Durante años, la política migratoria en Europa se ha vendido como un acto de humanidad, progreso y compromiso internacional. Pero lo que no se dice, o se oculta deliberadamente, es el enorme coste económico, social y moral que esta estrategia ha generado, especialmente en España. La acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs) se ha convertido en uno de los mayores fraudes silenciosos del sistema de bienestar, sostenido a costa del contribuyente medio.
La gran mentira del “bienestar” importado
Con la política migratoria, Alemania abrió la puerta a millones de migrantes bajo el pretexto de sostener su sistema de pensiones y mantener su Estado del bienestar. Hoy, esa narrativa se ha desplomado. Berlín ya reconoce que la integración ha fracasado en muchos casos, que el sistema está sobrecargado y que el populismo crece al calor del descontento social. ¿Y España? A ciegas, sigue el mismo camino… solo que con menos recursos y más improvisación.
Niños sin padres, pero con subvenciones de lujo
Los MENAs llegan a España sin padres, sin documentación clara y sin garantías reales de que sean menores de edad. Sin embargo, reciben una acogida que ya quisiera cualquier joven español en situación de vulnerabilidad.
¿Sabías que mantener a un solo MENA cuesta entre 4.000 y 7.000 euros al mes, dependiendo de la comunidad autónoma? En Madrid, algunos informes sitúan el gasto en casi 7.000 € por menor al mes. En la Comunidad Valenciana, 100.000 euros diarios para acogerlos. Y en Cataluña, unos 4.000 € mensuales por cada uno.
Mientras tanto, las familias españolas luchan para llegar a fin de mes, la natalidad se desploma y el acceso a ayudas sociales para nuestros propios ciudadanos se convierte en una carrera de obstáculos burocráticos.
Un agujero negro de dinero público: 80 millones al mes
En 2023, España tenía unos 15.000 MENAs bajo tutela estatal. Multiplica:
- 15.000 × 4.350 € al mes = 65,25 millones de euros al mes.
Y si tomamos la horquilla alta:
- 15.000 × 5.333 € = 80 millones de euros mensuales.
O lo que es lo mismo: 960 millones de euros al año solo para mantener a menores extranjeros que, en muchos casos, ni siquiera tienen una edad verificada ni vínculos familiares conocidos. Y esto sin contar los gastos en sanidad, educación especial, traductores, seguridad o reubicación.
¿Y las familias? ¿Y los derechos de los padres?
El discurso buenista que justifica la tutela estatal olvida un principio básico de ética: los niños deben estar con sus padres. Separarlos de sus progenitores, ocultar su paradero o institucionalizarlos sin trazabilidad es, en cualquier otro contexto, un secuestro administrativo.
¿Dónde está el “interés superior del menor”? ¿En meterlo en un centro de tutela con 200 desconocidos y sin contacto con su familia real? La ideología ha pisoteado los derechos más básicos de los propios niños y ha convertido sus historias en cifras para justificar presupuestos.
Una bomba política disfrazada de solidaridad
Autonomías como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana denuncian que el Gobierno central impone cuotas de acogida sin dar recursos suficientes. El sistema ya está saturado. Y lo que antes se llamaba “solidaridad interterritorial” ahora se parece más a un chantaje encubierto: o aceptas MENAs, o te recortamos otras partidas.
Con la política migratoria Alemania despertó. ¿Cuándo lo hará España?
El modelo alemán, al que tanto se quiso imitar, ha demostrado que el «sueño multicultural» sin reglas claras y sin límites financieros termina siendo una pesadilla. Alemania ya endurece leyes, reduce prestaciones y admite que la acogida masiva fue, en gran parte, un error.
España aún no. Aquí seguimos financiando un sistema opaco, ideologizado y profundamente injusto… mientras nuestros mayores reciben pensiones congeladas, nuestras madres no encuentran plazas en guarderías públicas y nuestros jóvenes emigran para encontrar futuro.
Conclusión: El español paga, el sistema calla y la estafa continúa con esta política migratoria
La acogida de menores extranjeros no acompañados debería regirse por criterios éticos, legales y familiares. No por cuotas políticas ni intereses partidistas. La unidad familiar es sagrada. El dinero público, también.
Ya es hora de que los españoles despierten, exijan transparencia y recuperen el control sobre su Estado del bienestar. Porque si no se hace ahora, será demasiado tarde. Y será tarde porque la orgullosa cultura e identidad de todo el pueblo español costó siglos en construirse y, en apenas dos generaciones la están destruyendo.
La ley de Ruanda, el caso más drástico de cómo Europa endurece la política migratoria
«Por los cuatro costados, Europa endurece sus políticas migratorias y se blinda a las llegadas».
