En su artículo: «Ilegalización del PSOE: la sombra de la mafia siciliana», publicado en El Debate, Elena Ramallo Miñán aborda las graves acusaciones que rodean a las actuaciones presuntamente dirigidas contra la Jueza Beatriz Biedma, Magistrada que investigó al hermano del Presidente del Gobierno.
Según recoge la autora, Biedma ha acudido a la Audiencia Nacional y ha denunciado presuntos contactos de personas del entorno del PSOE con individuos vinculados al narcotráfico con el objetivo de apartarla de la causa. La investigación judicial deberá determinar qué ocurrió realmente.
Ramallo considera especialmente preocupante que una Magistrada pueda sentirse amenazada o intimidada precisamente mientras desarrolla una investigación relacionada con el entorno familiar del Presidente.
A partir de ahí establece una comparación histórica con la mafia siciliana y con los asesinatos de los Jueces italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, aunque subraya que en España son las investigaciones judiciales las que deben determinar si las acusaciones tienen fundamento.
El artículo plantea además una cuestión de enorme trascendencia institucional: si las investigaciones llegaran a acreditar una actuación grave y reiterada atribuible al propio Partido, ¿deberían activarse los mecanismos previstos en la Ley de Partidos?
La autora recuerda que la ilegalización de una formación política no puede basarse en sospechas sobre personas concretas, sino en hechos que pudieran ser jurídicamente imputables al Partido en los términos establecidos por la legislación.
El debate cobra especial relevancia porque, paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado que existen indicios de implicación del PSOE en el denominado caso Leire Díez, aunque considera prematuro imputar actualmente al Partido y ha pedido completar determinadas diligencias.
Para i28, el fondo de la cuestión trasciende las siglas políticas: la Independencia judicial, la Separación de poderes y la protección de quienes investigan al Poder son elementos esenciales de un Estado de derecho. Las acusaciones deben ser investigadas con todas las garantías y, si se acreditan responsabilidades, estas deben determinarse conforme a la Ley, sin privilegios ni excepciones.
Ilegalización del PSOE: la sombra de la mafia siciliana
«Una Sociedad que escucha la denuncia de Biedma y mira hacia otro lado tiene un problema de valores y principios. La Democracia no muere solo cuando alguien cercano al Gobierno quiere silenciar a un Juez, muere cuando los ciudadanos se acostumbran a callar y a normalizar las actuaciones propias de la mafia en sus Instituciones»…
