El Gobierno ha ultimado el expediente para solicitar a los tribunales la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), aplicando la Ley de Memoria Democrática y la reciente reforma de la Ley de Asociaciones, que incorpora la apología del franquismo como motivo de disolución. El proceso no será automático: deberá resolverlo un Juez, aunque el Ejecutivo podría pedir medidas cautelares para suspender de inmediato su actividad. [1]
El Ministerio de Cultura prevé trasladar el expediente a la justicia en las próximas semanas, después de casi un año de recopilación de informes. Estos documentos acreditan que la FNFF ha ensalzado el Golpe de Estado de 1936 y menospreciado a las víctimas, incluso tras los cambios cosméticos introducidos en sus estatutos en 2024 para tratar de sortear la ilegalización [2].
Este proceso, iniciado en junio de 2024, ha requerido informes exhaustivos, especialmente tras cambios en los estatutos de la Fundación [3]. El Ministerio de Cultura se dispone ahora a elevar el expediente ante la Justicia, sin descartar medidas cautelares que suspendan su actividad mientras se resuelve el caso [4].
Para legitimar esta acción, el Congreso reformó la Ley de Asociaciones, añadiendo la apología del franquismo como causa legal de disolución, incluso si la entidad está formalmente registrada y sus estatutos no lo expresan [5]. La iniciativa fue aprobada pese a la oposición del PP y Vox, y sigue su trámite legislativo.
La operación sigue un proceso legal, no una imposición automática: será finalmente un Juez quien decida si procede disolver la Fundación judicialmente.
Si la Justicia avala la disolución, se sentará un precedente legal que afectará a otras Asociaciones o Fundaciones de carácter franquista, abriendo un nuevo frente en el debate político sobre la memoria histórica en España.
En todo caso, pretender ilegalizar a esta Fundación es un disparate más contra la libertad en España, fruto de la sectaria Ley de Memoria Democrática, iniciada por Zapatero y seguida por Sánchez, que habrá que revisar o abolir en cuanto cambie este Gobierno.
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