El crimen de borrar la memoria: cuando el Estado abandona a las víctimas
El Ministerio de Igualdad ha perdido todos los datos sobre órdenes de alejamiento dictadas antes de marzo de 2024. No es una errata. No es un fallo menor. Es la desaparición de información vital que protegía a miles de personas en situación de riesgo. Esta catástrofe digital, provocada por una migración fallida entre proveedores tecnológicos, ha dejado a las víctimas sin respaldo judicial, sin protección efectiva y sin memoria legal.
La adjudicación del nuevo sistema, valorado en 42,6 millones de euros y otorgado a una UTE formada por Vodafone y Securitas, ha generado un vacío probatorio que impide a los tribunales formular acusaciones por quebrantamiento de medidas cautelares. Las víctimas pierden juicios, los agresores se benefician de la chapuza, y el Estado se convierte en cómplice por omisión.
No es un error técnico. Es una traición institucional
- ¿Cómo puede un Ministerio cuya razón de ser es la defensa de los derechos y la seguridad permitir semejante vacío?
- ¿Dónde están las responsabilidades políticas, las dimisiones, las explicaciones públicas?
- ¿O acaso la memoria de las víctimas es tan prescindible como los datos que ahora yacen en el limbo?
Este episodio no es aislado. Es el síntoma de una cultura política que gestiona los derechos como eslogan, pero no como prioridad. Mientras los cables se rompen y los discos duros se apagan, se apaga también la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La amnesia del Estado
La desaparición de estos registros no es solo un fallo informático. Es la evaporación de la memoria institucional sobre uno de los pilares de la protección judicial. Se han perdido documentos que registraban denuncias, amenazas, agresiones. Se ha borrado el rastro legal que protegía a personas vulnerables. Y lo ha hecho un ministerio que, paradójicamente, lleva el nombre de “Igualdad”.
La desprotección no es solo jurídica, es simbólica. Cuando el Estado borra los datos, borra también el reconocimiento de las víctimas, su historia, su derecho a ser protegidas. Y lo hace desde una institución que debería ser garante, no verdugo.
La igualdad como fachada
El Ministerio de Igualdad se ha convertido en un agujero negro de irresponsabilidad. Los dispositivos actuales, de baja calidad, permiten a los agresores quitarse las pulseras y falsear su ubicación. Las víctimas reciben alertas falsas, se revictimizan, y muchas optan por apagar voluntariamente sus dispositivos ante el caos del sistema.
Este tipo de negligencia revela una política que invierte en campañas publicitarias, pero no en sistemas robustos. Que habla de igualdad institucional mientras permite que se pierdan los datos que sustentan la protección real. Los derechos no se defienden con discursos, sino con estructuras sólidas, con voluntad política, con responsabilidad.
Plataforma por la España Constitucional e iniciativa2028.es como contrapeso
Ante este atropello, la Sociedad Civil no puede permanecer indiferente. Asociaciones como Plataforma por una España Constitucional e Iniciativa2028.es deben asumir el papel que el Estado ha abandonado:
- El de vigilantes del Poder.
- Fiscalizadores del mal hacer.
- Guardianes de la memoria.
No basta con indignarse. Hay que organizarse, exigir transparencia, reclamar auditorías públicas y construir mecanismos de control ciudadano que impidan que la memoria de las víctimas se borre por decreto o por descuido.
Es hora de exigir responsabilidades. De pedir dimisiones. De movilizar a la sociedad civil para que ningún dato, ninguna víctima y ninguna verdad se pierda en el limbo digital de un ministerio incapaz.
Porque cuando el Estado olvida, la sociedad debe recordar. Y cuando el Poder falla, la ciudadanía debe actuar.
El Gobierno pierde todos los datos sobre órdenes de alejamiento dictadas antes de marzo de 2024
«El cambio de proveedor del Ministerio de Igualdad en el sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento ha generado un vacío informativo que compromete los procesos judiciales contra maltratadores»…
