Pucherazo observadores 29n

Pucherazo a la vista: España debe plantearse pedir observadores internacionales para velar el 29N

Huele a pucherazo. Sánchez está acorralado porque sus embustes ya no cuelan y casi todas las encuestas, menos las del CIS, le dan perdedor en las generales del próximo 29N. Tras la debacle del último debate electoral televisivo Sánchez-Feijóo, el temor a que intente imponer su reelección aumenta aún más.

Esta idea se ve además avalada a día de hoy por el hecho de que ni la Junta Electoral Central (JEC) ni las autoridades judiciales van a poder garantizar la limpieza de las elecciones. Las acusaciones contra la integridad del proceso electoral proceden de sectores políticos, colectivos jurídicos, sectores de la sociedad civil y medios de comunicación afines a la oposición, frente a los desmentidos de Moncloa, PSOE y otros agentes progubernamentales.

Pero si no se le pone remedio, nos tememos que, con todas las mentiras y antecedentes históricos de Sánchez trucando las primarias del PSOE y las últimas generales de 2023, según acusa la oposición, el 29N no se producirá en un clima limpio. De ahí que algunas voces reclamen ayuda del exterior y hasta se planteen solicitar la intervención de observadores internacionales para velar por la limpieza de unas elecciones: un hecho histórico en la UE que, de materializarse, nos situaría al mismo nivel de desprestigio reputacional que Hungría y Polonia en sus pasadas generales y presidenciales, por contar con enviados de la OSCE y el Consejo de Europa.

La ley electoral no contempla la figura del observador

Hay que recordar que la ley electoral española (LOREG) no contempla formalmente la figura del observador electoral (ni nacional ni internacional) dentro de los colegios el día de la votación, pero la OSCE ha pedido reiteradamente reformar la ley española para garantizar este derecho sin depender de permisos discrecionales. La OSCE también ha criticado que las reuniones de la JEC se celebren a puerta cerrada y que sus resoluciones no siempre se publiquen con la debida transparencia.

Lo que se cuece en el backstage

Razones para sospechar de un presunto amaño no les faltan tanto a organismos internacionales como a la oposición y a parte de la opinión pública española, que demanda transparencia y juego limpio ante la amenaza de tongo a favor del sanchismo. El pucherazo no es un tema de papeletas o de falta de interventores y apoderados a pie de urna, sino que algo así se cuece en el backstage (detrás del escenario). Todo habla a favor no de unas elecciones libres y transparentes, sino de prácticas opacas y amañadas, como estamos sabiendo a través de:

  • Indra, empresa intervenida por el Gobierno, contará los votos (se han presentado reclamaciones contra esta compañía tras las generales de varios países de Hispanoamérica).
  • Telefónica alquila los 62.000 lectores de DNI digital de las mesas electorales (el Ministerio del Interior podrá bloquear, borrar y controlar remotamente la pantalla de esos lectores del MiDNI).
  • Huawei dará la cobertura, a pesar de la negativa de la OTAN a ceder esa tecnología china por riesgo de manipulación y espionaje.
  • Correos, empresa pública de la SEPI, custodia el voto exterior, a pesar de tener muy frescas en la memoria las reclamaciones pasadas por la falta de garantías en la custodia de actas y votos en las últimas citas electorales.

Otros ingredientes del pretendido pucherazo pasan por la legión de afines a Sánchez en el CIS, RTVE y La Séptima; las consignas de Iván Redondo y de la Secretaría de Estado de Comunicación a los medios; los casi 1.200 asesores personales a sueldo de Sánchez dispuestos a todo; así como la composición de la Junta Electoral Central y del resto del poder judicial, manejados a distancia por el Gobierno socialista. Por no mencionar la regularización masiva de migrantes, la Ley de Nietos y la multitud de empadronados fraudulentamente detectados ya en municipios y circunscripciones, que favorecerán presumiblemente el voto al PSOE.

Como guinda, la reciente decisión de compra de votos de los funcionarios con la subida descarada del salario aprobada por decreto, o los encubiertos portavoces musulmanes de Sánchez, salidos de la nada con paguita, que piden abiertamente el voto de los marroquíes en España para el Partido Socialista.

Un censo disparado

Por si fuera poco, se ha detectado que el censo electoral se ha visto incrementado de forma desenfrenada con motivo del 29N, casi un 5 %. El crecimiento más destacado corresponde al voto de residentes en el extranjero: el censo exterior (CERA) ha pasado de algo más de 2.062.000 electores en julio de 2018 a unos 2.770.000, lo que supone 707.400 votantes adicionales y un aumento del 34 %. Las nacionalizaciones se han llevado a cabo en tiempo récord, beneficiando, que sepamos oficialmente, a casi 1,5 millones de nuevos españoles, según los datos aportados por el INE. En contra de lo requerido, ciertos cónsules españoles, por indicaciones del Gobierno y órdenes del Ministerio de Exteriores, han eximido de la obligación de acreditar el exilio de sus antepasados a los hijos, nietos y bisnietos que solicitan la nacionalidad.

Comprar voluntades desde el BOE

Al igual que con los funcionarios públicos, Sánchez actúa además comprando votos al prometer mediante el BOE, en plena campaña, la subida de las pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y hasta del Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado este último en 2020, para que los casi 1,5 millones de personas beneficiarias sin recursos puedan influir con su derecho al voto. Ya ha demostrado el actual inquilino de la Moncloa que tiene gran experiencia comprando voluntades, como hizo con las multimillonarias cesiones a Puigdemont por siete votos, negándolo hasta el último día en favor de una falsa «convivencia» con Cataluña. Se ha demostrado justo todo lo contrario, según confesión del propio golpista catalán de Junts en una entrevista.

Con todo ello, no cabe duda de que el riesgo de manipular la voluntad popular nunca había sido tan alto desde la llegada de la democracia, reforzado por la consigna proclamada por Sánchez y su coalición progresista durante los últimos años: evitar a toda costa la alternancia política («para que al menos no gobierne la derecha»). Algo parecido ocurrió en la República con el PSOE, y ya sabemos lo que pasó después.

Barcelona, 20 de noviembre de 2026

AutorIgnacio Sánchez-León

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