Ley de Nietos: el debate sobre la historia y el alcance de la nacionalidad
El periodista, historiador y diputado madrileño Pedro Corral analiza en OKDIARIO el conflicto jurídico y político surgido alrededor de la denominada «Ley de Nietos». El punto central del debate que señala es si una instrucción administrativa puede ampliar el alcance de una ley aprobada por las Cortes. En concreto, cuestiona la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que establece una presunción de condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955.
Corral centra buena parte de su argumentación en la diferencia histórica entre exilio político y emigración económica. Según los datos históricos que cita del diplomático e historiador Javier Rubio, al finalizar la Guerra Civil unos 500.000 españoles se encontraban fuera de España, pero el número de exiliados permanentes habría quedado posteriormente en torno a 182.000. El autor contrapone esta cifra con los aproximadamente 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad que atribuye a la aplicación de la Ley de Nietos, destacando especialmente el elevado número procedente de países americanos.
El artículo expone también que, a partir de 1945, el régimen franquista comenzó a facilitar progresivamente el regreso de determinados exiliados y que, desde 1946, se produjo una importante emigración económica hacia América. Corral cita un estudio de Salustiano del Campo según el cual 315.091 personas emigraron a América entre 1946 y 1955, un dato que utiliza para cuestionar que todas las personas que abandonaron España durante ese periodo puedan ser consideradas exiliadas políticas.
El autor concluye que la aplicación de la norma debería distinguir con rigor entre las distintas causas de emigración y respetar tanto la verdad histórica como la seguridad jurídica. Su tesis es que una reparación destinada a quienes realmente sufrieron el exilio no debería extenderse automáticamente a situaciones históricas diferentes.
El asunto continúa además en el ámbito judicial: el Tribunal Supremo está examinando precisamente el alcance de la instrucción administrativa y su relación con la Ley de Memoria Democrática.
Nota de i28: las cifras históricas y las referencias documentales son las que aporta Pedro Corral en su artículo; sus acusaciones de «manipulación» o de utilización política de la norma son valoraciones del autor, no hechos judicialmente establecidos.
Dos verdades para desmontar la Ley de Nietos
«El meollo jurídico que se dirime en el Tribunal Supremo sobre la llamada Ley de Nietos es si una mera instrucción de una directora general puede modificar el sentido y la extensión de una ley aprobada por las Cortes»…
Europa reclama respuestas y cooperación ante la crisis de Ceuta
La resolución del Parlamento Europeo no se limita a analizar los acontecimientos de Ceuta. También reclama actuaciones concretas a España, Marruecos y las instituciones europeas para recuperar la normalidad y reforzar la protección de las fronteras.
La Eurocámara insta al Gobierno español a adoptar medidas urgentes para restablecer la seguridad y prestar apoyo económico a empresas, trabajadores y residentes afectados. También recuerda que la Audiencia Nacional asumió la investigación judicial sobre la entrada masiva, al considerar que los hechos podrían constituir un grave atentado contra la integridad territorial de España.
En el ámbito europeo, la resolución destaca que la Comisión concedió a España 114,7 millones de euros de ayuda financiera de emergencia para hacer frente a la crisis y pide utilizar también los recursos materiales y el apoyo operativo de las agencias europeas.
Respecto a Marruecos, el Parlamento Europeo reclama que cumpla sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno y cooperación migratoria. El texto establece que esa cooperación debe estar basada en el respeto de la integridad territorial de los Estados miembros y afirma que cualquier declaración que cuestione la soberanía española resulta incompatible con las obligaciones de un país socio de la Unión.
Además, la Eurocámara pide a la Comisión y a la Alta Representante de la UE que analicen las circunstancias de los acontecimientos de julio utilizando también información policial y de inteligencia, incluida la posible participación o inacción deliberada de agentes estatales y no estatales.
La resolución plantea así una respuesta europea basada en seguridad fronteriza, cooperación, retorno, investigación y protección de Ceuta y Melilla, dentro del marco del Derecho de la Unión y del Derecho internacional.
