El pacto del fugitivo es un giro que ha dejado perplejos a muchos sectores políticos y ciudadanos, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha delegado en Salvador Illa —Presidente de la Generalitat y figura clave del PSC— la misión de reunirse en Bruselas con Carles Puigdemont, expresidente catalán y prófugo de la justicia española desde 2017.
El encuentro, celebrado en la sede de la Generalitat en la capital belga, ha sido interpretado por la oposición como una humillación institucional y una cesión sin precedentes ante el independentismo.
El pacto del fugitivo que lo cambia todo
Salvador Illa, quien hasta hace poco rechazaba cualquier contacto con Puigdemont, ha dado un giro histórico en su postura.
La reunión, que se ha desarrollado sin símbolos oficiales ni declaraciones públicas al inicio, marca un punto de inflexión en la estrategia del PSOE: normalizar al líder de Junts como interlocutor político válido, pese a que sigue siendo reclamado por la justicia española por delitos de malversación y desobediencia.
Aunque el Gobierno insiste en que no se habló de los Presupuestos Generales del Estado.
El contexto político sugiere lo contrario. Sánchez necesita el apoyo de Junts para mantenerse en el Poder, y los siete escaños que controla Puigdemont son decisivos para aprobar los presupuestos y evitar un adelanto electoral.
¿Negociar para evitar la cárcel?
El pacto del fugitivo ha sido interpretado por algunos analistas como un intento desesperado de blindarse Sánchez políticamente. El entorno del Presidente ha sido salpicado por investigaciones judiciales, como el caso de Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE—, quien fue clave en las negociaciones con Junts y hoy enfrenta cargos graves mas todos los casos ver fuente nº 6 de todos los casos que rodean al presidente ver enlace.
La estrategia parece clara: mantener el Poder a toda costa, incluso si eso implica rehabilitar institucionalmente a un prófugo y ceder en cuestiones que afectan a la unidad del Estado.
La amnistía como moneda de cambio
La Ley de Amnistía, aprobada recientemente por el Tribunal Constitucional, sigue sin aplicarse a Puigdemont, pero el gesto de Illa abre la puerta a una futura aplicación que podría permitir su regreso a España sin consecuencias penales:
- Esta posibilidad ha encendido las alarmas en sectores judiciales, constitucionalistas y en la oposición, que acusan al Presidente de “vender España” para mantenerse en el cargo.
Conclusión
Pedro Sánchez con el pacto del fugitivo ha cruzado una línea que muchos consideraban infranqueable. La institucionalización del diálogo con un prófugo, el uso de la amnistía como herramienta política y la delegación de negociaciones clave en figuras como Illa, dibujan un panorama inquietante. No se trata solo de una estrategia de supervivencia política, sino de una transformación profunda del marco constitucional español.
La pregunta que queda en el aire es:
¿Cuánto más está dispuesto a ceder el Presidente para evitar que el Poder se le escape de las manos?
