Cinco reformas clave que protegen al Poder, debilitan a los Jueces y borran pruebas incómodas.
En política, la legislación no siempre busca el bien común. A veces cada vez más parece escrita para proteger a unos pocos, blindar pactos frágiles o silenciar a los incómodos. En esta legislatura, el PSOE de Pedro Sánchez ha demostrado que, si hay algo más útil que un escaño, es un buen BOE. Y si se puede usar para proteger a los tuyos, mejor. Aquí van cinco leyes (y una sentencia clave) que, lejos de servir al interés general, han terminado favoreciendo al entorno del presidente, debilitando instituciones clave o rompiendo el tablero judicial. Todo perfectamente legal. Y perfectamente conveniente.
1. La “Ley Begoña”: cuando la Fiscalía es tu amiga
La causa contra Begoña Gómez, esposa del Presidente, no necesita portada. Basta una palabra clave: “tráfico de influencias”. Aunque la investigación sigue en curso, el Congreso ha acelerado una reforma procesal que, de forma indirecta pero evidente, la beneficia.
La reforma (registrada como proposición de ley por el PSOE y Sumar, no por el Gobierno para evitar informes previos) elimina la posibilidad de que la acusación popular actúe sin el respaldo del fiscal. Es decir: si el fiscal (nombrado por el Ejecutivo) no lo ve claro, la acusación ciudadana no puede hacer nada. ¿Y quién archivó la denuncia contra Begoña Gómez sin investigar siquiera? Exacto: la Fiscalía.
2. Ley Bolaños: la UCO, bajo control
Mientras la UCO sacaba a la luz escándalos que salpicaban a miembros del PSOE y al entorno del propio Sánchez, desde el Ministerio de Presidencia y Justicia, liderado por Félix Bolaños, se cocinaba una reforma que cambia las reglas del juego para los investigadores.
La futura Ley plantea que todas las actuaciones policiales en causas penales queden bajo mando de la Fiscalía. ¿Qué implica? Que ya no será el juez quien pida a la UCO investigar, sino que todo pase por el Ministerio Fiscal, que depende jerárquicamente del Fiscal General… nombrado por el Gobierno.
3. La Ley de amnistía: indulto con fecha y nombre
La Ley Orgánica 1/2024, conocida como la “Ley de amnistía”, borra de un plumazo todos los delitos vinculados al procés desde 2011. Golpes institucionales, desobediencias, malversaciones… Todo fuera.
¿A quién beneficia? A Puigdemont, Junqueras, Rovira, decenas de cargos medios y a los aliados parlamentarios que Sánchez necesitaba para gobernar. ¿Es constitucional? Según el Tribunal Constitucional, sí. Según muchos juristas, no tanto.
4. Conde-Pumpido: la última llave
Cándido Conde-Pumpido no es una Ley, pero actúa como si lo fuera. Como presidente del Tribunal Constitucional, ha sido el principal artífice de que la ley de amnistía fuera considerada constitucional. Su voto y el de la mayoría progresista tumbó los recursos de PP, Vox y otros grupos que alertaban del riesgo institucional.
Pumpido, ex Fiscal General del Estado con Zapatero, ha impulsado una interpretación flexible de la Constitución que, casualmente, coincide con los intereses del Gobierno.
5. Ley Koldo: blindaje para silenciar pruebas
El Gobierno impulsa ahora lo que ya se conoce como la “Ley Koldo”, una norma que busca invalidar las grabaciones telefónicas como las del caso Koldo cuando se consideren una “intromisión ilegítima”.
La norma surge tras el informe de la UCO sobre cobros de comisiones en adjudicaciones públicas que implica a altos cargos socialistas. La ley pretende considerar ilegítimas las escuchas si no hay autorización expresa o si afectan a la vida íntima. ¿Casualidad? Una vez más, no parece.
Conclusión: el BOE al servicio del Poder
Cinco normas, una mayoría parlamentaria y un tribunal fiel. Esa es la receta de esta legislatura. La política ha dejado de ser el arte de lo posible para convertirse en el arte de lo conveniente. Si molesta un juez, se le aparta. Si una investigación incomoda, se reforma. Si un aliado político necesita inmunidad, se legisla.
¿Legal? Sí. ¿Legítimo? Depende de a quién preguntes. Pero una cosa es segura: mientras la ley sea un traje a medida, no habrá igualdad ante ella.
