Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hacer lo que mejor se le da: decir en voz alta lo que otros apenas se atreven a susurrar.
Tras la condena al Fiscal General del Estado, Ayuso no se limita al titular judicial, sino que convierte ese hecho en un símbolo de la deriva institucional que denuncia desde hace meses. No se corta. Habla de “atropello peligroso”, de un Estado de Derecho que sobrevive pese a quienes deberían defenderlo y de un Gobierno decidido a pasar por encima de cualquier límite.
El discurso de Ayuso no es técnico, es político y personal. Apunta sin rodeos a Pedro Sánchez como responsable directo de un sistema donde, según ella, el poder se utiliza para proteger a los suyos y silenciar a quien molesta. La condena del Fiscal no es una anécdota: es el reflejo de un modelo de Gobierno que, lejos de corregirse, se enroca y ataca a quienes investigan, denuncian o simplemente no obedecen.
Ayuso pone el foco en la vulnerabilidad del ciudadano frente a un Estado que debería proteger y acaba amenazando. Y lo dice con la crudeza que la caracteriza: si pueden ir a por uno, pueden ir a por cualquiera. Por eso, subraya la importancia de que la Justicia haya reaccionado, aunque no deja lugar a la autocomplacencia. Aquí nadie sale ganando; lo que está en juego es la confianza misma en las Instituciones.
Donde otros ven un caso aislado, Ayuso ve el síntoma de un sistema enfermo.
Habla claro de separación de poderes quebrada, de maniobras desde Moncloa para controlar la justicia, de una abogacía del Estado convertida en herramienta política. No hay matices. No hay paños calientes. El mensaje es que España ha cruzado una línea peligrosa y que el problema no es solo de partidos, sino de salud democrática.
Con su intervención, Ayuso se coloca en el centro del debate nacional, retando al sanchismo y señalando un camino de regreso a la normalidad institucional que, según su diagnóstico, solo es posible si se acaba con los abusos de poder y la impunidad desde arriba.
Ayuso noquea al Sanchismo
