La regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular no es un gesto aislado ni inocente: es un acelerador de procesos que otros países europeos ya están pagando muy caro.
Europa no se derrumba de golpe. Se descompone lentamente. Primero fallan los controles, luego la integración, después la Ley deja de aplicarse con la misma firmeza en todos los territorios, y finalmente el Estado pierde autoridad moral y práctica sobre partes crecientes de su población. España está entrando en esa fase.
Índice
1. El fracaso europeo que nadie quiere mirar
En Francia, Bélgica, Suecia, Alemania o los Países Bajos, el debate ya no es si la inmigración masiva fue un error, sino cómo gestionar sus consecuencias. No se trata de propaganda:
- Aumento sostenido de zonas con escasa cooperación con la policía.
- Economías paralelas, trabajo informal y redes clientelares.
- Escuelas donde el idioma nacional es minoritario.
- Autoridades que evitan aplicar la ley por miedo a disturbios.
Los propios gobiernos europeos reconocen hoy fallos graves de integración, hasta el punto de endurecer leyes migratorias, restringir reagrupaciones familiares y reforzar expulsiones. España hace exactamente lo contrario, cuando parte con una economía más débil, salarios más bajos y servicios públicos ya tensionados.
2. No es “sharía”, es algo igual de grave: ausencia del Estado
No hace falta exagerar ni inventar. El problema no es que Europa esté oficialmente gobernada por leyes religiosas, sino algo más peligroso: la retirada práctica del Estado en determinados entornos.
Cuando:
- La ley se aplica con distinto rigor según el barrio.
- La policía entra con cautela política.
- Los conflictos se resuelven fuera de los cauces institucionales.
entonces la igualdad ante la ley deja de existir, que es la base misma de una democracia liberal.
España, con esta regularización masiva sin exigencias firmes de idioma, empleo estable o integración cívica, camina hacia ese escenario.
3. El coste real lo paga siempre el mismo
El discurso oficial habla de humanidad y derechos, pero silencia sistemáticamente la factura, que no pagan los ministros ni los ideólogos, sino:
- Trabajadores con sueldos bajos que compiten por vivienda y empleo.
- Autónomos asfixiados por impuestos crecientes.
- Barrios obreros donde se concentran los impactos sociales.
- Servicios públicos que se degradan para todos.
No es xenofobia decir que un Estado del bienestar no es infinito. Cada nueva regularización masiva, sin planificación ni límites, diluye recursos, reduce calidad y aumenta tensiones.
4. La gran mentira: “ya están aquí, regularizarlos es la única opción”
Esta es la coartada perfecta. Pero regularizar sin consecuencias para la ilegalidad previa envía un mensaje claro dentro y fuera del país: entrar irregularmente acaba saliendo rentable.
Eso no es solidaridad. Es irresponsabilidad política.
Por eso países más serios —con más recursos que España— han cerrado esa vía o la han limitado severamente. Han aprendido por las malas.
5. El problema cultural que nadie se atreve a nombrar
No todas las culturas tienen la misma relación con:
- La igualdad entre hombres y mujeres.
- La libertad de expresión.
- La primacía de la ley civil.
- La separación entre religión y Estado.
Negarlo no es tolerancia; es ceguera ideológica.?La integración no ocurre sola. Requiere exigencias, límites y una cultura anfitriona fuerte. España hoy no ofrece ninguna de las tres.
Conclusión: no es alarmismo, es observación
El futuro no es oscuro porque alguien lo desee. Es oscuro porque se repiten errores conocidos, ignorando las advertencias de países que ya han recorrido ese camino.
España no necesita más gestos simbólicos ni regularizaciones masivas. Necesita ley, control, exigencia y cohesión. Todo lo demás no es humanidad.
Es rendición lenta «y una peligrosa compra de votos para mantener a un Gobierno irresponsable en el Poder».
