Cómo Salvador Illa ha convertido la lengua en un arma contra la libertad empresarial continuando con multas lingüísticas.
Resumen Ejecutivo
Este reportaje desgrana, sin rodeos, la escalada de multas lingüísticas en Cataluña impulsadas por Salvador Illa. Desde 2022, los comercios privados viven bajo la amenaza de multas que pueden alcanzar los 10.000 euros simplemente por no usar el catalán en sus rótulos o al atender a un cliente. En 2023, esta estrategia recaudó casi medio millón de euros y disparó la polémica. El Parlamento Europeo ya está mirando con lupa estas prácticas por el evidente choque con las libertades fundamentales. Aquí lo contamos todo, con datos, nombres y consecuencias.
Introducción
Desde que Salvador Illa tomó las riendas de la Generalitat, la política lingüística catalana ha dado un giro aún más restrictivo. No se trata solo de fomentar el uso del catalán, sino de castigar a quien no lo utilice en su negocio. Las cifras hablan por sí solas: Multas lingüísticas de hasta 10.000 euros, casi medio millón recaudado solo en 2023 y un incremento del 283% respecto al año anterior. Lo que se vende como ‘protección de la lengua’ acaba siendo una carga asfixiante para cientos de pequeños comerciantes que, en muchos casos, bastante tienen con sobrevivir.
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La escalada punitiva: números que asustan
En 2023, la Generalitat impuso 261 sanciones que sumaron 496.920 euros. ¿El año anterior? Apenas 68 multas por poco más de 112.000 euros. Es decir, un aumento brutal de más del 280%. Y no quedó ahí. En la primera mitad de 2024 ya iban 206 sanciones y más de 400.000 euros cobrados. Todo apunta a que el récord seguiría creciendo. Lo más llamativo es que estas multas se han convertido en la tercera mayor fuente de ingresos de la Agencia Catalana de Consumo. Una política que, lejos de ser anecdótica, se ha convertido en una auténtica maquinaria recaudatoria.
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“Comerços Aprenents”: control y multas lingüísticas de la mano
Para justificar este control, Illa y su equipo han ideado el plan ‘Comerços Aprenents’. Francesc Xavier Vila, uno de los cerebros del proyecto, lo resumió con un ejemplo que sonaba casi a chiste: “Que no pidas un café con leche y te llegue un café con hielo”. Pero la realidad no es tan simpática. Profesores enviados a los negocios para ‘enseñar’ catalán mientras los inspectores ponen multas. Formación obligada y sanciones, todo en uno. Illa respalda esta estrategia sin complejos: insiste en que la situación del catalán es ‘delicada’ y que no se detendrán.
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Lo que dice Illa: ni disimulo ni medias tintas
Illa ya no esconde sus intenciones. Asegura que ‘la razón está de nuestra parte’ y que luchará hasta lograr la oficialidad del catalán en toda la Unión Europea. Ha llegado incluso a culpar al régimen de oficialidad vigente, a la migración y al inglés del retroceso del catalán. Su mensaje es claro: si hay que sancionar para obligar a usarlo, se sanciona. Este discurso revela un modelo intervencionista donde el Estado se mete hasta en cómo atiendes a un cliente en tu propio negocio.
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Europa toma nota: el Parlamento Europeo interviene
La cosa no se ha quedado en Cataluña. En marzo de 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió abrir un expediente tras la denuncia de Impulso Ciudadano. Y en julio tres juristas especializadas, Magaldi-Mendaña, Law y Spaventa fueron claras ante los eurodiputados: estas sanciones discriminan, violan la libertad de empresa y son totalmente desproporcionadas. Solo la administración, dijeron, puede exigir el uso de una lengua cooficial, pero no los negocios privados.
¿Qué pasa ahora? En otoño de 2025 se redactará un dictamen con posibles recomendaciones. Y aquí es donde se abren varios caminos. Si el Parlamento Europeo lo aprueba, la Comisión Europea podría obligar a España a modificar la normativa catalana. Incluso podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha frenado medidas similares en otros países.
Además, la presión política dentro de la Eurocámara está creciendo. El Grupo Popular Europeo y otros eurodiputados han empezado a hablar de un ‘precedente peligroso’ que podría contagiar a otras regiones. En paralelo, Illa y sus aliados independentistas intentan convertir este debate en un pulso político con Madrid y Bruselas. Si logran ganar tiempo, podrían consolidar aún más estas multas antes de que Europa mueva ficha.
De cara al futuro inmediato, todo depende del equilibrio político en Bruselas. Si hay una mayoría que apueste por defender la libertad empresarial y lingüística, Cataluña tendrá que rectificar. Si, por el contrario, Illa consigue tejer alianzas suficientes, el dictamen podría diluirse en recomendaciones sin consecuencias reales. Lo que está claro es que el tema ya no es local: se ha convertido en un debate europeo sobre hasta dónde puede llegar una región en nombre de la identidad cultural.
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¿Quién paga el pato? Comercios y ciudadanos
Las cifras hablan de nuevo. En 2024 hubo más de 1.200 denuncias lingüísticas. De todas ellas, solo 206 acabaron en sanción, pero eso no alivia a nadie. La multa media ronda los 2.200 euros, aunque puede dispararse hasta 10.000 euros en los casos más graves. Los sectores más golpeados son la hostelería, las farmacias y la sanidad. Lugares donde la atención al público es clave y donde, además, ya sufren bastante presión como para añadir otra capa de burocracia y miedo.
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¿Legal? ¿Proporcional? No tanto
La Generalitat se ampara en la Ley 22/2010 y el Código Catalán de Consumo, que obligan a rotular y atender ‘al menos en catalán’. Pero el Tribunal Constitucional ya dejó claro que imponer el catalán en relaciones privadas es inconstitucional. Y los juristas que intervinieron en Europa insistieron en que estas sanciones chocan de frente con los artículos 3 y 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. No se trata solo de proteger una lengua, sino de no pisotear libertades.
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Reacciones: aplausos y críticas a las multas lingüísticas
Como era de esperar, el Govern de Illa y sus aliados defienden estas medidas como ‘necesarias’ para salvar el catalán. Según su discurso, no es un ataque a nadie, sino una forma de garantizar que la lengua propia de Cataluña no quede relegada a un papel testimonial en la vida pública y económica. ERC y los Comuns han cerrado filas, y entidades como Òmnium y Plataforma per la Llengua siguen alimentando campañas de denuncia masiva, a veces casi como brigadas lingüísticas.
Por el lado contrario, PP, Vox, Impulso Ciudadano y Convivencia Cívica Catalana no se han quedado callados. Denuncian una deriva autoritaria y avisan que esto es solo la punta del iceberg: que, si no se frena, el siguiente paso será extender estas políticas a sectores como sanidad y educación. Y no es paranoia: ya se habla de multas para médicos y profesores que no usen el catalán de forma preferente.
En medio, los comerciantes viven atrapados. Muchos cumplen por miedo, otros recurren las sanciones, pero el desgaste económico y psicológico es evidente. Hay incluso divisiones dentro de la sociedad catalana: quienes ven el catalán como algo a proteger y quienes creen que esta ‘protección’ se ha convertido en pura imposición.
A nivel europeo, cada vez más eurodiputados hablan de este caso como un termómetro de lo que podría pasar en otras regiones con lenguas minoritarias. Si Bruselas no pone un límite claro, abrirá la puerta a que cualquier región con cooficialidad imponga medidas similares. Por eso, el dictamen europeo no será solo sobre Cataluña: será un mensaje para toda la UE.
En definitiva, no es solo un debate sobre lengua. Es una batalla política, cultural y jurídica que trasciende fronteras, y en la que cada movimiento cuenta para sentar un precedente.
Conclusión
Cataluña, bajo Salvador Illa, ha convertido la defensa del catalán en una cruzada punitiva que golpea a pequeños comerciantes y erosiona libertades básicas. No es solo un debate identitario: es una cuestión de derechos. Europa ya ha tomado nota y el dictamen del Parlamento Europeo podría frenar esta deriva. Si no, el precedente será tan peligroso como difícil de revertir.
Fuentes
– ABC, El Debate, OkDiario, Vozpópuli.
– Parlamento Europeo (PETI), intervenciones de Magaldi-Mendaña, Law y Spaventa.
– Declaraciones de Salvador Illa y Francesc Xavier Vila.
– Tribunal Constitucional español y Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
