Durante años se ha repetido que la inmigración es necesaria para sostener el Estado del bienestar y garantizar el futuro de las pensiones. Sin embargo, los únicos estudios oficiales que calculan la contribución fiscal neta por origen ofrecen un panorama muy distinto. Dinamarca y Países Bajos publican estos datos de forma oficial y, en España, la Fundación Disenso ha realizado un estudio aplicando una metodología similar.
Dinamarca: el coste anual ya supera los 4.200 millones de euros
El Ministerio de Finanzas danés calcula cada año cuánto aporta cada grupo de población mediante impuestos y cuánto recibe en prestaciones y servicios públicos.
Las conclusiones son contundentes:
- Daneses e inmigrantes occidentales: contribuyentes netos. Pagan más impuestos de los que reciben.
- Inmigrantes MENAT (Oriente Medio, Norte de África, Pakistán y Turquía): receptores netos durante todas las etapas de su vida.
Las cifras hablan por sí solas:
- Coste anual:000 millones de coronas (unos 4.200 millones de euros).
- El grupo MENAT concentra el 77 % del coste fiscal asociado a la inmigración.
- El Estado destina alrededor de 250 euros anuales por cada inmigrante MENAT, diferencia que termina financiando el contribuyente danés.
Países Bajos: 400.000 millones de euros en 24 años
Un estudio elaborado por la Universidad de Ámsterdam utilizando los microdatos oficiales del CBS calcula el impacto económico de la inmigración entre 1995 y 2019.
Resultado:
- Coste acumulado: 000 millones de euros.
Para entender la magnitud de la cifra, el propio estudio permite una comparación llamativa: equivale aproximadamente a todos los ingresos obtenidos por Holanda gracias a la explotación de gas natural desde 1963.
También diferencia claramente el perfil del inmigrante:
- Inmigrante laboral occidental: aporta alrededor de 000 euros durante toda su vida.
- Inmigrante llegado por asilo: supone un coste estimado de 000 euros a lo largo de su ciclo vital.
Según los datos citados, una familia neerlandesa soportaría aproximadamente 5.000 euros anuales para financiar ese déficit fiscal.
España: el mismo patrón según la Fundación Disenso
España no dispone de estadísticas oficiales equivalentes, pero el informe «La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado del bienestar», elaborado por la Fundación Disenso, aplica una metodología similar de análisis durante todo el ciclo vital.
Sus conclusiones indican que la inmigración mayoritariamente no cualificada presenta una contribución fiscal neta negativa.
El estudio estima que para que un trabajador extranjero compensara completamente el gasto público generado debería mantener un salario superior a 45.000 euros anuales durante toda su vida laboral, una renta que ni siquiera alcanza la mayoría de trabajadores españoles.
Cuando además se incorporan gastos como:
- Escolarización de los hijos.
- Sanidad.
- Prestaciones sociales.
- Menor participación laboral femenina.
- Salarios bajos.
El coste acumulado podría superar el millón de euros por familia durante varias generaciones.
Una comparación que invita al debate
Aunque cada país utiliza sus propios datos y circunstancias económicas, los tres estudios coinciden en un punto: el perfil laboral y salarial del inmigrante determina si su aportación fiscal resulta positiva o negativa.
Mientras la inmigración altamente cualificada suele convertirse en contribuyente neto, los estudios citados sostienen que la inmigración con baja cualificación y elevada dependencia de los servicios públicos termina generando un déficit que debe financiar el conjunto de los contribuyentes.
Más allá del debate político, la cuestión deja de ser ideológica para convertirse en una pregunta económica: ¿puede mantenerse un Estado del bienestar si quienes más utilizan sus recursos aportan menos de lo que reciben? La respuesta dependerá de la calidad de los datos, de la metodología utilizada y, sobre todo, de la capacidad de cada país para integrar laboralmente a quienes llegan.
