El artículo analiza el dictamen del Consejo de Estado sobre la política de inmigración impulsada por el Gobierno, especialmente en relación con el plan de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular. Este órgano consultivo no rechaza la medida en su conjunto, pero sí introduce importantes objeciones técnicas y jurídicas que cuestionan aspectos clave del procedimiento.
Entre las principales críticas, el Consejo de Estado advierte de la falta de garantías suficientes en la verificación de antecedentes penales. Considera problemático permitir que los solicitantes puedan sustituir certificados oficiales por declaraciones responsables, lo que podría comprometer la seguridad jurídica del proceso. Además, señala que el procedimiento debería suspenderse si no se dispone de información fiable sobre el historial del solicitante.
También cuestiona algunas excepciones previstas en el decreto, al entender que pueden resultar difíciles de comprobar o generar inseguridad en su aplicación. Asimismo, expresa dudas sobre la validez de ciertos documentos utilizados para acreditar la permanencia en España, como aquellos que están caducados.
Otro punto relevante es la complejidad operativa del proceso, que podría afectar a cientos de miles de personas. El Consejo de Estado advierte de las dificultades administrativas y logísticas que implicaría gestionar un volumen tan elevado de solicitudes, recomendando limitar el papel de entidades externas a funciones estrictamente documentales.
El Consejo de Estado cuestiona la política de inmigración del Gobierno
«El Consejo de Estado acaba de emitir su dictamen sobre el Real Decreto que pretende modificar el Reglamento de Extranjería para llevar a cabo la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular en España»…
