La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado en una fase decisiva con la propuesta de regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular. Se trata de una medida de gran alcance que, lejos de generar consenso, ha abierto un intenso debate político y social.
Por un lado, el Ejecutivo defiende que esta regularización responde a una realidad existente: cientos de miles de personas ya viven y trabajan en España sin un marco legal claro. Según esta visión, su integración permitiría aumentar la recaudación, reforzar el mercado laboral y dotar de derechos básicos a quienes ya forman parte de la sociedad.
Sin embargo, las críticas no son menores. Diversas voces alertan de que una regularización masiva puede actuar como incentivo para nuevas llegadas irregulares, generando un posible “efecto llamada”. También se cuestiona la falta de planificación a medio y largo plazo, así como la capacidad del sistema para absorber un volumen elevado de nuevos regularizados sin tensiones en servicios públicos o empleo.
Además, el debate no es solo técnico, sino profundamente político. La medida nace de una iniciativa con amplio respaldo social, pero su aplicación ha sido interpretada por sectores críticos como una decisión unilateral que evita un consenso más amplio en el Parlamento.
En definitiva, España se enfrenta a un dilema complejo: cómo gestionar la inmigración irregular equilibrando humanidad, legalidad y sostenibilidad. La regularización puede ser parte de la solución, pero difícilmente será eficaz sin una estrategia integral que combine control, cooperación internacional y políticas de integración realistas.
Lo argumento en el siguiente artículo:
EL DESBARAJUSTE INMIGRATORIO DE PEDRO SÁNCHEZ
«Es muy acertado el término utilizado por el jefe de la oposición política española, Alberto Núñez Feijóo, para definir esta disparatada regularización masiva de inmigrantes por motivos estrictamente partidistas y propagandistas»…
