Adamuz (Córdoba) —que ha costado al menos 43 vidas y decenas de heridos— expone con crudeza una verdad que muchos sectores venían advirtiendo: la preparación técnica y capacidad resolutiva de quienes ocupan los máximos Cargos públicos en España está profundamente desconectada de las exigencias reales de gestión de infraestructuras críticas y crisis técnicas.
La realidad tras el accidente de Adamuz
No se trata de una crítica partidista, sino de una evaluación basada en hechos y situaciones ampliamente documentadas: cuando la vida de ciudadanos depende de decisiones inteligentes, rápidas y técnicamente fundamentadas, nuestros líderes ofrecen respuestas políticas antes que respuestas técnicas eficaces.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es licenciado y Doctor en economía, con una carrera política consolidada. Sin embargo, su formación académica y experiencia profesional no se traducen automáticamente en competencias para gestionar, entender o responder técnicamente a fallos complejos en infraestructuras físicas como las redes ferroviarias. Sectores del debate público han cuestionado incluso la integridad académica de su tesis doctoral, aunque los análisis antiplagio más reconocidos —como los realizados con los programas Turnitin y PlagScan— concluyeron que no contenía plagios significativos y que estaba dentro de los parámetros habituales de coincidencia textual, entre un 13 % y 14 % con otros trabajos, lo cual en contextos académicos no constituye plagio de por sí. El propio Gobierno defendió que la tesis había pasado los análisis antiplagio y fue publicada para disipar dudas.
No obstante, la polémica sobre la calidad y métodos del trabajo académico —con acusaciones de medios y críticas de la oposición sobre citas y coincidencias en la tesis— ha sido un foco recurrente de debate que revela tensiones sobre la credibilidad académica de quienes nos gobiernan, aunque académicamente esos señalamientos no hayan sido respaldados por decisiones judiciales o académicas definitivas.
Por su parte, el Ministro de Transportes —titular del departamento directamente responsable del sistema ferroviario— no cuenta con formación técnica en ingeniería civil, estructuras o gestión de activos críticos de transporte. Su carrera se ha desarrollado principalmente en la política local y en el ámbito jurídico, lo cual, sin desmerecer su trayectoria, no garantiza competencias técnicas para gestionar redes ferroviarias, evaluar riesgos estructurales o dirigir con criterio técnico una crisis como la de Adamuz.
La consecuencia de estas brechas se ve agravada por la manera en que se toman decisiones administrativas en ámbitos donde el error puede costar vidas humanas. Durante los últimos años, múltiples colectivos de trabajadores ferroviarios, maquinistas y sindicatos han alertado de fallos en el mantenimiento de la infraestructura convencional y en la adaptación técnica de vías y túneles para el material rodante moderno, mencionando que líneas renovadas aún presentaban irregularidades que los trenes “sentían” como golpes o vibraciones —precisamente en puntos que no deberían generar esas sensaciones a alta velocidad— antes de que ocurriera la tragedia. Estos no son simples rumores: son testimonios directos de profesionales con experiencia operativa que vienen advirtiendo de problemas estructurales sin recibir antes respuestas institucionales contundentes.
Este tipo de desconexión entre la toma de decisiones políticas y la evidencia técnica es más que un fallo administrativo: es un riesgo para la seguridad colectiva. Cuando se prioriza la negociación política, la comunicación estratégica o el posicionamiento partidista sobre la competencia técnica y la gestión de riesgos, los resultados pueden ser trágicos.
Lo sucedido con el accidente de Adamuz debe ser una llamada de atención al conjunto de la clase política: no basta con gestionar imágenes, discursos o encuestas. La gestión pública, y en particular la que afecta directamente a la vida de millones de ciudadanos, requiere dirigentes capaces de:
- Interpretar y usar datos técnicos en la toma de decisiones operativas.
- Entender los sistemas que gobiernan y no delegar ciegamente en asesores sin capacidad de supervisión efectiva.
- Actuar con criterios técnicos demostrables, no con intuiciones políticas o cálculos mediáticos.
La sociedad española merece dirigentes que combinen una sólida formación técnica con habilidades políticas. El accidente de Adamuz no solo es una tragedia humana, sino un testimonio de la urgente necesidad de reformar cómo se nombran, evalúan y responsabilizan nuestros dirigentes. Porque cuando un tren descarrila, ya no bastan excusas ni explicaciones: se necesita competencia, transparencia y responsabilidad real.
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