El líder de Junts, Carles Puigdemont, reconoce que aprovechó la necesidad de Pedro Sánchez de mantenerse en La Moncloa para arrancar concesiones que el PSOE había considerado imposibles. La amnistía, las negociaciones secretas en Suiza y la intervención de Zapatero dibujan el retrato de un presidente dispuesto a pagar un elevado precio político por conservar el Gobierno.
EL 19 de noviembre de 2026 Puigdemont desnuda a Sánchez
Carles Puigdemont ha decidido hablar. Y lo que cuenta resulta demoledor para Pedro Sánchez. No porque descubra que el independentismo utilizó sus votos para obtener ventajas políticas, algo conocido desde la investidura de 2023, sino porque reconoce abiertamente la estrategia con la que Junts explotó la necesidad del presidente socialista de continuar en el poder.
En una entrevista exclusiva concedida a Esteban Urreiztieta para El Mundo, el expresidente de la Generalitat relata cómo su formación detectó la debilidad parlamentaria de Sánchez, identificó su ambición política y decidió exprimirla hasta conseguir concesiones que pocos años antes parecían impensables.
La frase que resume aquella operación política es contundente: «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España».
No es una acusación de la oposición ni una interpretación de sus adversarios. Es el balance que hace el propio Puigdemont de su negociación con el PSOE.
Y deja una pregunta especialmente incómoda para el presidente del Gobierno: ¿hasta qué punto estaba dispuesto a modificar sus posiciones políticas para asegurarse los votos que necesitaba?
«Una persona amoral y con una ambición desmedida»
Puigdemont no se limita a presumir de las concesiones obtenidas. También describe con extraordinaria dureza al hombre cuya investidura facilitó.
«Sánchez es una persona amoral y con una ambición desmedida», afirma el dirigente independentista.
La declaración tiene una particular relevancia porque procede de quien negoció con el PSOE y contribuyó decisivamente a mantener a Sánchez en La Moncloa.
Según su relato, Junts nunca confió en los socialistas. Tampoco olvidó los ataques que había recibido durante la legislatura anterior. Pero cuando el PSOE necesitó sus votos, Puigdemont encontró una oportunidad que no estaba dispuesto a desperdiciar.
«Fueron ellos los que llamaron a la puerta. Nosotros no teníamos interés de ir a buscarles».
La iniciativa, por tanto, partió de los socialistas, según la versión del expresidente catalán. Y Junts respondió poniendo a prueba hasta dónde podía llegar la necesidad de Sánchez de conservar el Gobierno.
Puigdemont explica que decidieron comprobar hasta dónde alcanzaban la ambición de poder y el cinismo de sus interlocutores. El objetivo era conseguir aquello que los propios socialistas habían presentado anteriormente como imposible.
La operación revela un comportamiento político profundamente oportunista por parte del independentismo. Junts no acudió a la negociación movido por una voluntad de garantizar la estabilidad de España, sino para obtener el máximo rendimiento de una situación de debilidad ajena.
Y, según presume ahora su dirigente, la apuesta funcionó.
La amnistía: la concesión que ni Puigdemont esperaba conseguir tan fácilmente
Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista gira alrededor de la Ley de Amnistía.
Durante años, dirigentes socialistas habían rechazado públicamente esa posibilidad. Sin embargo, después de las elecciones de 2023, la necesidad de los votos de Junts coincidió con un cambio de posición del PSOE.
Puigdemont admite que esperaba encontrar una resistencia considerable. Pero sostiene que sucedió lo contrario.
«Aceptaron culturalmente la idea de amnistía. Esto fue bastante fácil».
La facilidad con la que, según su versión, los socialistas aceptaron aquella exigencia le sorprendió.
El dirigente independentista interpreta la concesión como una victoria de su movimiento y una derrota política para España. Incluso reconoce que esperaba que el PSOE defendiera con mayor firmeza sus posiciones anteriores.
«Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa agradable fue que no».
La declaración resulta especialmente incómoda para Sánchez.
Lo que el Gobierno presentó como una decisión política destinada a favorecer la convivencia aparece, en el relato de Puigdemont, como una concesión obtenida gracias a la necesidad parlamentaria del presidente.
Son dos interpretaciones radicalmente diferentes de una misma negociación. Pero la segunda procede precisamente de uno de sus principales beneficiarios.
Y hay más.
Puigdemont asegura que Junts intervino directamente en la elaboración de la norma, intercambiando borradores con los socialistas.
«Los puntos más críticos de la ley son nuestros».
La afirmación sitúa al independentismo no como un simple receptor de una medida gubernamental, sino como un actor que reivindica una participación decisiva en su redacción.
Una circunstancia que obliga a examinar hasta qué punto el contenido de aquella ley respondió a una iniciativa autónoma del Gobierno o a las condiciones impuestas por quienes tenían en sus manos los votos necesarios para investir a Sánchez.
El independentismo encontró una oportunidad y decidió aprovecharla hasta el límite
La entrevista también permite observar sin demasiados disfraces la estrategia de Puigdemont.
El expresidente catalán no oculta que pretendía sacar el mayor beneficio posible de las necesidades del PSOE. Su relato describe una negociación calculada, en la que cada concesión podía abrir la puerta a nuevas exigencias.
Amnistía, competencias, financiación, inmigración, reconocimiento nacional y mediación internacional formaron parte de las cuestiones abordadas.
El dirigente de Junts sabía que Sánchez necesitaba sus votos. Y utilizó esa dependencia para ampliar sus demandas.
No parece haber existido ninguna preocupación especial por las contradicciones que esas concesiones pudieran provocar dentro del PSOE ni por el coste político que representarían para el conjunto de España.
Puigdemont perseguía sus objetivos independentistas. Lo verdaderamente cuestionable para Sánchez es haber situado su continuidad política en una posición desde la que aquellas exigencias adquirieron semejante capacidad de presión.
El independentismo no necesitó ganar unas elecciones generales para condicionar decisiones fundamentales del Gobierno de España. Le bastó con convertirse en imprescindible para la investidura de quien quería seguir presidiendo el Ejecutivo.
Esa es una de las consecuencias políticas más relevantes que deja al descubierto la entrevista.
Suiza, Zapatero y las negociaciones lejos de los ciudadanos
Otro de los aspectos que adquiere especial importancia es la descripción de las reuniones celebradas en Suiza.
Puigdemont confirma que Junts exigió negociar en un espacio neutral, con mediación internacional y mecanismos para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.
El PSOE aceptó una fórmula extraordinaria para una negociación entre partidos españoles.
La imagen política resulta difícil de ignorar: un candidato a presidir el Gobierno de España necesitaba alcanzar un acuerdo con un dirigente independentista instalado en Bélgica, mientras parte de las conversaciones se desarrollaban en territorio suizo.
Puigdemont también explica el papel desempeñado por José Luis Rodríguez Zapatero.
Según su versión, Junts rechazó inicialmente que Félix Bolaños actuara como interlocutor y los socialistas terminaron proponiendo al expresidente del Gobierno.
Zapatero se convirtió así en una figura relevante dentro de una negociación cuya dimensión iba mucho más allá de un simple intercambio de apoyos parlamentarios.
La pregunta de fondo es por qué Sánchez consideró aceptable asumir semejantes condiciones para conseguir una investidura.
Porque negociar forma parte de la democracia. Pero también es legítimo exigir explicaciones cuando una negociación afecta a cuestiones de tanta trascendencia institucional y se desarrolla mediante compromisos cuyo alcance no siempre resulta evidente para los ciudadanos.
Las exigencias no terminaron con la investidura
Puigdemont también presume de haber llevado al Gobierno al límite en determinadas negociaciones posteriores.
Entre ellas menciona la delegación de competencias en materia de inmigración, la presencia de los Mossos d’Esquadra en controles fronterizos y cuestiones relacionadas con la documentación de extranjeros.
No todas esas pretensiones terminaron materializándose. Algunas encontraron obstáculos parlamentarios y otras quedaron pendientes.
Sin embargo, el relato del dirigente independentista demuestra que Junts continuó utilizando su capacidad de presión mucho después de la investidura.
En materia de financiación, Puigdemont explica que su formación defendió un modelo basado en la soberanía fiscal catalana y rechazó alternativas que no respondieran a ese planteamiento.
También reconoce que no logró imponer sus principales aspiraciones sobre el referéndum de autodeterminación y el concierto económico.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que Sánchez aceptó absolutamente todas sus exigencias.
Pero lo que sí reconoce Puigdemont es que su partido consiguió situar sobre la mesa asuntos que anteriormente encontraban un rechazo frontal en el PSOE.
Y que utilizó la debilidad parlamentaria del Gobierno como principal instrumento de negociación.
De socio imprescindible a acusador implacable
La entrevista contiene otra contradicción política especialmente significativa.
Puigdemont, que obtuvo concesiones decisivas gracias a su capacidad para facilitar la investidura de Sánchez, aparece ahora atacando con dureza al mismo presidente cuya continuidad contribuyó a garantizar.
Primero aprovechó su necesidad de apoyos. Después reivindicó públicamente los beneficios obtenidos. Y finalmente convirtió aquella relación en un argumento contra el propio Sánchez.
El comportamiento retrata una forma de entender la política en la que las alianzas son instrumentos temporales y las debilidades del adversario, oportunidades que deben explotarse sin contemplaciones.
Puigdemont no expresa arrepentimiento por aquella estrategia. Al contrario: presume de ella.
Y Sánchez queda situado en una posición particularmente comprometida.
Porque el dirigente que facilitó su investidura no reivindica haberlo hecho por confianza, afinidad o coincidencia en un proyecto compartido de país. Reconoce que vio una oportunidad para avanzar en los objetivos del independentismo y decidió aprovecharla.
El presidente socialista puede defender sus acuerdos, justificar sus decisiones y argumentar que respondieron a la necesidad de formar Gobierno.
Lo que difícilmente puede evitar es que uno de sus principales interlocutores describa públicamente aquella negociación como una operación destinada a obtener ventajas de su ambición personal.
La factura política de mantenerse en La Moncloa
Las declaraciones de Puigdemont llegan en plena campaña electoral y sitúan nuevamente los pactos de 2023 en el centro del debate nacional.
Pero su trascendencia supera el calendario electoral.
La cuestión fundamental es la relación entre las convicciones políticas de un presidente y las concesiones que está dispuesto a realizar cuando su continuidad depende de partidos con objetivos abiertamente enfrentados a su proyecto territorial.
Sánchez defendió durante años determinadas posiciones sobre el independentismo y la amnistía. Después modificó algunas de ellas para alcanzar acuerdos que hicieron posible su investidura.
Puigdemont interpreta ese cambio como el resultado de una ambición política que Junts supo utilizar en su beneficio.
Y esa interpretación, procedente de uno de los protagonistas directos de las negociaciones, representa un severo golpe para la credibilidad del presidente socialista.
El dirigente independentista reconoce que buscó aprovecharse de Sánchez. Y Sánchez deberá explicar por qué aceptó pagar el precio político de aquella dependencia.
Porque una cosa es negociar para gobernar y otra muy distinta es transmitir la impresión de que las posiciones defendidas ante los ciudadanos pueden modificarse cuando los votos necesarios para continuar en el poder están en juego.
Puigdemont ha dejado clara su estrategia, sus objetivos y el provecho que asegura haber obtenido.
Ahora la responsabilidad de dar explicaciones corresponde a Pedro Sánchez.
El balance que deja la entrevista es devastador: Puigdemont presume de haber utilizado la ambición del presidente para arrancarle concesiones, mientras el PSOE debe responder por decisiones que su propio socio de investidura presenta como victorias del independentismo frente a España.




