La polémica suscitada de la “prioridad nacional” es un debate absurdo que no se entiende nada más que en el marco del oportunismo ideológico. No hay concepto o idea en España últimamente que no esté empañado de fricción. La primacía de lo nacional era, hasta ayer, lo cotidiano.
La misma Constitución Española tiene prioridad nacional y no es de aplicación global (de la misma manera que la Defensa y la Soberanía Nacionales) o los nacionalistas vasco-catalanes imponiendo sus propias prioridades soberanistas. Por cierto la prioridad nacional es el mismo principio que aplican muchos otros países civilizados, desde democracias liberales hasta regímenes teocráticos, con la obligación primaria del Estado para con los suyos, como: EEUU (America First), Japón y Corea del Sur (con sus políticas de identidad y recursos centradas en la preservación de su tejido socio- económico), China, Rusia, Francia (abanderado de la «autonomía estratégica»), Alemania (Deutschland über alles), Escandinavia (primando a sus nacionales en las prestaciones), la UE (el derecho comunitario está por encima del derecho nacional), pero también Palestina, Irán y Líbano (cuya prioridad nacional es aniquilar Israel), y el derecho de Israel a defenderse de sus enemigos acérrimos islámicos.
No somos la ONU ni pretendemos serlo aunque nos escondemos tras nuestros aliados que hacen el trabajo sucio. No podemos aspirar tampoco a un «Estado del bienestar global» mientras las costuras del sistema nacional se resienten. En tiempos de crisis, las evacuaciones de los nacionales de zonas de peligro es prioridad nacional ante un cupo limitado de plazas y medios. ¿Para qué si no existen las Embajadas y consulados españoles en el exterior?
Agitar la polémica de la prioridad nacional con la regularización masiva sin control tiene su sentido para Sánchez y los progresistas de este país aunque no podemos universalizar el Estado del bienestar a cualquiera que pase por España. El primer deber del Estado es una forma de realismo político, no una declaración de hostilidad hacia el oponente. Los intransigentes que descalifican al que no asume el relato único obedecen al tacticismo electoral y el desvío de la corrupción como acostumbra Moncloa.
Lo que sí es absoluta “prioridad nacional”: acabar con la corrupción, la mentira, el desacato, las instituciones politizadas, la parálisis, la falta de valores y condenas éticas, el abuso, el robo del dinero público, la nula transparencia y honestidad políticas, el enchufismo, los indultos interesados pero también acabar con el paro juvenil y el edadismo, las duplicidades del gasto, la precariedad laboral, la galopante sovietización del Estado, la ausencia de reformas estructurales desde hace décadas, de consenso, la natalidad, la violencia callejera, la vivienda, la calidad de la enseñanza y las largas listas de espera que se agravarán con la regularización al proclamar la universalización de la Sanidad.
Es imperativo pues abandonar la utopía de las fronteras abiertas y la filantropía política que generan confrontación, para situar la prioridad nacional en una hoja de ruta de reformas estructurales y devolver el seny que exige desde hace tiempo la sociedad civil (como iniciativa2028.es)
