El Foro Libertad y Alternativa, que ha actuado junto a otras Entidades como acusación particular en el Juicio contra el Fiscal General del Estado, ha emitido el Comunicado que aportamos seguidamente.
La Sociedad Civil española obtiene de este modo un nuevo triunfo en favor de la Democracia y el Estado de Derecho en España.
La condena del Fiscal General del Estado
El Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Esta sentencia, notificada el 20 de noviembre de 2025, supone un hito judicial y un fuerte correctivo institucional.
La Fundación Foro Libertad y Alternativa, primera entidad en presentar querella en marzo de 2024, considera que la sentencia debe implicar el apartamiento inmediato de García Ortiz del cargo. La Fundación argumenta que la revelación de información sobre una negociación confidencial entre un Abogado y un Fiscal constituyó un acto de enorme gravedad que profundizó el deterioro institucional de los últimos años.
Durante el proceso judicial se practicaron numerosas pruebas. Las acusaciones, incluida la Fundación, estimaron que las evidencias recogidas acreditaban claramente la responsabilidad del Fiscal General. En cambio, las pruebas de descargo —principalmente testimonios periodísticos— fueron consideradas irrelevantes o carentes de credibilidad al no referirse de forma directa al delito o verse contradichas por datos objetivos.
La sentencia es interpretada por la Fundación como una demostración de independencia del Poder Judicial, especialmente ante las presiones que, según señalan, se habrían ejercido desde ámbitos políticos, incluida la propia presidencia del Gobierno.
El comunicado sostiene que la permanencia de García Ortiz en su cargo mientras era investigado y procesado ha causado un daño profundo a la Fiscalía y forma parte de una estrategia de degradación institucional que, a su juicio, ha caracterizado los años de Gobierno de Pedro Sánchez.
La Fundación concluye que esta resolución debe ser el primer paso para restaurar la neutralidad y el prestigio de las Instituciones, y que el próximo Gobierno tendrá la responsabilidad de recomponer los contrapesos democráticos y garantizar un funcionamiento profesional, no partidista, del Estado.
