El acoso lingüístico responde a intereses diversificados, no es sólo el lenguaje por el lenguaje. El lenguaje es una herramienta usada para conseguir determinados fines.
¿Quiénes son los acosadores para prohibir derechos constitucionales? ¿Por qué, el gobierno no actúa contra este atropello ilegal, punible y antidemocrático? Los cargos públicos, otorgados por los electores, están obligados a velar por sus derechos anteponiéndolos a intereses de partido, ideológicos o personales. La democracia y los gobiernos que presumen de ella no pueden defraudar a la ciudadanía ni dejarla indefensa.
- Artículo 3.1. – El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
- Artículo 27.2. – La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
- Artículo 39.1. – Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
- Artículo 43.1. – Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Actualmente, en España se vulneran derechos constitucionales, que son denunciados pero que, en muchos casos, quedan impunes porque los gobiernos correspondientes, o no ponen remedio o, directamente, los quebrantan tramitando normativas ilícitas.
- Jorge y Wendy, colombianos, denuncian (El Mundo, 06/04/2024) que sus dos hijas llevan dos meses sin ir a clase por no conseguir plaza para estudiar en español y deben estudiar en vasco. Entienden que eso perjudica sus estudios y así lo expresan: – “Nuestras hijas no van al colegio porque en Ermua sólo nos ofrecen un colegio en euskera. Nuestra lengua materna es el castellano… Si nos obligan a escolarizar a nuestras hijas en euskera, las condenarán al fracaso escolar… nos sentimos impotentes y desesperados”.
- Gloria Lago, responsable de “Hablamos Español”, afirma que cada vez hay más casos como este. No cumplen los art. 3.1. ni con el 27.2 y 39.1. de la Constitución. Asimismo, la comisión enviada por la U.E., como consecuencia de diversas denuncias por acoso lingüístico al español, determinó que tal acoso perjudica los resultados académicos (OKD, 20/12/2023). Así lo explicitaron eurodiputados de la misión especial de la UE a Cataluña al TSJC: – “La misión de la UE en Cataluña concluye que la «discriminación del español» explica el bajón escolar. Hay responsables que ejercen sus cargos, de consejeros nacionales, de comunidades autónomas y de inspectores de educación, de manera negligente, cobrando sus nóminas de nuestros impuestos. El acoso lingüístico: una práctica ilegal y dañina ejercida por administraciones públicas, causa graves perjuicios, que referimos a continuación y de los que, hasta el presente, no se han exigido responsabilidades.
- La Generalitat catalana ha controlado conversaciones entre menores, ha abierto un buzón municipal para denunciar a vecinos, ha señalado y acosado incluso con multas a comerciantes por rotular en español, y también a otros profesionales sin importarles las consecuencias para los afectados y para la sociedad, constatados por denuncias particulares y de asociaciones.
Vozpópuli, 09/03/2024: –“El espionaje lingüístico a los niños catalanes llega a las acampadas y actividades recreativas… y de agrupaciones de scouts”;
Vic: El Debate, 22/06/2024: “El ayuntamiento de Vic abre un buzón para que los vecinos delaten a los comercios que atienden en español”.
Baleares: OKD, 18/01/2025: “Hablamos Español denuncia a la Fiscalía el acoso a comerciantes de Mallorca por no usar el catalán… se trata del grupo independentista Nosaltres Sols!, que ha llevado a cabo una campaña de acoso y señalamiento contra comercios de Mallorca por usar el español”.
Barcelona: El Mundo, 13/01/2025: “Primera sanitaria que demanda a la Generalitat tras excluirla por el catalán: auxiliar en oncología, 11 años de experiencia y un hijo discapacitado al 82%”.
- La exclusión de una sanitaria por no hablar catalán, aparte de otros artículos, incumple el 43.1. por atentar contra la salud de personas necesitadas de atención médica, demostrando que nada les importan los pacientes afectados. Su objetivo es que en Sanidad se hable catalán, aunque esa exigencia perjudique a los enfermos. Increíble pero cierto.
- Para hostigar a profesorado y alumnado, intentando erradicar el español, desde el Govern de ERC en funciones, utilizando las inspecciones educativas; y desde el Govern del PSC actual, negando hablar en el Parlamento a Escuela bilingüe y dando voz a quienes acosan por hablar español en España.
Barcelona. EL MUNDO, 08/07/2024: “El Govern en funciones de ERC refuerza las inspecciones lingüísticas en los colegios”.
Barcelona: ABC, 24/01/2025: “Escuela Bilingüe denuncia el «doble rasero» del partido de Illa que «nos recibe en privado y un mes después nos veta en la Cámara catalana»… pero da voz a los «espías del catalán”.
- “La Mesa del Congreso”, controlada por el gobierno y sus socios, aprobó la compra de pinganillos y contratos para transcribir lenguas cooficiales, por 17 millones de euros (La Razón, 03.04.2024). Era del compromiso del Gobierno con los independentistas.
El actor Antonio Resines ha expresado su desacuerdo, (Cadena Ser, 23/01/2025):
- Entiendo que en el Parlamento catalán se hable catalán, pero en el español, ¿por qué? «Me molesta profundamente cuando se habla de que éste es un gobierno progresista».
El uso de pinganillos queda fuera del sentido común. Aparte de ignorar el espíritu del artículo 3.1. de la Constitución, es inoportuno y una falta de honestidad política. Si desean adquirir relevancia política, deben pagar de su bolsillo capricho tan costoso. Si lo pagan, se podría considerar como algo inadecuado y extravagante.
Si estas veleidades políticas son pagadas por el erario público, podríamos hablar de malversación. ¿Por qué? Porque sus señorías hablan perfectamente español, porque el Congreso es la cámara de todos los españoles y el español el idioma oficial de España, porque, en los pasillos del Congreso, sus señorías hablan español. No es admisible derrochar dinero para complacer egos políticos ni intereses espurios.
Es urgente elevar una rogatoria de amparo, al Tribunal Constitucional, en defensa de los derechos constitucionales cercenados, ilícitamente, por administraciones autónomas. Una democracia no debe dejar indefensos a quienes son avasallados en sus derechos, especialmente durante su infancia y juventud.
El Defensor del pueblo, de comunidades afectadas, debería actuar de oficio en defensa de las personas señaladas y acosadas.
Y a la espera de que el Gobierno nacional y de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia, defiendan nuestros derechos de uso de la lengua oficial, felicitamos la admirable labor de la asociación “Hablamos español”, seguida en distinto grado de compromiso por “Escuela de Todos”.
Fuentes