La Junta de Andalucía ha iniciado una nueva etapa política con la investidura de Juanma Moreno (PP) como Presidente, conformando un gobierno de coalición que integra por primera vez a VOX en el ejecutivo regional. Este cambio de configuración gubernamental, que se materializó el 2 de julio de 2026 en segunda votación por mayoría simple, marca un hito en el panorama político andaluz.
La investidura de Moreno fue posible gracias al respaldo de VOX. El Partido Popular, con 53 escaños, se situó a dos de la mayoría absoluta (fijada en 55). La aportación de los 15 escaños de VOX sumó un total de 68 apoyos al bloque de investidura, asegurando la gobernabilidad. Como parte del acuerdo programático, Manuel Gavira, de VOX, ha asumido una vicepresidencia y la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, lo que representa la primera vez que la formación entra en el Consejo de Gobierno andaluz.
Andalucía se convierte así en la cuarta Comunidad Autónoma española en contar con un gobierno de coalición entre el Partido Popular y VOX, siguiendo los precedentes establecidos en Extremadura, Castilla y León y Aragón. El pacto de gobierno, que consta de 60 páginas y detalla 150 medidas, fue resultado de una negociación en la que la prioridad nacional se estableció como uno de los ejes centrales. Este documento sienta las bases de la acción del nuevo ejecutivo para la presente legislatura.
Cambio normativo: De Ley de Memoria Democrática a Ley de Concordia
Uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y VOX en Andalucía se centra en la modificación del marco normativo relativo a la memoria histórica. Según lo establecido en el pacto, el nuevo ejecutivo andaluz procederá a la derogación de la actual Ley de Memoria Democrática de Andalucía.
La intención declarada es que esta normativa sea sustituida por una nueva «Ley de Concordia». El calendario previsto para este cambio legislativo establece que la nueva Ley de Concordia deberá estar aprobada y en vigor antes de que concluya el año en curso. La derogación de la Ley existente y la subsiguiente aprobación de la Ley de Concordia se enmarcan dentro de los compromisos programáticos adquiridos por ambas formaciones políticas.
Este proceso implica el cese de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática vigente en la comunidad autónoma y la implementación de una legislación que, según los términos del acuerdo, buscará un enfoque diferente en la gestión y el reconocimiento de los eventos históricos. Los detalles específicos sobre el contenido de la futura Ley de Concordia no han sido aún desglosados públicamente más allá de su denominación y su propósito como reemplazo de la Ley anterior. El proceso legislativo para su tramitación y aprobación se desarrollará en los próximos meses, conforme al calendario establecido por el gobierno de coalición.
