El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Santiago Pedraz, ha dado un nuevo y decisivo paso en la investigación del denominado caso Leire Díez. Mediante una providencia fechada el 29 de junio de 2026, y a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor ha acordado dirigir el procedimiento contra 25 nuevas personas, entre ellas la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda González, por presuntos amaños en la contratación pública y en operaciones de rescate financiero a cargo del holding industrial del Estado.
La decisión amplía de forma sustancial una causa que arrancó en diciembre de 2025 con la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el administrador de la sociedad navarra Servinabar, Antxon Alonso Egurrola, este último vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas maniobras para neutralizar procedimientos judiciales incómodos para el partido en el Gobierno se ha transformado en una macrocausa de corrupción que pone el foco sobre la integridad de la contratación pública estatal.
Una precisión necesaria: 25 investigados, no «21 cargos de la SEPI»
Conviene aclarar de entrada una imprecisión recurrente en las primeras coberturas. Aunque algunos titulares simplificaron el alcance de la resolución hablando de «cargos de la SEPI», la realidad procesal es que la providencia afecta a 25 personas. De ellas, solo cinco ocupan responsabilidades directas en la estructura matriz del holding. El resto se reparte entre directivos de empresas públicas participadas —como ENUSA, Mercasa o Isdefe—, altos funcionarios de la administración autonómica andaluza y ejecutivos de corporaciones privadas como Tubos Reunidos, Forestalia y Acciona.
El grupo «Hirurok» y la red de sociedades instrumentales
El procedimiento se sustenta en un voluminoso informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de más de 240 páginas, que detalla la actividad del núcleo autodenominado «Hirurok» («nosotros tres» en euskera), presuntamente integrado por Díez, Fernández y Alonso. Según los investigadores, este grupo habría empleado una red de sociedades pantalla —principalmente Servinabar 2000 SL y Mediaciones Martínez SL— para percibir comisiones ilegales estimadas en torno a 750.000 euros a cambio de mediar en adjudicaciones de obra, inversiones y expedientes de rescate.
La operativa bajo sospecha abarca un volumen acumulado de 132,9 millones de euros en fondos públicos y se articula en torno a cinco áreas de intervención: los contratos de Mercasa, las compras energéticas y de combustible de ENUSA, el rescate financiero de Tubos Reunidos, las obras de demolición del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y las inversiones en proyectos renovables del Grupo Forestalia. La Fiscalía aprecia, de forma genérica, indicios de los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, uso de información privilegiada y pertenencia a organización criminal.
El rescate de Tubos Reunidos, eje de la imputación de Gualda
El vector central de la imputación de la presidenta de la SEPI es el préstamo de 112,8 millones de euros concedido a la siderúrgica alavesa Tubos Reunidos en julio de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Según los indicios recabados por la UCO, el expresidente Vicente Fernández, pese a estar fuera del cargo, habría seguido ejerciendo como intermediario de facto en favor de la empresa, coordinando gestiones para agilizar el expediente.
La Fiscalía sostiene que los mensajes intervenidos reflejan el «compromiso» de Belén Gualda con el entonces CEO de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, para que la solicitud fuera aprobada en una fecha determinada. El expediente tropezó inicialmente con la oposición de la entonces secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen —miembro nato del Consejo Gestor del FASEE—, aparentemente por motivos medioambientales. Ante ese obstáculo, según el relato del Ministerio Público, la trama habría abierto una vía política a través del PNV, por medio de Antxon Alonso y Santos Cerdán. El Consejo Gestor aprobó finalmente la ayuda el 13 de julio de 2021, y el Consejo de Ministros la autorizó el 20 de julio.
Con posterioridad, la sociedad instrumental Mediaciones Martínez SL percibió de Tubos Reunidos 114.950 euros bajo la cobertura formal de contratos de consultoría y prospección de mercados, pagos que la UCO considera «mendaces» por entender que respondían realmente a las gestiones para que se aprobase la ayuda. Algunas fuentes elevan la contraprestación total vinculada a la operación hasta los 247.000 euros. Cabe recordar que Tubos Reunidos se encuentra actualmente en concurso de acreedores.
El patrón de Mercasa: sobrecostes y dictámenes de cobertura
Un patrón análogo se observa, según la instrucción, en la adjudicación del contrato de rehabilitación de la sede de Mercasa en el madrileño Paseo de la Habana. Las comunicaciones intervenidas a través de la aplicación de mensajería cifrada Threema evidenciarían que el coste del proyecto se incrementó artificialmente de 2,1 a más de 2,8 millones de euros en apenas tres días, tras reuniones de la trama en locales hosteleros madrileños.
Para dar cobertura jurídica a las decisiones predeterminadas en favor de la adjudicataria Acciona, la dirección de la empresa pública habría encargado un dictamen de 51 páginas al catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire por importe de 17.545 euros, parte de los cuales habría sido transferido posteriormente a las mercantiles de la trama.
Tabla de los 25 nuevos imputados
La siguiente tabla recoge la identidad de cada investigado, su cargo o vinculación institucional y el ámbito delictivo por el que se le investiga en esta fase de la instrucción. Conviene subrayar que la Fiscalía no realiza, por el momento, una atribución de delitos estancos a cada persona de forma aislada, sino que investiga la concurrencia de todos ellos en un haz delictivo común basado en la coautoría y la participación necesaria. Todas las personas relacionadas tienen la condición de investigadas y les ampara la presunción de inocencia.
| Nombre y apellidos | Cargo / Vinculación institucional | Ámbito delictivo investigado |
|---|---|---|
| Belén Gualda González | Presidenta de la SEPI | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización criminal e información privilegiada en la tramitación del FASEE |
| Miguel Ángel Santiago Mesa | Exdirector corporativo de la SEPI | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en procedimientos internos de la matriz |
| Rosario Martín Manzanedo | Directora de Participadas de la SEPI | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en la validación técnica de expedientes |
| Miguel Ángel Figueroa Teva | Director de Participadas III de la SEPI (2018-2021) y exinterventor general de la Junta de Andalucía | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal vinculada a la trama andaluza |
| Julián Mateos Aparicio Prieto | Responsable del seguimiento del expediente de rescate de Tubos Reunidos / FASEE | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización criminal y uso de información privilegiada |
| Félix Azcona Lacarra | Director de Gestión Interna de la SEPI | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en la tramitación interna de la matriz |
| Fernando Albert Aragón | Secretario general y director de Asesoría Jurídica de SEPIDES; presidente de la mesa de contratación del PEPA | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en el asesoramiento del sector público |
| María de la Concepción Ortiz Fuerte | Presidenta del TACRC y antigua alto cargo de la SEPI/ENUSA-Mercasa | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal |
| José Vicente Berlanga Arona | Expresidente de ENUSA Industrias Avanzadas | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización criminal e información privilegiada en contratos de suministro |
| Rosario Arévalo Sández | Directora corporativa de ENUSA y exconsejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en la gestión de compras |
| María Teresa Castillo Pasalodos | Directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia en Isdefe | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en expedientes tecnológicos |
| José Ramón Sempere Vera | Expresidente de Mercasa | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en sobrecostes de obras |
| Francisco Javier López Buciega | Exdirectivo de Acciona | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal como cooperador necesario en contratos de Mercasa |
| Juan Antonio Carrillo Donaire | Catedrático de Derecho Administrativo y exmiembro del Consejo Consultivo de Andalucía | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal por dictámenes de cobertura |
| Francisco Irazusta Rodríguez | Expresidente de Tubos Reunidos | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal por la concertación de comisiones de rescate |
| Carlos López de las Heras | Consejero delegado (CEO) de Tubos Reunidos | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal por el desvío de comisiones |
| Jesús Pérez Rodríguez Urrutia | Exconsejero de Tubos Reunidos | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal por intermediación y contratos de asesoría |
| Fernando Samper Rivas | Fundador y exdirector general del Grupo Forestalia | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal; con indicios de cohecho y blanqueo de capitales |
| Roberto Pérez Águeda | Vinculado a proyectos energéticos de Forestalia (presunto testaferro) | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal como cooperador necesario |
| Eduardo Pérez Águeda | Vinculado a proyectos energéticos de Forestalia (presunto testaferro) | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal como cooperador necesario |
| Carmelo Aznárez Pellicer | Economista y administrador de sociedades vinculadas a Forestalia (asesor fiscal de Santos Cerdán) | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal por la gestión de la infraestructura instrumental |
| Antonio José Sánchez Campos | Empresario del sector renovable (hijo del dueño de Forestalia) | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en la intermediación de proyectos energéticos |
| Marcos López Domingo | Vinculación administrativa con el Grupo Forestalia | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en tramitación de licencias y autorizaciones |
| Juan Ignacio Fernández-Micheltorena | Empresario del tejido industrial del País Vasco | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal como intermediario y facilitador financiero |
| Mikel Arrarás Abejón | Vinculado a la trama de intermediación | Tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal en la facilitación del cobro de comisiones |
Tres presidentes de la SEPI investigados: un escándalo de Estado
El dato que confiere a esta causa una dimensión de Estado es la concurrencia de tres presidentes sucesivos del holding en distintas investigaciones penales: el expresidente Vicente Fernández, el presidente que ejerció con carácter interino Bartolomé Lora y la actual presidenta Belén Gualda. Se trata de un organismo que administra participaciones estratégicas del Estado, incluidas empresas cotizadas, lo que dibuja un escenario de riesgo reputacional severo ante inversores y socios comerciales.
El caso resulta especialmente significativo por el perfil de Gualda. Nombrada presidenta el 30 de marzo de 2021, accedió al cargo avalada por una trayectoria eminentemente técnica: pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y presidió la Cámara de Cuentas de Andalucía. Que un perfil de control y fiscalización figure ahora entre los investigados ilustra cómo los canales formales de compliance en el sector público pueden ser sorteados por relaciones informales de autoridad o lealtad instaladas en la sombra.
Cabe consignar, en honor al rigor, los matices que apunta la propia defensa institucional. Fuentes jurídicas recuerdan que los atestados previos de la UCO no señalaban a Gualda, que su nombre no figuraba entre los denunciados en el auto de diciembre de 2025 y que un informe fiscal de mayo de 2026 recogía que la trama intentó interferir en su nombramiento sin conseguirlo, así como colocar a Leire Díez como su jefa de gabinete para «recuperar el control de la SEPI», objetivo que tampoco habría logrado.
La reacción del Gobierno
El Ejecutivo de Pedro Sánchez descartó el mismo lunes el cese de Gualda. Fuentes gubernamentales aseguran que su integridad «no está cuestionada» y asumen la imputación «con normalidad», como un cauce para que pueda ejercer su derecho de defensa. El Gobierno defiende, asimismo, la «pulcritud» del expediente de Tubos Reunidos y la «honestidad» del resto de trabajadores investigados.
Las grietas de la gobernanza pública
Más allá del recorrido judicial, que determinará en los próximos meses el alcance real de las responsabilidades, el caso expone debilidades estructurales en los sistemas de supervisión del sector empresarial del Estado. La permeabilidad mostrada por filiales estratégicas como ENUSA —dedicada al ciclo del combustible nuclear— o Mercasa —gestora de la red de abastecimiento alimentario— resulta especialmente preocupante. Los investigadores constatan que la trama aprovechó la discrecionalidad técnica inherente a los contratos de asesoría, comunicación y asistencia legal para justificar desvíos de fondos que después financiaban las comisiones.
De confirmarse los indicios, el episodio reclama reformas urgentes en tres frentes: auditoría concurrente e independiente de los fondos de rescate como el FASEE, para que las propuestas técnicas no dependan en exclusiva de la validación interna del holding; protocolización estricta de las relaciones con exdirectivos, con periodos de carencia reales que impidan la intermediación de facto; y fiscalización rigurosa de los contratos de asesoría jurídica y técnica, para evitar que las firmas de servicios profesionales operen como instrumentales de retribuciones indirectas.
Una causa con dimensión institucional
El avance de las diligencias sobre los dispositivos incautados por la UCO y las declaraciones de los 25 investigados marcarán el rumbo de una instrucción que ha dejado de ser un asunto de papeleo administrativo para convertirse en una prueba de fuego para la credibilidad institucional del holding industrial del Estado. Para la sociedad civil, el caso vuelve a poner sobre la mesa una exigencia básica del Estado de derecho: que la gestión de los recursos públicos se someta a controles efectivos y a una rendición de cuentas que no admita zonas de sombra.
Iniciativa 2028 seguirá la evolución de esta causa en su sección de Actualidad, en el marco de su compromiso con la defensa del orden constitucional, la transparencia y la regeneración democrática.
Todas las personas mencionadas se encuentran en condición de investigadas y les ampara el derecho a la presunción de inocencia. La instrucción judicial sigue su curso. Más información aquí: Casos de corrupción socialista.
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