En medio de una de las mayores crisis institucionales que ha vivido España desde la Transición, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa un proyecto que podría alterar profundamente el equilibrio demográfico, social y político de nuestra nación: la regularización masiva de más de aproximadamente: 1,5 millones de inmigrantes ilegales.
Aunque presentado como un gesto de humanidad y progreso, esta iniciativa —impulsada por Plataformas como Esenciales y respaldada por Partidos de la izquierda y nacionalistas— encierra una carga política y estratégica que merece ser desmenuzada sin complejos. Se trata, en efecto, de una operación de ingeniería social con potenciales consecuencias irreversibles.
¿Regularización o estrategia electoral encubierta?
Nadie en su sano juicio puede negar que detrás de una amnistía migratoria de semejante magnitud hay más que consideraciones humanitarias. La pregunta es: ¿Quién gana y quién pierde con esta medida?
El PSOE y sus socios ganan millones de nuevos posibles votantes. Porque si algo ha dejado claro el Gobierno en estos años es su disposición a modificar marcos legales y éticos para consolidar su poder. La nacionalización exprés —camuflada bajo el paraguas del «arraigo social» o el «interés humanitario»— abre la puerta a una nueva masa electoral agradecida, maleable y dirigida, en muchos casos, por redes clientelares o por ONGs fuertemente subvencionadas con dinero público.
¿Y los españoles? Silenciados, relegados, desplazados
Mientras tanto, los ciudadanos de a pie —quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, que respetan las leyes, que sostienen el Estado del Bienestar— ven cómo se desmorona su país bajo sus pies. Las listas de espera en sanidad se alargan, las plazas escolares se saturan, los barrios se transforman sin control y la inseguridad crece. ¿Quién defiende al trabajador español frente a esta avalancha demográfica descontrolada?
Y no hablamos de un fenómeno nuevo. Sabemos que buena parte de estos inmigrantes llegan sin documentación, sin formación y, en algunos casos, con historiales delictivos imposibles de rastrear. Informes filtrados desde cuerpos policiales advierten que ciertos contingentes proceden directamente de cárceles marroquíes o de zonas en conflicto, con perfiles potencialmente violentos o vinculados a redes criminales. Esta es una realidad que se oculta sistemáticamente bajo el discurso buenista.
Un proyecto para desmontar la nación desde dentro
No estamos ante una política migratoria: estamos ante un proyecto ideológico radical. La regularización masiva no es solo una apuesta electoral, sino también un acto deliberado para alterar el tejido nacional, fragmentar la identidad española y erosionar el concepto de ciudadanía basado en derechos, deberes y valores compartidos.
Pedro Sánchez no gobierna: reescribe el país sin consenso, sin consulta y sin freno institucional. La Ley de amnistía, el control de la Fiscalía, el uso partidista del CIS, el desprecio a la Separación de Poderes… Todo forma parte de una misma estrategia. Y la regularización masiva es su próximo gran golpe.
¿Y Europa? Mira hacia otro lado
A pesar de las alertas de diversos organismos europeos sobre la presión migratoria en el sur del continente, Bruselas parece dispuesta a mirar hacia otro lado. Como ya ocurrió con la Ley 
de Amnistía o con los indultos por corrupción, la deriva del Gobierno español solo preocupa cuando sus efectos llegan a otras capitales.
Mientras tanto, España actúa como coladero y laboratorio de políticas que ningún País centroeuropeo se atrevería a implantar.
Conclusión: no es racismo, es supervivencia nacional
Denunciar este plan no es xenofobia: es sentido común. Es legítimo y necesario preguntarse qué Estado queremos dejar a nuestros hijos. No se puede regalar la ciudadanía como si fuera una tarjeta de supermercado. No se puede utilizar la inmigración como herramienta electoral. No se puede jugar con la cohesión de una nación milenaria para sostener un gobierno minoritario, sectario y temeroso de las urnas.
Los españoles no tienen un problema con la inmigración ordenada y legal. Lo que rechazan —con razón— es la inmigración como herramienta de poder, como arma de desestabilización y como sustitución del pueblo soberano.
El tiempo se agota. O España reacciona ahora, o despertará irreconocible.
