La reciente publicación del libro Inocentes: «Las otras víctimas de ETA» de Juan José Mateos — guardia civil retirado tras un atentado de ETA en 1996— reabre una herida que nunca cerró del todo: la integración de antiguos miembros de la banda terrorista en Instituciones públicas clave, especialmente en el sistema educativo vasco y navarro. Pero más allá de la denuncia concreta, el fenómeno plantea una pregunta incómoda: ¿por qué una parte de la Sociedad Civil elige, tolera o incluso legitima a individuos con pasado terrorista para ocupar cargos Institucionales?
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La banalización del mal y la erosión de la memoria
Mateos denuncia que “es incalculable el número de etarras integrados en la educación pública vasca” y que muchos de ellos “fueron colocados cerca de las nuevas generaciones para que su relato tergiversado siga calando”. Esta afirmación apunta a un proceso de normalización del pasado violento, donde el paso del tiempo, la falta de justicia efectiva y la ausencia de una narrativa común sobre el daño causado han permitido que los verdugos se reciclen como referentes sociales. La memoria de las víctimas se diluye, y con ella, la gravedad de los crímenes.
El relato como campo de batalla
La batalla por el relato ha sido una estrategia central del entorno de ETA tras su disolución. La ley vasca 12/2016, que reconoce a víctimas de “vulneraciones de derechos humanos” sin distinguir entre verdugos y víctimas, ha contribuido a una confusión moral que favorece la reinserción simbólica de los ex terroristas. En palabras de Mateos, “les regalaron sus diplomaturas”, mientras a las víctimas se les niegan pensiones y reconocimiento. Esta inversión de roles erosiona el consenso democrático sobre lo inaceptable.
El miedo, la resignación y la ingeniería institucional
En muchos municipios del País Vasco y Navarra, el miedo no desapareció con el cese de la violencia. Persisten redes de poder, silencios impuestos y una cultura de impunidad que disuade la denuncia. La ocupación institucional por parte de antiguos etarras no es solo una anomalía: es el resultado de una estrategia de largo plazo para colonizar el aparato público desde dentro. La Sociedad Civil, fragmentada y desmovilizada, a menudo opta por la resignación o el pragmatismo electoral.
La Democracia sin memoria es rehén del cinismo
El caso de Jagoba Álvarez Ereño, ex director de Derechos Humanos y Memoria del Gobierno Vasco, cesado en 2024, ilustra la tensión entre el deber institucional de apoyar a las víctimas y la presión política para blanquear a los victimarios. Cuando la Democracia no se blinda con memoria, se convierte en un terreno fértil para el cinismo: se vota no por convicción, sino por cálculo, por hartazgo o por olvido.
Conclusión
La elección de individuos con pasado terrorista para cargos públicos no es un accidente: es el síntoma de una sociedad que no ha sabido —o no ha querido— metabolizar su pasado violento. Inocentes no solo denuncia esta realidad, sino que interpela a una ciudadanía que, al mirar hacia otro lado, se convierte en cómplice de una segunda victimización: la del olvido.
Fuentes
Artículo de El Mundo sobre el libro Inocentes de Juan José Mateos
