En 2025 fallecieron en Andalucía 6.995 personas que figuraban en lista de espera del sistema de dependencia. No es una cifra extraída de un informe activista ni de un partido político: procede del análisis del Observatorio Estatal para la Dependencia sobre datos consolidados del IMSERSO. Andalucía concentra el 21,4% de todas las muertes en lista de espera registradas en España durante el ejercicio.
El dato no es coyuntural ni se explica por un episodio puntual de saturación administrativa. Es la expresión más cruda de un fallo sistémico que afecta a quienes, por definición, ya no pueden defenderse solos. Andalucía tiene un problema estructural con la atención a sus mayores y a las personas en situación de dependencia, y ese problema no admite ya la coartada de la herencia recibida.
La sanidad andaluza ante la presión de la demanda
Antes de entrar en el núcleo del análisis, conviene situar el contexto sanitario. Las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS) constituyen el primer indicador de capacidad del sistema, y su evolución reciente es elocuente.
A diciembre de 2025, el SAS registraba 204.120 pacientes en espera quirúrgica estructural, con un tiempo medio de 178 días. La cifra supone un crecimiento del 41,8% respecto a los 143.887 pacientes contabilizados en diciembre de 2018. Las consultas externas presentan una situación todavía más tensionada: 852.289 pacientes pendientes de primera consulta a junio de 2025, con una demora media superior a los 140 días.
| Indicador SAS | Diciembre 2018 | Diciembre 2024 | Diciembre 2025 |
|---|---|---|---|
| Pacientes en espera quirúrgica | 143.887 | 189.450 | 204.120 |
| Tiempo medio quirúrgico (días) | 159 | 184 | 178 |
| Pacientes fuera de plazo (>180 días) | 24.312 | 53.000 | 29.800 |
Fuente: Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS), Ministerio de Sanidad.
El episodio del programa de cribado de cáncer de mama, que entre el otoño de 2025 y el cierre del ejercicio acabó forzando dimisiones en la consejería competente y diligencias de Fiscalía finalmente archivadas en diciembre, ilustra el carácter del problema. No fue, según concluyó la propia investigación judicial, un acto deliberado de ocultación, sino la consecuencia de un sistema de comunicación de informes técnicamente saturado y administrativamente desbordado. Esa distinción importa: el fallo de gestión no necesita malicia para causar daño grave a las pacientes.
La crítica jurídica y administrativa, en este punto, debe dirigirse a la gestión, no al color político de quien la encabece. Cualquier administración pública —y cualquier ciudadano— debería poder leer estas cifras y reconocer que el problema existe, que tiene víctimas concretas y que reclama una respuesta que no puede aplazarse a la siguiente legislatura.
La dependencia: el limbo administrativo donde se muere esperando
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), regulado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, debería ser el último muro de contención del Estado social: el mecanismo que garantiza que una persona mayor o con discapacidad grave reciba la atención que necesita para no quedar excluida de la vida civil. En Andalucía, ese muro presenta grietas que los datos cuantifican con precisión incómoda.
A marzo de 2026, las solicitudes acumuladas en el SAAD andaluz ascienden a 470.707, con 365.735 personas con grado reconocido y 344.225 beneficiarios efectivos de prestación. La diferencia entre quienes tienen derecho declarado y quienes lo reciben efectivamente —el llamado «limbo de la dependencia»— afecta a 24.225 personas. Son ciudadanos a los que la Administración ha dicho oficialmente que necesitan ayuda y que tienen derecho a recibirla, pero que esa ayuda aún no ha llegado.
El plazo legal máximo para resolver un expediente de dependencia es de seis meses, esto es, 180 días. La realidad en Andalucía, según el Observatorio Estatal, es la siguiente:
| Comunidad Autónoma | Tiempo medio de espera (días) | Personas en «limbo» (%) | Inversión por dependiente (€) |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 496 | 7,2% | 7.173 |
| País Vasco | 134 | 2,1% | 14.383 |
| Castilla y León | 129 | 0,1% | 8.100 |
| Madrid | 225 | 6,5% | 9.250 |
| Cataluña | 450 | 12,4% | 7.950 |
| Extremadura | 185 | 4,2% | 8.400 |
| Media nacional | 341 | 8,7% | 8.631 |
Fuente: XXV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, datos a 31 de diciembre de 2025.
Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor demora, solo superada por Murcia. Casi quinientos días de espera media para una resolución que la ley fija en ciento ochenta. Es decir: el tiempo real triplica el plazo legal. Y ese tiempo —en personas mayores, en grandes dependientes, en ciudadanos cuya esperanza de vida se cuenta a veces en meses— se traduce directamente en mortalidad.
Los datos lo confirman con dureza: durante 2025 fallecieron en Andalucía 6.995 personas en lista de espera de dependencia. Solo en el primer trimestre de 2026, 13.503 andaluces con resolución de grado fallecieron, y de ellos el 8,86% —1.197 personas— murió antes de que su Programa Individual de Atención llegara a hacerse efectivo. He dedicado años a estudiar cómo el ordenamiento jurídico debe proteger a las personas más vulnerables. Y en este expediente concreto, el sistema falla precisamente donde más se le exige: en garantizar que un derecho reconocido no se convierta en una promesa vacía.
La cifra global del Estado es igualmente reveladora. Según el Observatorio Estatal, en 2025 fallecieron en España 32.704 personas en lista de espera del SAAD. Un contingente humano superior al de muchas capitales de provincia, esperando una atención que llegó tarde o no llegó.
Marco legal y responsabilidad compartida
Desde una perspectiva jurídica, la atribución de responsabilidades en este expediente exige precisión. La Ley 39/2006 establece, en su artículo 32, un sistema de financiación tripartito en el que el Estado y las Comunidades Autónomas deben aportar partes equivalentes (50% cada uno) sobre el llamado nivel acordado de protección, junto con la financiación específica del nivel mínimo garantizado por la Administración General del Estado.
El cumplimiento de ese mandato legal es, sin matices, deficitario. Entre 2019 y 2025, la Junta de Andalucía aportó al sistema 8.742 millones de euros, frente a los 3.705 millones aportados por el Estado en el mismo periodo. La diferencia acumulada, que la administración autonómica cuantifica en 5.037 millones de euros, no es un agravio retórico: es la traducción presupuestaria de una norma estatal que se incumple sistemáticamente desde su aprobación. El Observatorio de la Dependencia ha venido documentando que la aportación estatal media en España oscila entre el 18% y el 26,9% del coste total del sistema, manteniéndose por debajo del umbral que la propia ley fija.
Esto, sin embargo, no exonera a la administración autonómica. Andalucía presenta el coste por beneficiario más bajo del país (7.173 euros, un 16,8% inferior a la media nacional) y, simultáneamente, una de las ratios de prestación por usuario más altas (1,60 servicios por beneficiario). El dato sugiere que el sistema tiende a apilar prestaciones de bajo coste —teleasistencia, sobre todo— sobre los mismos perfiles, en lugar de reforzar las modalidades de atención más intensiva (residencial, centros de día), que son precisamente las que requieren los grandes dependientes y las que más mitigarían la mortalidad en lista de espera.
Asimismo, el propio Observatorio Estatal ha advertido de que la reducción de tiempos de espera en Andalucía durante 2025 —de 597 a 496 días— se concentró atípicamente en el último trimestre del año, repuntando de nuevo un 11,2% en enero de 2026. La mejora, en otras palabras, tiene componentes de operación administrativa puntual más que de transformación estructural. Conviene recordar que las cifras agregadas, cuando se examinan con detalle temporal, suelen contar una historia menos amable que la del titular institucional.
El diagnóstico jurídico es por tanto el siguiente: incumplimiento estatal sostenido del mandato de cofinanciación de la Ley 39/2006, agravado por ineficiencias autonómicas en la asignación y ejecución del gasto. Ninguna de las dos administraciones puede escudarse en la otra. El derecho del ciudadano no se cumple parcialmente.
La pregunta de fondo
Cuando un sistema de protección no llega a todos los que lo necesitan, surge una pregunta políticamente incómoda que conviene formular con honestidad: ¿quién entra primero? Es una pregunta que el debate institucional español tiende a esquivar, unas veces por comodidad, otras por temor a las consecuencias políticas de la respuesta.
Quienes han cotizado durante cuarenta o cincuenta años en este país, quienes construyeron con sus impuestos y su trabajo el Estado del bienestar que hoy resulta insuficiente, tienen derecho a que esa pregunta se les responda con honestidad y con criterios jurídicos verificables. No se trata de excluir a nadie, sino de admitir que los sistemas públicos operan con recursos finitos y que la gestión de la escasez exige una jerarquía de criterios explícitos, no implícitos. Es un debate que he tratado en otro lugar desde el ángulo constitucional, y al que volveré con más detalle, porque atañe a la legitimidad última del sistema.
Lo que ningún ciudadano debería aceptar es que la respuesta se construya por defecto, por inacción, o por la velocidad relativa con la que cada cual logra acceder al expediente administrativo. Esa es, en buena parte, la realidad actual. Y es jurídicamente reprobable.
La dignidad no espera quinientos días
Detrás de cada cifra de este artículo hay una persona concreta. Una madre que esperó la valoración de gran dependiente y murió antes de recibir la ayuda a domicilio. Un padre cuyo expediente se extravió entre delegaciones provinciales. Un abuelo andaluz al que el sistema reconoció el derecho a una plaza residencial pública que llegó —cuando llegó— al cabo de año y medio. No estamos hablando de estadísticas abstractas. Estamos hablando de los últimos meses de vida de personas que confiaron en que el Estado social cumpliría con ellas.
La dependencia no es un asunto sectorial ni un capítulo presupuestario. Es la prueba más honesta del compromiso de una sociedad con quienes ya no pueden valerse por sí mismos. Y en esa prueba, Andalucía suspende. Suspende el Estado, que incumple lo que su propia ley exige; y suspende la comunidad autónoma, que ejecuta con ineficiencias visibles los recursos disponibles.
Quién construyó este país tiene derecho a no morir en una lista de espera. Es lo mínimo. Es exactamente lo mínimo.
Metodología y fuentes
- IMSERSO — Estadísticas mensuales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
- Observatorio Estatal para la Dependencia — Informe a 31 de diciembre de 2025
- Ministerio de Sanidad — Sistema de Información sobre Listas de Espera del SNS (SISLE-SNS), diciembre 2025
- Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) — Análisis de la situación de la dependencia 2025
- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, sobre actualización de cuantías de prestaciones económicas del SAAD.
