España no se encamina hacia una crisis: ya está instalada en ella. Y no es una crisis coyuntural, sino existencial. Como explican Alejandro Macarrón y Miguel Platón en Los últimos españoles, nuestro país ha entrado en una dinámica de suicidio demográfico sin precedentes: con una fecundidad de 1,09 hijos por mujer nacida en España, cada nueva generación será prácticamente la mitad de numerosa que la anterior. El resultado es matemático, no ideológico: España se apaga por falta de españoles.
Ante este colapso silencioso, el debate público ha optado por la evasión. En lugar de afrontar las causas profundas de la infranatalidad —morales, culturales y estructurales—, se ha recurrido a una huida hacia adelante: la inmigración masiva como parche demográfico. Hoy, cerca de doce millones de residentes en España son de origen extranjero, una cifra que crece mientras desaparecen millones de jóvenes españoles en edad fértil.
El problema no es la inmigración en sí. Como recuerdan los autores, los inmigrantes son personas, la mayoría honradas, y muchas desempeñan trabajos necesarios. El problema es convertir la inmigración masiva y de bajo nivel de renta en sustituto de una población que ha renunciado a reproducirse, y hacerlo además sin planificación, sin exigencia de integración real y sin un cálculo honesto de costes.
Regularizar de golpe a cientos de miles de extranjeros en situación irregular, como pretende el Gobierno, no es una política social: es una irresponsabilidad económica y cultural. En un país envejecido, con servicios públicos al límite, pensiones tensionadas y una presión fiscal creciente, incorporar masivamente población con baja contribución fiscal inicial supone más gasto estructural, más dependencia del Estado y más fragilidad social. No se trata de prejuicios, sino de aritmética presupuestaria.
A ello se suman los choques culturales que ya se observan en determinados entornos, especialmente cuando la integración se da por supuesta en lugar de exigirse. Negar estos conflictos no los hace desaparecer; solo impide gestionarlos. La cohesión social no es automática, y menos aún cuando se produce una sustitución demográfica acelerada.
Mientras tanto, se evita el verdadero debate: por qué los españoles no tienen hijos. No es por falta de riqueza —las sociedades más prósperas son las más infecundas—, sino por un modelo cultural que ha erosionado el matrimonio estable, trivializado la paternidad y convertido la vida en un proyecto individual sin vínculos duraderos. El resultado es una sociedad envejecida, sola y cada vez más pobre, no solo en términos económicos, sino humanos.
Insistir únicamente en la contención migratoria también sería un error. Pero usar la inmigración como anestesia para no abordar el colapso moral y demográfico propio es todavía peor. Sin un giro cultural profundo —favorable a la familia, al matrimonio y a la natalidad—, España no se regenerará. Solo se transformará en otra cosa, sin haberlo decidido conscientemente.
La demografía es destino. Y hoy, el destino de España se está decidiendo por omisión, cobardía política y negación de la realidad.
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