Los Ayuntamientos de Pozuelo y de Pinto cercanos a Madrid, han emitido órdenes de clausurar los Centros de MENAS que habían sido impuestos por el Gobierno, al carecer de las licencias necesarias para su actividad. Canarias por su parte también se encuentra en pie de guerra contra estas situaciones.
Y el mismo camino lleva Castro-Urdiales en Cantabria, cuyos ciudadanos están pidiendo a su Ayuntamiento las explicaciones legales que su alcaldesa se niega a facilitar.
Por mucho que quiera este gobierno imponer su rodillo progresista, si estos Centros no cumplen requisitos, se convierten en ilegales y no pueden abrirse.
Es penoso el sufrimiento de estos menores no acompañados (MENAS) y hay que ayudarles sin duda por humanidad, pero la responsabilidad no recae en los vecinos de estas ciudades que también tienen ya sus problemas, sino que viene provocada por sus familiares que los lanzan desde sus países, Marruecos especialmente, a la emigración por razones mayoritariamente económicas, junto al efecto llamada de este gobierno cómplice, que abre las fronteras españolas sin control.
Un Centro de este tipo para MENAS consume ingentes recursos entre ayudas económicas de largo plazo, contratación de personal y gastos corrientes de las instalaciones. Y más grave aún, con escasos índices de integración en nuestra cultura democrática occidental. Todo ello detrae recursos para los propios españoles que también lo necesitan.
Adjuntamos seguidamente, como ejemplo de esta situación, un comunicado de los vecinos de Castro-Urdiales, dado el silencio que ya dura más de dos meses, de su alcaldesa socialista y la inactividad de los Partidos de la oposición local.
