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Informe investigativo — Peste Porcina Africana (PPA) en Catalunya: foco, laboratorio y responsabilidades políticas
Situación del brote y confirmación oficial
- El 28 de noviembre de 2025 se detectó PPA en dos jabalíes muertos en el entorno del parque natural Parc Natural de Collserola / Cerdanyola del Vallès, Barcelona — la primera vez que se confirma la enfermedad en España desde 1994.
- En los días siguientes, los positivos confirmados se elevaron a al menos 13 jabalíes dentro de un radio restringido de 6 km.
- En las explotaciones porcinas comerciales dentro de la zona de riesgo no se han detectado infecciones (hasta ahora).
Este brote ha disparado las alarmas: movilización urgente de unidades sanitarias, militares, policías, restricciones de acceso al medio natural, controles intensivos de fauna, y medidas estrictas de bioseguridad.
Nueva hipótesis: fuga de laboratorio — implicaciones
Laboratorio bajo sospecha
- Las autoridades están investigando al menos cinco laboratorios ubicados en la zona de riesgo como posibles orígenes del brote.
- Entre ellos destaca IRTA‑CReSA — el único centro en Cataluña autorizado para trabajar con el virus de la PPA. Está situado a menos de 1 kilómetro del lugar donde aparecieron los primeros jabalíes infectados.
- Un informe del laboratorio de referencia de la UE, CISA‑INIA (Valdeolmos, Madrid), ha determinado que la cepa detectada en el brote pertenece al “grupo genético 29”, muy similar a la variante conocida como Georgia 2007 — una cepa que suele usarse en investigaciones en laboratorio. No concuerda con las cepas actualmente circulantes en Europa (grupos 2–28).
- Ese hallazgo ha cambiado radicalmente el enfoque oficial: la hipótesis de una “fuga accidental de laboratorio” está siendo investigada como posible origen.
Responsabilidad institucional: por qué lo público debe rendir cuentas
Dado este contexto, conviene sacar a la luz algunas cuestiones que con urgencia requieren transparencia, investigación independiente y rendición de cuentas:
- Si la fuga proviene de un laboratorio público o subvencionado, representa una negligencia grave en materia de bioseguridad — con consecuencias directas sobre fauna silvestre, sector porcino, economía y medio ambiente.
- Que un centro de investigación trabaje con cepas peligrosas tan cerca de zonas naturales y entornos urbanos densos, sin aparentemente haber evitado una fuga, pone en entredicho la gestión de riesgos de organismos públicos.
- La movilización policial, la restricción drástica de acceso a la naturaleza, la militarización del territorio pueden ser vistas como medidas sanitarias — pero también constituyen una derivada política: control del espacio, regulación del acceso, redefinición de quién y cómo puede interactuar con la naturaleza. Si no hay claridad sobre el origen, esas medidas adquieren otro significado.
- La población, los movimientos ecologistas y la sociedad civil tienen derecho a exigir transparencia total: protocolo de bioseguridad, auditorías independientes, publicación de secuencias genéticas, responsable legal en caso de negligencia, indemnización a afectados, protección del ecosistema.
Reformulación del enfoque: de crisis sanitaria a crisis de gobernanza
No estamos ante un simple brote de enfermedad animal. Si la hipótesis del laboratorio se confirma —o se mantiene plausible—, estamos ante un escándalo de gobernanza, negligencia, gestión pública y eco-política. Los efectos no serían solo económicos, sino estructurales: biodiversidad, confianza institucional, derechos ciudadanos, relación sociedad–naturaleza.
Una crisis así demanda más que medidas reactivas: exige responsabilidad, cambio estructural, participación ciudadana y escrutinio institucional.
Qué debería exigirse ya — medidas urgentes de transparencia y control
- Investigación independiente, con técnicos externos, Sociedad civil organizada, acceso libre a datos, secuencias genéticas y protocolos de laboratorio.
- Auditoría pública de todos los laboratorios que manipulan PPA u otros virus peligrosos — con especial atención a IRTA-CReSA y centros asociados.
- Evaluación inmediata de riesgos: entorno natural, fauna silvestre, proximidad urbana; posibles impactos ecológicos, sanitarios y sociales.
- Comunicación clara y permanente: ningún bloqueo informativo, publicación de informes preliminares, participación ciudadana en decisiones sobre fauna, espacios naturales, medidas restrictivas.
- Responsabilidad legal: si se demuestra negligencia, debe haber consecuencias legales, indemnización, sanciones, reformas normativas.
Conclusión
El brote de PPA en Catalunya ya no puede interpretarse solo como un accidente sanitario: podría ser la evidencia de una falla sistemática — de protocolos, de control, de decisiones políticas y de negligencia institucional. La reintroducción de la PPA, justo cuando los laboratorios trabajan intensamente con cepas peligrosas, exige una reflexión profunda: ¿qué tan seguras son nuestras instituciones cuando manejan virus letales — aunque no para humanos — tan cerca de poblaciones y entornos naturales?
Este no es solo un problema de cerdos — es un problema de democracia, de gobernanza, de cómo protegemos la naturaleza, de cómo regulamos el poder científico y de cómo rendimos cuentas.
Finalmente, y sin dejar de agradecer la rápida y eficaz intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para cercar está epidemia en una Cataluña, gobernada por el PSC, no podemos dejar de recordar y denunciar la maniobra de este Gobierno dilatando criminalmente su intervención durante la pasada DANA en Valencia gobernada por el PP.
Un Gobierno lo es de todos y para todos, pero ya sabemos los muros que a Sánchez le gusta levantar entre españoles.
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