El levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Luis ‘Alvise’ Pérez en el Parlamento Europeo para que pueda ser juzgado no es solo un trámite jurídico. Es, sobre todo, un síntoma político. Un espejo incómodo donde se refleja una realidad que muchos ciudadanos perciben desde hace tiempo: Cuando el sistema se siente cuestionado, reacciona con rapidez inusual.
La inmunidad de Alvise
El argumento formal es conocido: los hechos investigados son anteriores a su condición de eurodiputado y, por tanto, la inmunidad no le protege. Jurídicamente, el razonamiento es defendible. Pero políticamente, el consenso casi unánime resulta llamativo, especialmente por contraste con otros casos de procesos judiciales, por ejemplo con la inmunidad de Puigdemont, o el juicio aún pendiente tras una década contra Jordi Pujol.
Desde formaciones conservadoras hasta partidos progresistas —incluyendo a Partido Popular, PSOE y Vox— han coincidido en permitir que el procedimiento siga adelante.
Ese acuerdo transversal plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante un ejercicio ejemplar del Estado de Derecho o ante una coincidencia de intereses cuando aparece una figura incómoda como Alvise para todos?
El fenómeno Alvise no surge en el vacío
Se alimenta de un clima de desconfianza creciente hacia Instituciones, Partidos y medios. Su discurso —basado en denunciar fallas del sistema, especialmente en cuestiones sensibles como seguridad o gestión migratoria— conecta con una parte de la población que percibe que ciertos debates están limitados o controlados.
Ahora bien, una cosa es canalizar malestar social y otra muy distinta convertir percepciones en afirmaciones generales sin respaldo sólido. Los datos disponibles muestran que existen fenómenos complejos —como la sobrerrepresentación de determinados perfiles en algunos delitos—, pero también que no pueden explicarse mediante relaciones simples de causa directa. Reducir el debate a consignas no lo aclara: lo distorsiona.
El problema de fondo no es que un representante sea investigado; eso debe ocurrir siempre que existan indicios para ello. El problema es la credibilidad del sistema. Cuando decisiones que afectan a figuras críticas se perciben como rápidas y consensuadas, mientras otros casos parecen eternizarse, la sospecha aparece.
Y ahí está el verdadero riesgo: no en un Procedimiento concreto, sino en la erosión de la confianza pública. Porque cuando una parte de la ciudadanía deja de creer en la neutralidad de las instituciones, cualquier decisión —por justificada que sea— pasa a interpretarse como puramente política.
Si algo revela este caso es que el debate ya no es solo jurídico. Es profundamente político. Y mientras no se recupere la confianza y el rigor, cada decisión seguirá alimentando la misma duda: Saber si la Ley se aplica igual para todos… o solo cuando conviene.
