Por primera vez, una sentencia dictada en la Comunidad autónoma de Cataluña ha calificado que los hablantes de español (“castellanohablantes”) pueden constituir un grupo vulnerable y ser objeto de discriminación y acoso.
Los hechos se refieren a una familia del Municipio de Canet de Mar (Barcelona) que solicitó que su hijo recibiera enseñanza en ambas lenguas cooficiales —catalán y castellano—. Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de conceder 6,5 horas semanales de castellano en el aula, se produjeron manifestaciones y un clima de hostilidad en su contra.
La sentencia señala que el acusado no solo manifestó su preferencia por el catalán, sino que difundió mensajes en redes sociales que incitaban a la hostilidad, marginación y persecución del colectivo castellanohablante, a partir de su uso del español y su “ser español”.
Según el fallo, estos hechos configuran acoso, pues se produjeron con ánimo claramente discriminatorio por razón de lengua y nacionalidad. Con ello, se establece un precedente jurídico: los castellanohablantes pueden ser reconocidos como objeto de protección frente al odio lingüístico y nacionalista en Cataluña.
La familia denunciante pertenece a la organización Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) y afirma que solo buscan que su hijo “estudie en las dos lenguas”.
Este fallo refuerza la interpretación de que la lengua —y en este caso el español— puede ser motivo de discriminación en el ámbito educativo y social, y abre la puerta a que otras denuncias por acoso lingüístico o nacional puedan prosperar bajo este marco.
