El texto constituye una recopilación de artículos, análisis y denuncias del autor, Guillermo Rocafort, acerca de lo que denomina pucherazos electorales en España (elecciones generales de 2023) y en otros países como Estados Unidos (2020), Venezuela, Angola o República Dominicana.
Pucherazos electorales
El autor sostiene que existen graves deficiencias estructurales en los procesos electorales gestionados por la empresa tecnológica INDRA, a la que acusa de monopolio, opacidad y participación directa en manipulaciones de resultados en distintos países.
Rocafort afirma que el sistema electoral español presenta vulnerabilidades que comprometen su integridad, señalando especialmente la dependencia del escrutinio provisional realizado por INDRA, la ausencia de supervisión efectiva de la administración electoral, la falta de publicación inmediata de resultados por mesa y colegio, y la no realización correcta de los escrutinios generales por parte de las Juntas Electorales Provinciales.
El autor sostiene que el Defensor del Pueblo, en sus respuestas oficiales, reconoce deficiencias importantes como la ausencia de supervisión del escrutinio provisional y la celebración de elecciones en pleno verano, aspectos que, según Rocafort, contribuirían a un “pucherazo híbrido».
También denuncia la negativa de varios ministerios a entregar documentación sobre auditorías, planes de contingencia, fallos de sistemas y circulares sobre nacionalizaciones tramitadas en el extranjero, lo que interpreta como una estrategia gubernamental para ocultar posibles irregularidades.
Asimismo, analiza informes de organismos internacionales como la OSCE, la Comisión de Venecia y la OEA, argumentando que España incumple múltiples recomendaciones esenciales para garantizar elecciones libres y transparentes. Sostiene que los estándares internacionales sobre transparencia, transmisión de datos, voto por correo y supervisión independiente no se cumplen en España y que, de aplicarse los mismos criterios que estos organismos utilizan en otros países, las elecciones españolas no serían validadas.
El conjunto del texto presenta una acusación global contra el Gobierno, INDRA y diversos organismos públicos, señalando una deriva hacia una “autocracia electoral” en España.
