La Real Academia de la Lengua da varios significados del término corrupción. Uno de ellos “descomposición”, otro “deshonestidad”.
- El primero alude a un fenómeno natural y necesario en la vida, pues si ningún ser vivo se descompusiera tras su muerte, es obvio que no habría sitio disponible para sus descendientes y el ciclo biológico quedaría bloqueado.
- El segundo, por el contrario, no debería ser natural puesto que alude a una degradación de los valores, que por mero sentido común deben mantenerse pues son el fundamento de armonía en la vida humana. La corrupción económica se manifiesta en apoderarse de bienes que son de todos o de otros, violando las leyes que los protegen. Pero no es la peor corrupción posible. La más grave es la corrupción política que se caracteriza por violar los principios jurídicos, retorciéndolos lo que da lugar a incoherencias que el sentido común repudia.
Corrupción política del PSOE y el caso de los EREs
En España hemos tenido el caso más grave y flagrante que ha habido en la Europa del siglo XX. Consistió en montar una ingeniería administrativa corrupta para violar, y esconder la violación, de la Ley General de Subvenciones. Los Expedientes de Regulación de Empleo, son un procedimiento legal que permite a las empresas realizar un despido colectivo o suspender contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Para compensar el problema social que ese tipo de circunstancias crean, la Administración estudia la petición que formula la empresa, generalmente en acuerdo con los sindicatos o representantes de los trabajadores. Si estima que las causas están justificadas, aporta unos fondos para ayudar a empresas en crisis a pagar las prejubilaciones de sus trabajadores.
Todas las empresas saben que existen esas ayudas. Aparecen en el presupuesto público y tienen derecho a solicitarlas, para ellas y sus trabajadores, y recibirlas, en su caso, como subvenciones, sometidas a la normativa legal.
¿Cuál fue el problema de los EREs en Andalucía? Simplemente que fueron falsos EREs. Fueron una vía que permitió que se dieran ayudas económicas, sin atenerse al procedimiento legal establecido, y sin concurrir, en igualdad, con el resto de empresas y trabajadores de Andalucía.
¿Cómo se hizo?
- En primer lugar, la Junta de Andalucía, creó en los presupuestos de la Comunidad, unas partidas para transferirlas a una empresa pública (IFA y después IDEA) que luego se encargaría de su reparto de forma opaca y a quien decidiera la Administración.
- Los sindicatos, fundamentalmente UGT y CC.OO, actuaban como intermediarios, con las empresas que estimaran oportuno.
- Al final, las empresas amigas que habían logrado la ayuda de los sindicatos, o del omnipotente gobierno del PSOE, recibían fondos, paliaban su situación económica, dando, en muchos casos, contrapartidas a los intermediarios, prejubilaciones a personas que ni siquiera trabajaban en ellas, etc.
- El resto de empresas y trabajadores de Andalucía quedaban al margen de pedir ayudas. Eso reforzaba socialmente el poder del PSOE y de UGT y CC.OO y ayudaba a mantener el voto cautivo para una izquierda que gobernó Andalucía los 40 primeros años de la democracia.
¿Dónde había quedado su famoso eslogan “cien años de honradez”?
Cuando al final se descubrió el pastel. resultó que los participantes en esa corrupción política se habían gastado 680 millones de euros de dinero público para favorecer a sus amiguetes. Coherentemente, la Audiencia Provincial de Sevilla primero, y después el Tribunal Supremo, condenaron los hechos e impusieron graves penas que alcanzaron a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por delitos muy graves de corrupción política: prevaricación, es decir dictar disposiciones injustas a sabiendas de lo que haces, y malversación, es decir, destinar fondos públicos a una finalidad para la que no están presupuestados.
Pero no acabó ahí el asunto. A pesar del evidente y demostrado hecho de que no se había respetado la normativa de subvenciones y de que se habían dado las ayudas a dedo, se recurrió al Tribunal Constitucional. Para sorpresa de la mayoría de juristas, el TC en 2024 sentenció que como el Parlamento Andaluz había aprobado los sucesivos presupuestos, era el propio Parlamento el responsable de lo que había pasado. El mínimo sentido común nos dice que es absurdo, pues una cosa es crear una partida presupuestaria y otra, muy distinta, el usarla en contra de lo que establece la ley o para fin distinto del presupuestado. Siete votos, contra cuatro, liberaron de culpa a los participantes en el fraude de los ERE. ¿Fue eso una interpretación correcta de los hechos? ¿No crea eso un precedente de impunidad para la clase política? La Audiencia de Sevilla lo planteó, en julio de 2025, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero, en abril de 2026, la Comisión Europea solicitó formalmente al TJUE que se declare «manifiestamente incompetente» para pronunciarse sobre el caso.
Afortunadamente el juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, acaba de abrir otra vía para que el TJUE intervenga contra la «impunidad» en los ERE: los gobiernos andaluces del PSOE podrían haber vulnerado el Régimen Europeo de «Ayudas de Estado» ya que nunca informaron a la UE sobre las ayudas concedidas por la vía de los falsos EREs. Los ciudadanos andaluces tienen ahora la oportunidad de decir si la izquierda andaluza debe, o no, ser castigada por la gravísima corrupción política del caso de los EREs.
Los EREs, la corrupción más grave en la Europa del siglo XXI
