Mientras el PSOE convierte el derecho a la vivienda en una de sus principales banderas electorales, salen a la luz los negocios inmobiliarios de la pareja de su portavoz en el Congreso. Una promoción de chalés de lujo en Tamariu, una tala de árboles, unas obras paralizadas por falta de autorización y viviendas que hoy se anuncian por 2,6 millones de euros colocan a los socialistas ante una incómoda contradicción política.
La polémica que rodea a Montse Mínguez, portavoz del PSOE en el Congreso y candidata propuesta para encabezar la lista socialista por Lleida en las próximas elecciones generales, tiene un escenario difícil de conciliar con el discurso político de su partido: una de las calas más codiciadas de la Costa Brava, donde el negocio inmobiliario de lujo ha vuelto a imponerse en un entorno natural de enorme valor paisajístico.
En el centro de esta historia aparece Sergi Vélez Viola, pareja de la dirigente socialista y empresario vinculado a diferentes sociedades inmobiliarias. Entre sus operaciones figura la promoción de 33 chalés de lujo en Aigua Xelida, en Tamariu, dentro del municipio de Palafrugell.
No se trataba precisamente de viviendas destinadas a solucionar las dificultades de acceso a un hogar. El proyecto contemplaba residencias de aproximadamente 300 metros cuadrados, piscinas privadas, vistas al Mediterráneo y un enclave reservado a compradores con una capacidad económica extraordinaria.
El terreno afectado comprendía unas tres hectáreas de superficie forestal. A finales de 2018, los trabajos preparatorios provocaron una fuerte controversia por la tala de centenares de árboles y los movimientos de tierras realizados en la zona.
El 2 de enero de 2019, el Ayuntamiento de Palafrugell ordenó detener las actuaciones al constatar que la promotora no disponía de la autorización municipal necesaria para iniciarlas.
La empresa defendía la legalidad de sus actuaciones y alegaba que el proyecto estaba amparado por el planeamiento urbanístico. El consistorio sostuvo lo contrario y paralizó los trabajos.
No estamos, por tanto, ante una polémica inventada por adversarios políticos. La intervención municipal existió, las obras fueron detenidas y la controversia ambiental quedó documentada.
DE 33 CHALÉS A 15 VIVIENDAS MILLONARIAS
La oposición ecologista y las alegaciones presentadas durante los años siguientes obligaron a replantear la actuación urbanística.
En 2022 se aprobó una ordenación que reducía de 33 a 15 las viviendas previstas. La modificación disminuyó el impacto del proyecto original, pero no eliminó su carácter residencial de lujo.
Actualmente, la promoción Sa Xelida comercializa viviendas en ese entorno por precios que alcanzan aproximadamente los 2,6 millones de euros.
La cifra resulta especialmente llamativa en un país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales.
Conviene precisar que ese precio de comercialización no demuestra cuánto dinero ganó personalmente Sergi Vélez. El empresario abandonó en febrero de 2023 la administración de Brisanatura Costa Brava, denominación adoptada anteriormente por Aiguacel Costa Brava, y el proyecto continuó bajo otra gestión empresarial.
Pero la ausencia de una cifra acreditada de beneficio personal no borra su vinculación con el origen de una operación inmobiliaria que terminó enfrentada al Ayuntamiento y a los defensores del litoral.
EL DISCURSO SOCIALISTA FRENTE AL NEGOCIO INMOBILIARIO
La dimensión política del asunto va más allá de los chalés de Tamariu.
Montse Mínguez es una de las principales voces parlamentarias de un partido que ha convertido la regulación del alquiler, la crítica a la especulación inmobiliaria y la defensa de una vivienda asequible en elementos centrales de su discurso.
Al mismo tiempo, su pareja desarrolla una actividad empresarial relacionada con la inversión, la promoción y el alquiler de inmuebles.
Las informaciones publicadas estos días apuntan a un grupo empresarial que gestiona alrededor de una treintena de viviendas en alquiler en Lleida, además de otras inversiones inmobiliarias.
Tener propiedades, alquilar viviendas o promover urbanizaciones no constituye por sí mismo ninguna irregularidad. Tampoco existe una incompatibilidad automática entre defender la regulación del mercado y mantener una actividad inmobiliaria legal.
La contradicción política que merece explicaciones aparece cuando el partido que exige transparencia y responsabilidad en el sector inmobiliario considera que los negocios de la pareja de una de sus principales dirigentes no requieren mayor aclaración pública.
Porque una cosa es respetar la independencia profesional de los familiares de los cargos públicos y otra muy distinta es pretender que cualquier pregunta sobre operaciones empresariales controvertidas constituye necesariamente un ataque personal.
MONTSE MÍNGUEZ, ANTE LAS PREGUNTAS INCÓMODAS
La dirigente socialista ha defendido la legalidad de la actividad empresarial de su pareja y ha presentado las críticas recibidas como un ataque personal.
Su explicación se ha centrado principalmente en los negocios de alquiler y en el cumplimiento de la normativa de vivienda.
Sin embargo, la promoción de Aigua Xelida plantea preguntas adicionales que no desaparecen por el hecho de que las empresas sean privadas.
¿Qué conocimiento tenía Mínguez de la controversia urbanística de Tamariu? ¿Qué valoración hace de la tala y de la paralización municipal? ¿Considera compatible con el modelo de protección del litoral que defiende su partido una promoción de estas características? ¿Qué información puede aportar sobre las actuaciones posteriores y su regularización?
Son preguntas políticas legítimas. No implican afirmar que la diputada interviniera en el proyecto, favoreciera a la promotora o cometiera irregularidad alguna. Hasta ahora no se han acreditado esos extremos.
Pero tampoco resulta razonable reducir todo el debate a una supuesta persecución personal.
Mínguez no es una ciudadana anónima ajena al debate público. Es la portavoz parlamentaria del PSOE y aspira a renovar su escaño encabezando la candidatura socialista por Lleida.
Su responsabilidad política exige respuestas claras cuando una controversia de esta naturaleza afecta al entorno empresarial más cercano.
PEDRO SÁNCHEZ CIERRA FILAS
La respuesta del presidente del Gobierno tampoco ha contribuido a despejar las incógnitas.
Preguntado por los negocios de la pareja de Mínguez, Pedro Sánchez ha asegurado desconocer sus actividades profesionales y ha mantenido expresamente su respaldo a la portavoz socialista.
El PSOE ha insistido en que la actividad empresarial es legal e independiente de las responsabilidades públicas de Mínguez.
Esa separación debe respetarse. Pero el respaldo político no sustituye a las explicaciones.
El problema para los socialistas no es que un empresario gane dinero mediante actividades inmobiliarias legales. El problema es que una de las principales voces del partido en materia de vivienda se encuentre en el centro de una controversia sobre negocios inmobiliarios de su pareja y que la respuesta política se limite fundamentalmente a defender su legalidad.
La legalidad es una exigencia básica, no una explicación suficiente de todas las decisiones empresariales ni de todas sus consecuencias ambientales.
LA COSTA BRAVA Y EL PRECIO DE LA PRESIÓN URBANÍSTICA
Hay otra cuestión que corre el riesgo de quedar sepultada bajo el enfrentamiento entre partidos: la transformación del litoral.
Aigua Xelida no es un solar cualquiera. Se encuentra en uno de los entornos paisajísticos más apreciados de la Costa Brava, donde las entidades ecologistas llevan años denunciando la presión urbanística.
El proyecto inicial preveía 33 viviendas. La movilización ciudadana y la revisión del planeamiento consiguieron reducirlo a 15.
Esa reducción demuestra que la presión social y el control urbanístico pueden modificar actuaciones de gran impacto.
También deja una realidad difícil de ignorar: mientras el debate político gira alrededor de nombres, siglas y acusaciones cruzadas, los terrenos de gran valor paisajístico siguen siendo objeto de operaciones inmobiliarias destinadas a un mercado de alto poder adquisitivo.
Y esa discusión merece algo más que una sucesión de reproches entre PSOE y PP.
UNA CANDIDATA, UN PARTIDO Y EXPLICACIONES PENDIENTES
Montse Mínguez afronta las elecciones generales del 29 de noviembre como candidata propuesta para liderar la lista socialista por Lleida, en un momento en que su partido pretende situar nuevamente la vivienda en el centro del debate electoral.
Los negocios inmobiliarios de su pareja no constituyen por sí mismos una prueba de conducta irregular de la dirigente. Pero la promoción de Aigua Xelida tampoco puede despacharse como si nunca hubiera existido una intervención municipal por trabajos no autorizados.
El PSOE tiene derecho a defender a su portavoz. Los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a exigir claridad, coherencia y explicaciones.
Y hay una pregunta que continúa sobre la mesa: ¿por qué un partido que reclama tanta responsabilidad al sector inmobiliario considera suficiente invocar la legalidad cuando la controversia afecta al entorno empresarial de una de sus dirigentes más destacadas?
No se trata de exigir responsabilidades penales donde no hay delitos acreditados, ni de convertir una relación sentimental en una acusación política.
Se trata de exigir que el rigor, la transparencia y la protección del territorio que los socialistas reivindican públicamente se apliquen con el mismo criterio cuando las preguntas resultan incómodas.
Porque la credibilidad de un partido no se mide únicamente por lo que promete durante una campaña electoral, sino también por las explicaciones que ofrece cuando los hechos ponen a prueba su discurso.
