La propuesta busca considerar como falta grave la asistencia de Jueces y Magistrados a protestas contra decisiones de Partidos o Instituciones políticas.
La tensión entre el Poder Judicial y la esfera política suma un nuevo capítulo.
La formación Sumar, liderada por Yolanda Díaz, ha registrado una Propuesta que plantea: la Imposición de Sanciones Disciplinarias Graves a Jueces y Magistrados que participen en Concentraciones Públicas contra Partidos políticos o decisiones Parlamentarias.
En concreto, la Iniciativa surge tras la histórica protesta celebrada el pasado 28 de junio ante la Sede del Tribunal Supremo, en la que participaron decenas de Miembros de la Judicatura.
Según fuentes del Grupo parlamentario, la medida pretende «preservar la neutralidad institucional de la justicia» y evitar que los Magistrados «utilicen su posición para presionar políticamente desde el espacio público». La Propuesta incluye la posibilidad de considerar como Falta Grave la Participación en Actos que, según Sumar, puedan «socavar la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad del Poder Judicial».
Reacción del Sector Judicial
La respuesta no se ha hecho esperar. Asociaciones Judiciales como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia han expresado su rechazo frontal a la iniciativa, calificándola de «intento de amordazar al Poder Judicial». En declaraciones a los medios, Portavoces de la APM señalaron que «los Jueces no pierden su condición de Ciudadanos y tienen derecho a expresar su preocupación ante decisiones políticas que afectan al Estado de Derecho».
Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se estudia ya el alcance legal de la Propuesta, aunque varias voces internas la consideran «invasiva» y «contraria a la Doctrina Constitucional sobre libertad de expresión de los Magistrados».
Una protesta sin precedentes de Fiscales, Jueces y Magistrados
La manifestación del 28-J, que tuvo lugar frente al Tribunal Supremo en Madrid, reunió a centenares de Jueces, Fiscales y Abogados que denunciaron lo que consideran una «intromisión política inaceptable» en las decisiones judiciales, especialmente tras los recientes pactos entre el Gobierno y fuerzas independentistas.
Fue una movilización sin precedentes en la historia reciente del País, y su impacto político ha sido profundo. Mientras la Oposición apoyó la concentración como un «grito en defensa de la independencia judicial«, el Gobierno la tachó de «politización preocupante de la Justicia».
Debate abierto sobre los límites de la expresión judicial
La Iniciativa de Sumar reabre el debate sobre los Límites del Derecho a la Protesta en el ámbito judicial. La formación argumenta que «no se trata de restringir derechos fundamentales, sino de garantizar la separación de Poderes y la confianza ciudadana en las Instituciones».
La medida, sin embargo, enfrenta un difícil camino parlamentario. Tanto el PSOE como el PP, han evitado por el momento pronunciarse claramente sobre su contenido, aunque fuentes del Congreso, reconocen que el clima político actual dificulta cualquier Reforma que pueda interpretarse como un ataque al Poder Judicial.
Fuentes
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