo que lo que ahora pierde valor es lo que hacemos con el cerebro. He escrito bastante sobre ello en mi blog, donde reúno mis reflexiones y referencias sobre inteligencia artificial. Si esto es así, aunque solo sea a medias, el sistema educativo debería estar en estado de emergencia. Y no por las ratios.
Sir Ken Robinson, el educador británico que acabó viviendo en Los Ángeles, lo advirtió hace dos décadas en una de las charlas TED más vistas de la historia, «¿Matan las escuelas la creatividad?». En una conferencia posterior explicó que las escuelas siguen organizadas como fábricas: timbres, asignaturas estancas y alumnos agrupados por lotes, por fecha de fabricación, es decir, por edad, y no por lo que saben o pueden llegar a saber. Un diseño concebido en tiempos de la Revolución Industrial para formar trabajadores en serie. La escuela y la universidad son de las pocas instituciones que han atravesado dos siglos de transformaciones sin cambiar apenas su arquitectura. Han ido tirando de la rifeta, como decimos en Cataluña. Lo que ocurre es que la rifeta se acaba.
Y aquí está, a mi juicio, la prueba más clara del nivel del debate. Con un suspenso histórico en comprensión lectora sobre la mesa y una tecnología que va a redefinir qué significa saber algo, el profesorado ha salido a la calle con las reivindicaciones de siempre y con el esquema de siempre. Algún sindicato ha hablado de «delegación cognitiva» en su valoración de PISA, sí, pero como lamento, no como programa. En lo que pide la huelga —ratios, horas lectivas, salarios, edificios— no aparece la pregunta esencial: qué hay que enseñar cuando una máquina sabe más que el profesor, cómo se evalúa cuando cualquier alumno puede generar un trabajo impecable en diez segundos, y si no habría que repensar el sistema entero desde la raíz.
La ironía es amarga. La comprensión lectora, la competencia que más se ha hundido, es precisamente la que necesitaremos para convivir con la inteligencia artificial: entender lo que le pedimos, juzgar lo que responde, detectar cuándo se equivoca. El conocimiento memorizado pierde valor; la capacidad de comprender y de tener criterio se convierte en lo único que vale. Justo lo que el sistema ha dejado de enseñar.
Dentro de unos años, cuando alguien repase las imágenes de esta campaña, encontrará camisetas verdes, tiendas en Sol, ruedas de prensa sobre ratios y un presidente sonriendo a la cámara de un móvil. No encontrará a nadie preguntando para qué servirá la escuela cuando el conocimiento valga lo que hoy vale la fuerza de un estibador. Discutíamos cuántos alumnos caben en un aula mientras se nos escapaba qué tenían que aprender dentro.
Y nos hicimos un selfi.




