Hay una aforismo atribuido a Groucho Marx, aunque probablemente apócrifo, que resume con la elegancia de lo verdadero el funcionamiento del socialismo andaluz contemporáneo: hemos tocado fondo y nos ponemos a escarbar. María Jesús Montero, durante el último debate televisado antes de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, ha alcanzado un nuevo récord en esa disciplina de excavación a la que su partido lleva entregándose con disciplina prusiana desde que perdió la Junta en 2018. Lo ha hecho, además, con tres días para evitarlo, lo cual añade al gesto la perfección de la imposibilidad.
El viernes 8 de mayo, dos agentes de la Guardia Civil, el capitán Jerónimo J. M., de cincuenta y cinco años, y el guardia Germán P. G., de cincuenta y seis, perdieron la vida a ochenta millas de la costa de Huelva persiguiendo una narcolancha durante una operación nocturna. Sus compañeros llevaban desde agosto de 2025 advirtiendo por escrito a sus mandos y al órgano de prevención de riesgos laborales que las patrulleras que se les asignaban no reunían las condiciones técnicas mínimas para enfrentarse a embarcaciones de cuatro motores tripuladas por mafias internacionales. Pedían patrulleras rápidas. Pedían visores nocturnos. Pedían un mínimo de cuatro agentes por unidad. Las advertencias quedaron archivadas en algún cajón del Ministerio del Interior, que ya tenía bastante con explicar el caso de Barbate de 2024, donde otros dos agentes habían muerto en circunstancias prácticamente idénticas. La continuidad administrativa es admirable.
El lunes 11 de mayo, en el debate de Canal Sur, María Jesús Montero abordó la tragedia con la siguiente fórmula textual: «Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y por tanto todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales.» Y se quedó tan tranquila.
Conviene leer esa frase dos veces, despacio, porque encierra una de las operaciones lingüísticas más reveladoras del momento político español. Dos agentes del Estado mueren en una operación armada contra el narcotráfico internacional, embestidos por una embarcación criminal tripulada por delincuentes que actuaban con plena consciencia de lo que hacían. Y la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía lo encuadra en la categoría administrativa de la siniestralidad laboral, como si los agentes hubieran caído de un andamio mal anclado o se hubieran electrocutado reparando un cuadro eléctrico defectuoso. No es un desliz. Es una decisión de marco. Una elección de palabras tan precisa que solo puede ser deliberada o profundamente reveladora del lugar donde ese partido sitúa, en su tabla mental de prioridades, a quienes mueren defendiendo la frontera del Estado.
Las asociaciones profesionales reaccionaron con la inmediatez de quienes saben perfectamente lo que está en juego. JUCIL, AUGC, JUPOL, SUP: todas exigieron rectificación inmediata. Todas señalaron lo evidente: un accidente laboral implica un fallo en las medidas de prevención. Un acto de servicio implica un riesgo extraordinario inherente a la defensa del orden público. La diferencia no es retórica. Es jurídica, económica y simbólica. La pensión de viudedad, las cruces al mérito, la responsabilidad patrimonial del Estado, la consideración de profesión de riesgo — todo eso depende de qué nombre se le ponga a la muerte. Y el nombre que le había puesto María Jesús Montero era el que más barato le salía al Ministerio.
Porque hay una segunda lectura, todavía más incómoda, que la prensa ha empezado a apuntar: la calificación de «accidente laboral» exime al Estado de la responsabilidad patrimonial por haber enviado a esos agentes a una operación en condiciones de inferioridad técnica documentada durante meses. Si fue un accidente, no hubo negligencia. Si no hubo negligencia, no hay demanda. Si no hay demanda, Marlaska duerme tranquilo. La operación verbal protege al ministro al precio de degradar a los muertos. Una elegancia.
Tres horas después, viendo que el incendio se descontrolaba y que las redes ardían y que las asociaciones policiales emitían comunicados a velocidad de tweet, Montero rectificó. Dijo que por supuesto eran muertes en acto de servicio, que así debía reconocerse siempre, que sus palabras habían sido malinterpretadas. La candidata más poderosa de la democracia española, según ella misma se había definido siete semanas antes, no había sido capaz de prever que llamar accidente laboral al asesinato de dos guardias civiles en plena campaña electoral podía tener consecuencias. La autoconciencia política tiene también sus límites.
Y aquí entra el aspecto verdaderamente extraordinario del asunto, el que hace que esta historia trascienda el desliz de campaña para convertirse en algo de mayor calado. Porque si uno escarba — esa palabra otra vez — en la posición que el PSOE y Sumar han mantenido durante esta legislatura sobre el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, descubre algo notable: el bloque de gobierno ha votado en contra de esa calificación setenta y una veces en el Congreso. La última, precisamente esta semana, coincidiendo con la tragedia de Huelva. Setenta y un noes. Setenta y un votos para impedir que se reconozca legalmente lo que cualquier ciudadano sabe sin necesidad de votarlo: que ser guardia civil persiguiendo narcolanchas en alta mar a las tres de la madrugada implica un riesgo extraordinario. La frase de Montero, en realidad, no fue un lapsus. Fue una coherencia. La calificó de accidente laboral porque para el PSOE eso es lo que es, votación tras votación.
Ahora vamos al segundo movimiento de esta sinfonía. Porque mientras el PSOE-A se hundía en el episodio de Huelva, las encuestas seguían publicándose, y los datos que dibujan son de los que requieren mantener la calma incluso cuando uno ha leído mucho.
El PSOE andaluz, según las últimas encuestas publicadas antes del cierre legal del lunes 12 de mayo, oscila entre el veinte y el veintiséis por ciento del voto. El sondeo de 40dB para El País lo sitúa en el veintitrés por ciento, lo que supone el peor resultado del partido en Andalucía desde 1982. Léase con atención: el peor resultado desde 1982. Es decir, antes de que Felipe González ganara su primera mayoría absoluta. Antes de que el PSOE-A se convirtiera en la maquinaria que durante cuatro décadas controló absolutamente todo lo que se movía entre Despeñaperros y Tarifa. El socialismo andaluz vuelve, en términos de apoyo electoral, al territorio anterior al inicio de su hegemonía.
Y esa hegemonía, conviene tenerla presente, fue una hegemonía de naturaleza histórica excepcional. El PSOE-A gobernó la Junta de Andalucía durante cuarenta años y siete meses, desde el 27 de mayo de 1978 hasta el 18 de enero de 2019. Catorce mil ochocientos cuarenta y cinco días de poder ininterrumpido. Para que el lector tenga una referencia comparativa, Franco gobernó España, computando desde el final de la Guerra Civil hasta su muerte, durante trece mil trescientos ochenta y dos días. El PSOE controló Andalucía cuatro años más, exactamente mil cuatrocientos sesenta y tres días más, de los que Franco controló España. Cuatro años más de monopolio institucional ininterrumpido, presupuestos diseñados desde la misma familia política, redes clientelares idénticas, mismas siglas, mismos apellidos repetidos en los carteles electorales generación tras generación.
Pues a ese partido le toca ahora, el próximo domingo, descubrir si va a ser tercera fuerza en alguna provincia de su antiguo califato. Porque eso es lo que dibujan las encuestas en Almería, en Cádiz, en Granada y posiblemente en Málaga. VOX, una formación que en Andalucía no existía hace diez años y que en 2022 cosechó catorce escaños con el trece coma cinco por ciento de los votos, podría adelantar al PSOE en cuatro provincias. En Almería, donde el voto rural agrícola se ha desplazado en bloque. En Cádiz, donde el problema del narcotráfico — agudizado precisamente por episodios como el de Huelva — ha movido al electorado costero hacia posiciones de seguridad. En Granada, donde VOX ya capturó el catorce coma dos por ciento en 2022 y consolida posiciones. En Málaga, donde la presencia urbana y rural del partido se ha equilibrado. Todo ello reforzado por haber creado un marco de interés en la campaña con su propuesta de Prioridad Nacional en Andalucía.
Si el sorpasso provincial se confirma, los titulares del lunes 18 de mayo van a contener una frase que ningún militante socialista andaluz se imaginaba leer en su vida: «El PSOE, tercera fuerza en Andalucía.» Tercera fuerza en la región donde el PSOE-A se construyó, donde tuvo durante décadas más afiliados que en cualquier otra comunidad autónoma, donde sus presidentes Chaves y Griñán reinaron con la majestad de los virreyes y la prudencia que hoy investigan los tribunales. Tercera fuerza, por detrás de un partido fundado en 2013.
Esto se llama, en cualquier idioma humano, humillación. Y la humillación, en política, es la única lección que se aprende verdaderamente. Las derrotas se digieren, los reveses se justifican, los traspiés se explican. La humillación se recuerda. Y los socialistas andaluces van a recordar este 17 de mayo durante mucho tiempo, salgan los números que salgan, porque la espiral en la que están atrapados ha llegado a un punto en el que cada decisión empeora la situación anterior. Eligieron a Montero porque era la candidata con más peso institucional, y resulta que el peso institucional era exactamente lo que el votante andaluz no quería. Apostaron por presentarla como la mujer más poderosa de la democracia, y los andaluces interpretaron correctamente el mensaje: si era la más poderosa, también era la más responsable del desastre. Mandaron a Marlaska a los actos de la Guardia Civil después de la tragedia de Huelva, y los abucheos en Baeza ocuparon más portadas que el discurso que pronunció. Permitieron que Montero hablara de accidente laboral en el último debate televisado, y la rectificación llegó cuando todos los telediarios ya habían abierto con el clip.
El aforismo se cumple con la precisión de un reloj suizo. Hemos tocado fondo, y nos ponemos a escarbar. El problema es que cuando uno escarba durante cuarenta años, encuentra cosas que preferiría no haber desenterrado. Como, por ejemplo, el suelo electoral más bajo del partido desde 1982. Como el espectáculo de ver al sucesor del PSOE de Chaves, Griñán y Susana Díaz quedar por detrás de Santiago Abascal en cuatro provincias.
El próximo domingo lo veremos. Mientras tanto, los andaluces siguen votando, los guardias civiles siguen muriendo en el mar, y María Jesús Montero sigue siendo, según sus propias palabras, la mujer más poderosa de la democracia española. Una conclusión perfectamente coherente con todo lo demás.
