Lo ocurrido en Ceuta en las últimas cuarenta y ocho horas no es un repunte migratorio ni un episodio de presión fronteriza. Es el mayor colapso de una frontera exterior europea en la historia democrática española. El Ministerio del Interior cifra en 49.000 las personas entradas desde Marruecos por mar y tierra en veinticuatro horas; el delegado de JUPOL en la ciudad eleva la estimación a 50.000. En una ciudad de 83.000 habitantes, la población se ha duplicado en un día. La Stampa y Corriere della Sera lo titulan sin eufemismos: asalto a Europa. En España, buena parte de la ciudadanía lo llama por su nombre: invasión.
Los hechos, sin maquillaje
Miles de personas han bordeado a nado los espigones de El Tarajal y Benzú ante una permisividad marroquí que difícilmente puede atribuirse al azar. Se han recuperado 24 cadáveres en aguas ceutíes, que se suman a los 49 muertos de lo que va de año. El Gobierno ha desplegado a las Fuerzas Armadas, ha cerrado el paso de Beni Enzar en Melilla y ha dejado atrapados a cientos de viajeros del Paso del Estrecho. Ceuta ha suspendido sus Fiestas Patronales y el comercio ha echado el cierre. Unos 7.000 de los llegados son menores, sobre un sistema de protección que ya trabajaba desbordado.
El presidente de la Ciudad Autónoma pidió la declaración de emergencia nacional. El Gobierno se negó. Esa negativa mide la gravedad del problema: no es solo que el Estado haya perdido el control de la frontera, es que se resiste a admitirlo.
El vacío jurídico que nadie corrigió
Como jurista debo señalar el eslabón que ha hecho posible esta invasión de Ceuta. La disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 estableció un régimen especial de rechazo en frontera para Ceuta y Melilla, avalado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso N.D. y N.T. contra España. Este mismo mes, el Tribunal Supremo ha interpretado que ese mecanismo no ampara a quienes acceden por vía marítima. El efecto práctico es que rodear el espigón a nado se ha convertido en la vía segura de entrada, y decenas de miles de personas lo han entendido en horas.
Una sentencia se acata. Pero cuando una resolución judicial abre una brecha en una frontera exterior de la Unión Europea, corresponde al Gobierno y a las Cortes cerrarla por vía legislativa de inmediato. Han pasado semanas y no se ha movido un solo artículo. Esa inacción no es neutral: es una decisión política, y hoy sus consecuencias flotan en el mar de Ceuta.
El efecto llamada no es una opinión
El Gobierno niega cualquier relación entre su política migratoria y lo ocurrido. Tras la regularización extraordinaria de abril, el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, cifra en más de 500.000 los irregulares beneficiados; el Partido Popular eleva la cifra por encima del millón. Sea cual sea el dato exacto, el mensaje recibido al otro lado del Estrecho es inequívoco: quien pise suelo español acabará teniendo papeles. Las mafias que organizan estos flujos no leen boletines oficiales, leen incentivos.
El precio no lo pagan quienes emitieron ese mensaje. Lo pagan los ceutíes, que no pueden salir a la calle; los 580 policías de una plantilla insuficiente; y sobre todo los veinticuatro muertos recuperados del agua. Una política migratoria que produce ahogados no es humanitaria: es una política fracasada.
España, señalada en Europa
La invasión de Ceuta ha colocado a España en una posición internacional inédita. Italia plantea abiertamente suspender el espacio Schengen con nuestro país; Finlandia se suma y sostiene que quien no protege la frontera exterior no puede pertenecer al área de libre circulación; Francia ha reforzado los controles y activado su Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida; los Países Bajos reclaman a España que haga «lo necesario». La respuesta del ministro Albares ha sido convocar al embajador italiano. Confrontar con los socios en lugar de recuperar la frontera es exactamente lo contrario de lo que exige el momento.
Lo que exigimos al Gobierno de España
- Reforma urgente por decreto-ley de la disposición adicional décima de la LO 4/2000, extendiendo el rechazo en frontera al perímetro marítimo de Ceuta y Melilla con las garantías del artículo 13.4 de la Constitución.
- Convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad Nacional y activación del Sistema Nacional de Gestión de Crisis, con evaluación honesta de los instrumentos del artículo 116 CE.
- Aplicación efectiva del Acuerdo de readmisión con Marruecos de 1992 y del convenio bilateral de 2007 sobre menores, con garantías individuales.
- Invocación del mecanismo europeo de instrumentalización (Reglamento UE 2024/1359) y solicitud formal de despliegue de Frontex.
- Comparecencia inmediata del presidente del Gobierno en el Congreso y renuncia expresa a cualquier nueva regularización extraordinaria.
- Determinación rigurosa de la edad de los presuntos menores y refuerzo real del sistema de protección de Ceuta.
La soberanía que no se ejerce, se pierde
Ceuta es España y es Europa. Una nación que no puede decidir quién entra en su territorio ha dejado de ejercer la más elemental de sus competencias soberanas. No pedimos crueldad: pedimos ley, control y verdad. Exigimos al Gobierno que actúe hoy, no cuando la crisis se haya trasladado a la siguiente ciudad. Y le recordamos, en vísperas del 50º aniversario de la Constitución, algo que ningún ejecutivo debería necesitar oír: la soberanía que no se ejerce, se pierde.
Elena Ramallo, doctora en Derecho.
Iniciativa 2028 de la Sociedad Civil Española · 31 de julio de 2026.
