Esta mañana, a las 8:54, dos trenes de pasajeros, un Iryo y un AVE, colisionaron en Urda, Toledo. Las primeras cifras oficiales hablan de al menos 30 muertos, y puede crecer. Mientras escribo, hay familias esperando una llamada que ninguna debería recibir.
Esto no es un rayo en cielo despejado. En enero, Adamuz dejó 46 fallecidos y 400 heridos. Después llegó Gélida, en Barcelona. Y entre medias, averías, retrasos y líneas colapsadas que cualquier usuario habitual conoce de memoria. Cuando las tragedias se encadenan, la mala suerte deja de ser explicación y pasa a serlo el patrón.
La seguridad ferroviaria no se construye con discursos ni con minutos de silencio. Se construye con inspecciones constantes, mantenimiento sin recortes, auditorías independientes y, sobre todo, con verdad. Y la verdad ha sido la primera víctima. Tras Adamuz, el ministro aseguró que el tramo estaba “completamente renovado”, algo que, según la prensa, quedó desmentido pocos días después. En lugar de atender a la información veraz, la respuesta fue buscar culpables entre empresas, instituciones y medios. Cuando se gobierna a la defensiva, no se vigila: se gestiona el relato.
Y luego está el ascensor. Hace una semana, el ministro de Transportes participó en la promoción de un programa de entretenimiento. Tras el anuncio de una avería ficticia del ascensor, bromeó con los problemas de Renfe y compartió el vídeo en redes con un guiño. La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz expresó su indignación. Se puede defender el humor político. Lo que no se puede es que quien responde de la seguridad de los trenes haga chistes sobre sus fallos cuando la herida de Adamuz sigue abierta. Su sitio, en ese momento, estaba en los despachos, no en un plató. Siete días después, otros dos trenes chocaban en Toledo.
Tampoco sirve el reparto de culpas que ya empieza a oírse. Gobierno y oposición se lanzan reproches antes de que la investigación técnica concluya, y las víctimas quedan, una vez más, como munición. Esa es otra forma de abandono.
Lo que España debería exigir hoy es concreto:
- Una investigación técnica independiente, con resultados públicos y plazos claros.
- Transparencia total sobre el estado de las infraestructuras, incidencias y limitaciones de velocidad.
- Una autoridad de seguridad ferroviaria blindada frente a los vaivenes políticos.
- Responsabilidades políticas reales si se demuestra negligencia u ocultación. Dimitir no es una humillación: es el último acto de respeto a los muertos.
Cada vez que un ciudadano sube a un tren firma, sin saberlo, un contrato de confianza con quienes mandan. Ese contrato está roto. Un país que se acostumbra a enterrar a sus viajeros y a pasar página en cuarenta y ocho horas ha dejado de proteger a los suyos.
Nos va la vida en esto. Literalmente.
